Aportan datos en la causa de la Convención

El peronista disidente Enrique Romero se presentó la semana pasada en la sede penal de Tribunales para ratificar y ampliar la denuncia que había realizado en la Justicia penal por gastos de la Convención Constituyente (CC) de 2006. En opinión del dirigente contrario al alperovichismo, en la reforma de la Carta Magna se malversó $ 1,8 millón. "La autorendición de cuentas es un mecanismo de estafa o defraudación al erario, ya que se recurre a la figura de la confusión de la persona que tiene el deber o la obligación de rendir cuentas, con la persona que tiene la facultad de controlar las cuentas; si la misma persona se rinde cuentas es una ficción tan análoga como jugar al dominó solo", indicó Romero en la presentación.

El texto fue llevado el jueves ante la fiscala de Instrucción en lo Penal de la IX Nominación, María de las Mercedes Carrizo. El denunciante apunta contra el presidente de la CC de 2006, Juan Manzur, quien según la normativa interna de aquel cuerpo era responsable del funcionamiento administrativo. La ley 7.469, que establecía los límites de la reforma, indicaba que los cargos de los convencionales eran ad honorem. Sin embargo, sí estaban habilitados los gastos para cuestiones operativas. Según el decreto N° 1.039 (MGyJ), de abril de 2007, el gobernador, José Alperovich, convalidó esos gastos, que sumaban un total de $ 1,8 millón. Romero, al ampliar su denuncia, llevó copias de recibos, que ya publicó LA GACETA, en los que se ven firmas de convencionales en comprobantes, la mayoría con la fecha y el destino de los fondos en blanco.