Por Federico Türpe
16 Noviembre 2013
Primero les dieron el edificio del ex Mercado Persia, hace casi 20 años, con la promesa de que los vendedores ambulantes desalojarían el microcentro. Se trata de un edificio valuado en millones de dólares, con una ubicación comercial de lujo, con ingreso por Junín al 200 y salida por Salta a la misma altura. Lo único que consiguieron fue duplicar los puestos de venta ambulante. Los vendedores ocuparon los nuevos lugares en el Persia y mantuvieron las mesitas que tenían en las calles, ahora a cargo de algún familiar o socio.
Después la Municipalidad les cedió casi una manzana en El Bajo, donde funcionaba la ex Terminal de Ómnibus. Un espacio público cuyo valor es incalculable. Otra vez, bajo juramento de abandonar las calles. Allí se instalaron unos 300 nuevos puestos de venta callejera, que pasaron a engrosar la lista de los más de 200 ya existentes en el Persia y a los cerca de 500 del microcentro que, como se sabe, nunca se fueron.
Luego el municipio les entregó dos cuadras, en avenida Sáenz Peña al 100 y al 200. La historia volvió a repetirse. Más tarde, unos 120 puesteros ocuparon el edificio de la ex estación ferroviaria El Provincial, y también la acera del parque contiguo, en avenida Roca al 500 y al 600, a sólo nueve cuadras de la plaza Independencia. Luego fueron desalojados.
Hoy son miles y según el último relevamiento realizado por la Federación Económica de Tucumán el número sigue aumentando. Sólo entre octubre de 2012 y julio de 2013 el número de ambulantes en las calles creció el 41%.
Pasadas las elecciones, donde José Alperovich y Domingo Amaya perdieron en la capital, el gobernador volvió a prometer que desalojará a los vendedores del microcentro (sobre este tema lleva, en promedio, una promesa por año, desde que asumió, hace una década). Fue un tiro a dos frentes. Por un lado, fue un gesto de Alperovich hacia la clase media que comenzó a darle la espalda, cansada de los compromisos incumplidos, y ante un escenario donde hoy claramente el alperovichismo pierde la intendencia de la ciudad más importante. Por otro lado, fue un mensaje para el intendente, hoy convertido en un adversario y a quien el gobernador quiere sepultar.
Aunque se trata, en los libros, de un avasallamiento de la provincia por sobre la jurisdicción municipal -algo que a Alperovich nunca le importó- lo cierto es que la venta ambulante involucra a los tres poderes del Estado y no se circunscribe sólo al ejido municipal.
Detrás de los vendedores ambulantes hay grandes mayoristas del comercio ilegal y el contrabando que el Estado no persigue ni controla. Desde mercadería trucha que se fabrica en galpones clandestinos hasta copias piratas de música y películas o ropa, juguetes y electrodomésticos cruzados clandestinamente por las fronteras del norte o traídos desde Buenos Aires.
¿Por qué no se ataca a los peces gordos que evaden, trafican, contrabandean, emplean en negro y violan todas las leyes? ¿Por qué no se investiga la cadena de favores que hasta los funcionarios reconocen que existe? ¿Por qué la Justicia, si ordenó hace siete años desalojar las calles y veredas del centro, no hace cumplir su propio fallo?
Ahora el gobierno les propuso a los ambulantes que vuelvan a ocupar el edificio de la ex estación El Provincial. Un inmueble abandonado pero de enorme valor histórico y urbanístico (fue construido en 1889). A esta altura, es evidente que se pretende seguir multiplicando el número de vendedores y de lugares de venta ilegal, públicos y privados, porque es un enorme negocio que no paga impuestos, emplea en negro y ocupa gratuitamente puntos comerciales estratégicos.
Después la Municipalidad les cedió casi una manzana en El Bajo, donde funcionaba la ex Terminal de Ómnibus. Un espacio público cuyo valor es incalculable. Otra vez, bajo juramento de abandonar las calles. Allí se instalaron unos 300 nuevos puestos de venta callejera, que pasaron a engrosar la lista de los más de 200 ya existentes en el Persia y a los cerca de 500 del microcentro que, como se sabe, nunca se fueron.
Luego el municipio les entregó dos cuadras, en avenida Sáenz Peña al 100 y al 200. La historia volvió a repetirse. Más tarde, unos 120 puesteros ocuparon el edificio de la ex estación ferroviaria El Provincial, y también la acera del parque contiguo, en avenida Roca al 500 y al 600, a sólo nueve cuadras de la plaza Independencia. Luego fueron desalojados.
Hoy son miles y según el último relevamiento realizado por la Federación Económica de Tucumán el número sigue aumentando. Sólo entre octubre de 2012 y julio de 2013 el número de ambulantes en las calles creció el 41%.
Pasadas las elecciones, donde José Alperovich y Domingo Amaya perdieron en la capital, el gobernador volvió a prometer que desalojará a los vendedores del microcentro (sobre este tema lleva, en promedio, una promesa por año, desde que asumió, hace una década). Fue un tiro a dos frentes. Por un lado, fue un gesto de Alperovich hacia la clase media que comenzó a darle la espalda, cansada de los compromisos incumplidos, y ante un escenario donde hoy claramente el alperovichismo pierde la intendencia de la ciudad más importante. Por otro lado, fue un mensaje para el intendente, hoy convertido en un adversario y a quien el gobernador quiere sepultar.
Aunque se trata, en los libros, de un avasallamiento de la provincia por sobre la jurisdicción municipal -algo que a Alperovich nunca le importó- lo cierto es que la venta ambulante involucra a los tres poderes del Estado y no se circunscribe sólo al ejido municipal.
Detrás de los vendedores ambulantes hay grandes mayoristas del comercio ilegal y el contrabando que el Estado no persigue ni controla. Desde mercadería trucha que se fabrica en galpones clandestinos hasta copias piratas de música y películas o ropa, juguetes y electrodomésticos cruzados clandestinamente por las fronteras del norte o traídos desde Buenos Aires.
¿Por qué no se ataca a los peces gordos que evaden, trafican, contrabandean, emplean en negro y violan todas las leyes? ¿Por qué no se investiga la cadena de favores que hasta los funcionarios reconocen que existe? ¿Por qué la Justicia, si ordenó hace siete años desalojar las calles y veredas del centro, no hace cumplir su propio fallo?
Ahora el gobierno les propuso a los ambulantes que vuelvan a ocupar el edificio de la ex estación El Provincial. Un inmueble abandonado pero de enorme valor histórico y urbanístico (fue construido en 1889). A esta altura, es evidente que se pretende seguir multiplicando el número de vendedores y de lugares de venta ilegal, públicos y privados, porque es un enorme negocio que no paga impuestos, emplea en negro y ocupa gratuitamente puntos comerciales estratégicos.
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