Por Marcelo Batiz
15 Diciembre 2013
BUENOS AIRES.- Sarmiento de Resistencia no pudo disputar este miércoles su partido por la Copa Argentina con Sanjustino de Santa Fe por falta de seguridad ante el reclamo de los efectivos policiales de Chaco. El episodio no pasaría de ser uno más entre tantos (hubo casos similares en Olavarría, Pergamino, San Nicolás y Villa Gobernador Gálvez), si no fuera porque el presidente del club chaqueño se llama Jorge Capitanich, en uso de licencia para ejercer la gobernación, a la vez en uso de licencia para ser jefe de Gabinete.
Mientras en la provincia que gobernó por seis años no podía garantizarse la seguridad de un simple partido de fútbol, Capitanich decía que “se avizora un clima de paz y tranquilidad pública” y que “la situación está encauzada y resuelta”. Para negar la realidad, no hay uso de licencia que valga. La crisis desencadenada con las revueltas policiales en la mayoría de las provincias puede ser abordada desde diferentes perspectivas. La del federalismo fiscal es, entre todas, quizás la más significativa, a juzgar por los reclamos sin solución que vienen acumulándose durante décadas.
En la actualidad, la responsabilidad del total del gasto público se reparte en partes más o menos similares entre la Nación y las provincias. El problema surge por la distorsión entre ese gasto y la distribución de la renta federal, de la que el 75% queda en Balcarce 50 y apenas un 25% se destina al interior. De lo que cabe inferir que mientras a las provincias le falta la mitad de los recursos, a la Nación no solo le sobra el 50%, sino que también dispone del grifo para usar ese excedente a su criterio. Una peculiar adaptación del viejo criterio de premios y castigos. Esa es, ni más ni menos, la realidad subyacente de los reclamos que desde mediados de 2011 vienen realizando gobernadores y dirigentes oficialistas y opositores de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Mendoza, entre los casos más notorios. Y si el resto de las provincias no levantaron la voz al respecto, se debe más a una subordinación política que a una convicción casi masoquista de conformarse con menos de lo necesario.
Por esos carriles pasó el reclamo que reiteró el gobernador cordobés José Manuel de la Sota. La Legislatura ya denunció en agosto del año pasado la detracción del 15% de la masa precoparticipable, destinada para financiar la transición a un sistema previsional privado que ya no existe. Si a eso se le suman reclamos que diputados y senadores realizaron acerca de una coparticipación del impuesto al cheque por fuera de lo establecido en la ley 23.548 y los aportes de las provincias al financiamiento de la AFIP, se tendrá una cabal dimensión acerca de qué se está discutiendo. Proyectado para todo 2013, se estima que los recursos que la Nación retiene a las provincias en esos tres conceptos representan $ 100.000 millones. Cuatro veces más de lo que se supone costarán las subas salariales para policías provinciales.
La Nación no está dispuesta a entregar eso a las provincias. Pero lo argumentos para defender esa apropiación son demasiado endebles: Capitanich sostuvo que el Pacto Fiscal, que estableció la quita del 15% de la coparticipación, “no fue un invento de este Gobierno”. Pero tampoco puede pasarse por alto que este debate se produce en tiempos en los que las vacas comienzan a enflaquecer. “Se hace notoria la pérdida de fuerza de la coparticipación en el último tramo del año... la tendencia del corto plazo cayó desde 35% en julio al 27% en el último mes”, alertó Economía & Regiones. El “último mes” era octubre y el informe data del 4 de noviembre, un mes antes de que se desatara la crisis policial en las provincias. Capitanich, entonces, ya estaba advertido desde antes de asumir la Jefatura de Gabinete. Como lo estuvo el 3 de octubre de 2012, cuando hubo otro partido que no pudo disputarse en el estadio de su querido Sarmiento: entre Argentina y Brasil. Pero el motivo no fue la falta de seguridad sino de energía eléctrica. Otra de las deudas del “modelo” que, para saldarla, hará falta mucho más que un aumento salarial de emergencia. Con o sin uso de licencia.
Mientras en la provincia que gobernó por seis años no podía garantizarse la seguridad de un simple partido de fútbol, Capitanich decía que “se avizora un clima de paz y tranquilidad pública” y que “la situación está encauzada y resuelta”. Para negar la realidad, no hay uso de licencia que valga. La crisis desencadenada con las revueltas policiales en la mayoría de las provincias puede ser abordada desde diferentes perspectivas. La del federalismo fiscal es, entre todas, quizás la más significativa, a juzgar por los reclamos sin solución que vienen acumulándose durante décadas.
En la actualidad, la responsabilidad del total del gasto público se reparte en partes más o menos similares entre la Nación y las provincias. El problema surge por la distorsión entre ese gasto y la distribución de la renta federal, de la que el 75% queda en Balcarce 50 y apenas un 25% se destina al interior. De lo que cabe inferir que mientras a las provincias le falta la mitad de los recursos, a la Nación no solo le sobra el 50%, sino que también dispone del grifo para usar ese excedente a su criterio. Una peculiar adaptación del viejo criterio de premios y castigos. Esa es, ni más ni menos, la realidad subyacente de los reclamos que desde mediados de 2011 vienen realizando gobernadores y dirigentes oficialistas y opositores de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Mendoza, entre los casos más notorios. Y si el resto de las provincias no levantaron la voz al respecto, se debe más a una subordinación política que a una convicción casi masoquista de conformarse con menos de lo necesario.
Por esos carriles pasó el reclamo que reiteró el gobernador cordobés José Manuel de la Sota. La Legislatura ya denunció en agosto del año pasado la detracción del 15% de la masa precoparticipable, destinada para financiar la transición a un sistema previsional privado que ya no existe. Si a eso se le suman reclamos que diputados y senadores realizaron acerca de una coparticipación del impuesto al cheque por fuera de lo establecido en la ley 23.548 y los aportes de las provincias al financiamiento de la AFIP, se tendrá una cabal dimensión acerca de qué se está discutiendo. Proyectado para todo 2013, se estima que los recursos que la Nación retiene a las provincias en esos tres conceptos representan $ 100.000 millones. Cuatro veces más de lo que se supone costarán las subas salariales para policías provinciales.
La Nación no está dispuesta a entregar eso a las provincias. Pero lo argumentos para defender esa apropiación son demasiado endebles: Capitanich sostuvo que el Pacto Fiscal, que estableció la quita del 15% de la coparticipación, “no fue un invento de este Gobierno”. Pero tampoco puede pasarse por alto que este debate se produce en tiempos en los que las vacas comienzan a enflaquecer. “Se hace notoria la pérdida de fuerza de la coparticipación en el último tramo del año... la tendencia del corto plazo cayó desde 35% en julio al 27% en el último mes”, alertó Economía & Regiones. El “último mes” era octubre y el informe data del 4 de noviembre, un mes antes de que se desatara la crisis policial en las provincias. Capitanich, entonces, ya estaba advertido desde antes de asumir la Jefatura de Gabinete. Como lo estuvo el 3 de octubre de 2012, cuando hubo otro partido que no pudo disputarse en el estadio de su querido Sarmiento: entre Argentina y Brasil. Pero el motivo no fue la falta de seguridad sino de energía eléctrica. Otra de las deudas del “modelo” que, para saldarla, hará falta mucho más que un aumento salarial de emergencia. Con o sin uso de licencia.
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