02 Enero 2014
NO LA TRAERÁN. Dos fiscales solicitaron que se extradite a la viuda de Perón -vive en Es´paña-, pero no tuvieron eco. telam (archivo)
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de 16 militares y policías imputados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado “Operativo Independencia” en Tucumán, desde febrero de 1975 hasta septiembre de 1983.
El tribunal, integrado por Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar, no hizo lugar al llamado a extradición e indagatoria de María Estela Martínez de Perón (popularmente llamada “Isabel”) solicitado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira.
La Cámara tucumana consideró que “por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces Presidenta de la Argentina”, según precisó la agencia Télam. De esta forma, la Cámara se expidió sobre la causa que investiga los delitos ocurridos entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976 en Tucumán.
Los imputados son Carlos Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Néstor Rubén Castelli. Además, la Cámara confirmó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Luis Rolando Ocaranza, Roberto Manuel Monteros, Fernando Luis Labayru y Julio César Sarmiento.
Entre los considerandos, sostuvo que “quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos, que con el alegado propósito de combatir la subversión, violó el orden constitucional, implantó el terrorismo de Estado, y produjo la supresión sistemática de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos argentinos, con el inicio del Operativo Independencia”.
Al margen de la ley
Según precisó la Cámara Federal, el “Operativo Independencia” se inició “en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976 con el Proceso de Reorganización Nacional y culminaría en el mes de septiembre de 1983”.
Señaló el cuerpo que “la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba, y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos”.
El tribunal argumentó que “teniendo en cuenta este contexto es posible afirmar que los imputados fueron miembros del personal de seguridad militar y policial, a quienes se les recomendó la ejecución de los actos ilícitos enmarcados en el Operativo Independencia, y en tal carácter, miembros de una asociación ilícita agravada”.
Finalmente, agregó que “los imputados surgirían como presuntos responsables de las órdenes en virtud de las cuales se ejecutaron las violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de las víctimas”.
“Estas conductas delictivas configurarían, conforme al contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”, concluyó el tribunal tucumano.
Reseña
El llamado “Operativo Independencia” fue ordenado al Ejército Argentino en febrero de 1975 mediante un decreto del PEN, a cargo María Estela Martínez. El objetivo era “ejecutar las operaciones militares necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, reseñó un artículo de La Nación.
Cuando se dispuso esa medida eran importantes las operaciones armadas del ERP en áreas rurales tucumanas, particularmente en las zonas boscosas, y en poblaciones hacia el sur de la capital -apunta la nota-. Se producían copamientos de pueblos, asesinatos de policías y civiles, y ataques a instalaciones militares. La guerrilla había logrado dominar espacios e incluso disponía retenes en las rutas para exigir peajes o detener a ciudadanos. Su objetivo era la toma del poder para desafiar a las autoridades constitucionales.
A diferencia del terrorismo urbano y clandestino del ERP, de los Montoneros y de otras organizaciones en el resto del país, en la selva tucumana la lucha estaba planteada con combatientes uniformados, en operaciones de comando. La decisión de la entonces Presidenta de poner frente a ellos al Ejército, con apoyo logístico de las otras fuerzas, respondía a un imperativo institucional y así fue considerado por toda la representación política en ese momento, concluyó el artículo.
El tribunal, integrado por Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar, no hizo lugar al llamado a extradición e indagatoria de María Estela Martínez de Perón (popularmente llamada “Isabel”) solicitado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira.
La Cámara tucumana consideró que “por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces Presidenta de la Argentina”, según precisó la agencia Télam. De esta forma, la Cámara se expidió sobre la causa que investiga los delitos ocurridos entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976 en Tucumán.
Los imputados son Carlos Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Néstor Rubén Castelli. Además, la Cámara confirmó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Luis Rolando Ocaranza, Roberto Manuel Monteros, Fernando Luis Labayru y Julio César Sarmiento.
Entre los considerandos, sostuvo que “quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos, que con el alegado propósito de combatir la subversión, violó el orden constitucional, implantó el terrorismo de Estado, y produjo la supresión sistemática de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos argentinos, con el inicio del Operativo Independencia”.
Al margen de la ley
Según precisó la Cámara Federal, el “Operativo Independencia” se inició “en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976 con el Proceso de Reorganización Nacional y culminaría en el mes de septiembre de 1983”.
Señaló el cuerpo que “la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba, y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos”.
El tribunal argumentó que “teniendo en cuenta este contexto es posible afirmar que los imputados fueron miembros del personal de seguridad militar y policial, a quienes se les recomendó la ejecución de los actos ilícitos enmarcados en el Operativo Independencia, y en tal carácter, miembros de una asociación ilícita agravada”.
Finalmente, agregó que “los imputados surgirían como presuntos responsables de las órdenes en virtud de las cuales se ejecutaron las violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de las víctimas”.
“Estas conductas delictivas configurarían, conforme al contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”, concluyó el tribunal tucumano.
Reseña
El llamado “Operativo Independencia” fue ordenado al Ejército Argentino en febrero de 1975 mediante un decreto del PEN, a cargo María Estela Martínez. El objetivo era “ejecutar las operaciones militares necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, reseñó un artículo de La Nación.
Cuando se dispuso esa medida eran importantes las operaciones armadas del ERP en áreas rurales tucumanas, particularmente en las zonas boscosas, y en poblaciones hacia el sur de la capital -apunta la nota-. Se producían copamientos de pueblos, asesinatos de policías y civiles, y ataques a instalaciones militares. La guerrilla había logrado dominar espacios e incluso disponía retenes en las rutas para exigir peajes o detener a ciudadanos. Su objetivo era la toma del poder para desafiar a las autoridades constitucionales.
A diferencia del terrorismo urbano y clandestino del ERP, de los Montoneros y de otras organizaciones en el resto del país, en la selva tucumana la lucha estaba planteada con combatientes uniformados, en operaciones de comando. La decisión de la entonces Presidenta de poner frente a ellos al Ejército, con apoyo logístico de las otras fuerzas, respondía a un imperativo institucional y así fue considerado por toda la representación política en ese momento, concluyó el artículo.
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