Por Roberto Delgado
12 Diciembre 2013
Alperovich y sus funcionarios no vieron que se venía el infierno y ayer a ellos y a su policía les cayó encima la furia de la gente, al cabo de dos días de infierno sufridos por los tucumanos. Infierno en el que los saqueadores, desatados como jaurías de ton ton macoutes o mazorqueros, tuvieron la ciudad a sus anchas, a la caza de supermercados, comercios y casas.
Córdoba tendría que haber encendido todas las alarmas: la extorsión policial acompañada de saqueos terminó rápidamente en un impresionante 54% de aumento para policías, que era evidente que detonaría el efecto contagio. Pero aquí había dos realidades negadas. 1) La brutal marginalidad en que se encuentran amplios sectores de la sociedad. El Gobierno escondió la realidad con los planes sociales (dice que la pobreza alcanza al 4,6% en el Gran San Miguel, mientras que Idesa relevó que sólo en la capital hay 82.000 hogares pobres) y creyó que podía manejar con bolsones y una red de punteros políticos a esa masa de gente abandonada al clientelismo y la indignidad. ¿Qué hicieron los punteros ante este salvaje operativo de depredación consumado en la zona liberada?
2) La descomposición moral del modelo policial. Agentes que apenas entran a la fuerza son introducidos a un sistema perverso, autoritario, machista, autónomo, recaudador, que trabaja con leyes autoritarias como la de Contravenciones y que cae tan fácilmente en la ilegalidad que el último año ha sido una retahíla de delitos policiales. La última fue terrible: abuso sexual de una persona trans en una comisaría, a manos de policías.
La falta de reacción del gobernador y la minimización que hicieron sus funcionarios del problema detonó una orgía de los saqueadores en perjuicio de la gente. Se rompió el contrato social y la descomposición del Estado torcido detonó el exceso de furia ciudadana de ayer.
Córdoba tendría que haber encendido todas las alarmas: la extorsión policial acompañada de saqueos terminó rápidamente en un impresionante 54% de aumento para policías, que era evidente que detonaría el efecto contagio. Pero aquí había dos realidades negadas. 1) La brutal marginalidad en que se encuentran amplios sectores de la sociedad. El Gobierno escondió la realidad con los planes sociales (dice que la pobreza alcanza al 4,6% en el Gran San Miguel, mientras que Idesa relevó que sólo en la capital hay 82.000 hogares pobres) y creyó que podía manejar con bolsones y una red de punteros políticos a esa masa de gente abandonada al clientelismo y la indignidad. ¿Qué hicieron los punteros ante este salvaje operativo de depredación consumado en la zona liberada?
2) La descomposición moral del modelo policial. Agentes que apenas entran a la fuerza son introducidos a un sistema perverso, autoritario, machista, autónomo, recaudador, que trabaja con leyes autoritarias como la de Contravenciones y que cae tan fácilmente en la ilegalidad que el último año ha sido una retahíla de delitos policiales. La última fue terrible: abuso sexual de una persona trans en una comisaría, a manos de policías.
La falta de reacción del gobernador y la minimización que hicieron sus funcionarios del problema detonó una orgía de los saqueadores en perjuicio de la gente. Se rompió el contrato social y la descomposición del Estado torcido detonó el exceso de furia ciudadana de ayer.
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