Por Roberto Delgado
29 Noviembre 2013
Las detenciones del ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito, ha generado la idea de que se podrá llegar a terminar con los siete años de impunidad en del crimen de Paulina Lebbos. Anoche se especulaba con la presentación espontánea del ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, ante el fiscal investigador, Diego López Avila, y con que nuevas medidas salgan de la Fiscalía.
Las vacas gordas de la impunidad están enflaqueciendo. El primer indicio de esto ha sido el informe de Bernardo Lobo Bugeau, enviado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dijo en junio que la acción de la justicia había sido reprimida y censurada. Ese informe determinó que la cáscara impune del crimen se abriera. El hasta entonces fiscal a cargo del caso, Carlos Albaca, se apartó y la Corte Suprema ordenó a la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira que hiciera una investigación administrativa sobre la praxis de Albaca y del primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera. ¿Es suficiente? Se duda, sobre todo porque el padre de la víctima, Alberto Lebbos, dice que Albaca, especialmente, ha sido uno de los que construyeron la denunciada red de encubrimiento.
Pero el segundo indicio es la realización de las pericias sobre pelos hallados en el cuerpo. La Universidad de La Plata precisó que de esos pelos se puede extraer ADN, que podría ser comparado con muestras genéticas de sospechosos.
Tercer indicio: el encargo a Gendarmería de que perite todas las muestras recolectadas en el lugar de Raco donde se halló el cuerpo; en los remises sospechados; en El Cadillal y hasta en el freezer del remisero Olivera, detenido en el primer trimestre de este año.
Cuarto indicio: las citaciones a declarar de unas 50 personas vinculadas al hecho, entre ellas los dos baqueanos a quienes jamás se había llamado a declarar, así como personal de Vialidad, policías y funcionarios.
El quinto indicio es la realización -por fin- de cruces telefónicos. Por ellos se detuvo a dos personas, Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, quienes habrían puesto chips de sus teléfonos en el celular de Paulina.
Sexto indicio: la detención de los jefes policiales que estuvieron en el lugar del hallazgo del cuerpo mucho antes que el primer fiscal del caso. A Barraza y a Brito los comprometerían tanto los entrecruzamientos telefónicos como los testimonios. Lebbos asegura que ellos tienen que ver con las irregularidades en la escena del crimen, como movimiento del cuerpo y ocultamiento de fotos. Ellos, junto el ex jefe policial Sánchez y el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, están citados a declarar en el juicio por falsificación de actas contra tres policías de R aco, que comenzará la semana que viene en Tribunales. Lebbos teme que, si son condenados o absueltos sólo por falsificación de actas, no se los pueda acusar de encubrimiento.
El séptimo indicio es, precisamente, que estos altos jefes policiales hayan sido citados antes de que se lleve a cabo el juicio. Es, para Lebbos, una luz de esperanza de que se llegue a la trama de encubrimiento.
El séptimo año de las vacas gordas de la impunidad se termina. ¿Habrá cambios? El sistema judicial tucumano en está en una crisis espantosa, tal como lo reconoció la fiscala Adriana Giannoni en octubre, cuando dijo que los fiscales firman por día casi 300 causas, que las envían mal a juicio sin ver las caras de las víctimas y que archivan arbitrariamente el 60% de las investigaciones. ¿Por qué el fiscal López Avila habría de ser la excepción? No obstante, se ha abierto una raja en la dura caparazón del caso Lebbos. En su informe, Lobo Bugeau dijo que "no es cierto... que la complejidad de los hechos impide acceder a la verdad". El siete, número mágico, podría estar iniciando un nuevo ciclo. Uno diferente.
Las vacas gordas de la impunidad están enflaqueciendo. El primer indicio de esto ha sido el informe de Bernardo Lobo Bugeau, enviado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dijo en junio que la acción de la justicia había sido reprimida y censurada. Ese informe determinó que la cáscara impune del crimen se abriera. El hasta entonces fiscal a cargo del caso, Carlos Albaca, se apartó y la Corte Suprema ordenó a la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira que hiciera una investigación administrativa sobre la praxis de Albaca y del primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera. ¿Es suficiente? Se duda, sobre todo porque el padre de la víctima, Alberto Lebbos, dice que Albaca, especialmente, ha sido uno de los que construyeron la denunciada red de encubrimiento.
Pero el segundo indicio es la realización de las pericias sobre pelos hallados en el cuerpo. La Universidad de La Plata precisó que de esos pelos se puede extraer ADN, que podría ser comparado con muestras genéticas de sospechosos.
Tercer indicio: el encargo a Gendarmería de que perite todas las muestras recolectadas en el lugar de Raco donde se halló el cuerpo; en los remises sospechados; en El Cadillal y hasta en el freezer del remisero Olivera, detenido en el primer trimestre de este año.
Cuarto indicio: las citaciones a declarar de unas 50 personas vinculadas al hecho, entre ellas los dos baqueanos a quienes jamás se había llamado a declarar, así como personal de Vialidad, policías y funcionarios.
El quinto indicio es la realización -por fin- de cruces telefónicos. Por ellos se detuvo a dos personas, Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, quienes habrían puesto chips de sus teléfonos en el celular de Paulina.
Sexto indicio: la detención de los jefes policiales que estuvieron en el lugar del hallazgo del cuerpo mucho antes que el primer fiscal del caso. A Barraza y a Brito los comprometerían tanto los entrecruzamientos telefónicos como los testimonios. Lebbos asegura que ellos tienen que ver con las irregularidades en la escena del crimen, como movimiento del cuerpo y ocultamiento de fotos. Ellos, junto el ex jefe policial Sánchez y el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, están citados a declarar en el juicio por falsificación de actas contra tres policías de R aco, que comenzará la semana que viene en Tribunales. Lebbos teme que, si son condenados o absueltos sólo por falsificación de actas, no se los pueda acusar de encubrimiento.
El séptimo indicio es, precisamente, que estos altos jefes policiales hayan sido citados antes de que se lleve a cabo el juicio. Es, para Lebbos, una luz de esperanza de que se llegue a la trama de encubrimiento.
El séptimo año de las vacas gordas de la impunidad se termina. ¿Habrá cambios? El sistema judicial tucumano en está en una crisis espantosa, tal como lo reconoció la fiscala Adriana Giannoni en octubre, cuando dijo que los fiscales firman por día casi 300 causas, que las envían mal a juicio sin ver las caras de las víctimas y que archivan arbitrariamente el 60% de las investigaciones. ¿Por qué el fiscal López Avila habría de ser la excepción? No obstante, se ha abierto una raja en la dura caparazón del caso Lebbos. En su informe, Lobo Bugeau dijo que "no es cierto... que la complejidad de los hechos impide acceder a la verdad". El siete, número mágico, podría estar iniciando un nuevo ciclo. Uno diferente.
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