02 Diciembre 2013
ORGANIZACIÓN. En Octubre, la Policía Federal allanó una vivienda en San Luis al 1.600, en ese lugar "El Garra" (otro imputado) coordinaba la venta. LA GACETA / FOTO DE INéS QUINTEROS ORIO
La investigación federal que pesa sobre un distribuidor de estupefacientes conocido como "El Garra" avanza con medidas que complican su situación procesal y la de sus presuntos cómplices. En este marco el juez Daniel Bejas, titular del Juzgado Federal N°1, dictó la semana pasada la prisión preventiva para cinco de los siete procesados que tiene esta causa.
Entre los imputados que deberán esperar en prisión el debate oral en el que se juzgarán sus responsabilidades por comercializar marihuana y cocaína, se encuentran una policía y un empleado del Concejo Deliberante de la capital. Estos acusados, junto con "El Garra", están señalados como piezas fundamentales en el funcionamiento de esta organización delictiva que operaba en una vivienda ubicada en San Luis al 1.600. El 1 de octubre pasado, la Policía Federal allanó ese domicilio luego de investigar el modus operandi de los imputados.
Está comprobado que esta banda liderada por "El Garra", según consta en la investigación judicial a la que tuvo acceso LA GACETA, funcionaba como una asociación ilícita dedicada al fraccionamiento y venta de marihuana. Además habían instalado una "cocina" que les permitía procesar químicamente la "pasta base" para venderlas como "ravioles" de cocaína.
De acuerdo con la investigación, "El Garra" era el responsable de organizar y financiar todas las actividades ilícitas en las que participaban varios familiares suyos. Según la Justicia Federal, el imputado promovía con dinero cada movimiento de la banda y se ocupaba de organizar los contactos tanto con los "dealers" que trabajaban para ellos como con algunos empleados de la Policía de Tucumán. De esa manera, evitaban ser sorprendidos cada que se iba a realizar algún procedimiento. En el informe judicial se detalla que esta asociación contaba con la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), una seccional de la capital y de la Brigada de Investigaciones.
La narcopolicía
La mujer policía involucrada en esta investigación cumplió funciones hasta septiembre pasado en la Digedrop, según informó el secretario de Seguridad de la Provincia Paul Hofer. Pero había sido relegada de ese cargo y puesta a disposición de la Guardia Urbana.
Según la investigación del juez Bejas, esta policía fortaleció la actividad criminal de "El Garra" proveyéndole información clasificada sobre los allanamientos que iban a realizarse. Así el imputado podía eludir el accionar de la Policía y, además, informar a los "dealers" cuando se iban a realizar controles policiales.
Por otra parte, un empleado municipal que trabajaba en el Concejo Deliberante de la capital se ocupaba -siempre según la investigación- del procesamiento de la "pasta base" (cocaína) para su posterior fraccionamiento y venta. El cruce de las llamadas telefónicas entre los imputados aportó una buena parte de los elementos probatorios que le permitieron a Bejas dictar la prisión preventiva para los acusados. Junto con esta medida el juez ordenó embargos a estos tres imputados que van desde los $ 50.000 a los $ 200.000.
Entre los imputados que deberán esperar en prisión el debate oral en el que se juzgarán sus responsabilidades por comercializar marihuana y cocaína, se encuentran una policía y un empleado del Concejo Deliberante de la capital. Estos acusados, junto con "El Garra", están señalados como piezas fundamentales en el funcionamiento de esta organización delictiva que operaba en una vivienda ubicada en San Luis al 1.600. El 1 de octubre pasado, la Policía Federal allanó ese domicilio luego de investigar el modus operandi de los imputados.
Está comprobado que esta banda liderada por "El Garra", según consta en la investigación judicial a la que tuvo acceso LA GACETA, funcionaba como una asociación ilícita dedicada al fraccionamiento y venta de marihuana. Además habían instalado una "cocina" que les permitía procesar químicamente la "pasta base" para venderlas como "ravioles" de cocaína.
De acuerdo con la investigación, "El Garra" era el responsable de organizar y financiar todas las actividades ilícitas en las que participaban varios familiares suyos. Según la Justicia Federal, el imputado promovía con dinero cada movimiento de la banda y se ocupaba de organizar los contactos tanto con los "dealers" que trabajaban para ellos como con algunos empleados de la Policía de Tucumán. De esa manera, evitaban ser sorprendidos cada que se iba a realizar algún procedimiento. En el informe judicial se detalla que esta asociación contaba con la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), una seccional de la capital y de la Brigada de Investigaciones.
La narcopolicía
La mujer policía involucrada en esta investigación cumplió funciones hasta septiembre pasado en la Digedrop, según informó el secretario de Seguridad de la Provincia Paul Hofer. Pero había sido relegada de ese cargo y puesta a disposición de la Guardia Urbana.
Según la investigación del juez Bejas, esta policía fortaleció la actividad criminal de "El Garra" proveyéndole información clasificada sobre los allanamientos que iban a realizarse. Así el imputado podía eludir el accionar de la Policía y, además, informar a los "dealers" cuando se iban a realizar controles policiales.
Por otra parte, un empleado municipal que trabajaba en el Concejo Deliberante de la capital se ocupaba -siempre según la investigación- del procesamiento de la "pasta base" (cocaína) para su posterior fraccionamiento y venta. El cruce de las llamadas telefónicas entre los imputados aportó una buena parte de los elementos probatorios que le permitieron a Bejas dictar la prisión preventiva para los acusados. Junto con esta medida el juez ordenó embargos a estos tres imputados que van desde los $ 50.000 a los $ 200.000.
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