06 Enero 2014
EN ALDERETES. La comisaría se encuentra ubicada frente a la plaza principal. foto de Mariana Romero
El destino de 11 detenidos en la comisaría de Alderetes acusados de haber participado en los saqueos quedará definido el miércoles.
Esa es la fecha límite para que el juez Víctor Rougés, a cargo de las causas penales durante la primera quincena de enero, decida si hace lugar al requerimiento de prisión preventiva formulado por la fiscala Adriana Reinoso Cuello.
En la causa, 14 personas están acusadas de haber participado de los saqueos del 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Alderetes. Tres de ellas son mujeres, por lo que fueron alojadas en la Brigada Femenina. Los demás permanecen detenidos en la comisaría de esa ciudad desde hace 27 días.
Familiares de los aprehendidos denunciaron que los procedimientos fueron ilegales, ya que ninguno de los imputados circulaba en grupo, no llevaban mercadería, no estaban armados ni tienen antecedentes penales.
El delito que se les imputa es hurto calamitoso, que prevé penas de hasta seis años a quien, aprovechándose de un “desastre o conmoción pública”, se apoderare de elementos ajenos.
Sin embargo, el delito, según la fiscala, no se consumó, por lo que la acusación es por la tentativa y la pena se reduce a un máximo de dos años.
Roberto Flores, abogado defensor de Gabriel Jerez, uno de los detenidos, consideró que el juez “tiene que analizar primero, antes del tema de fondo, las deficiencias de la imputación, que, al ser genérica, es nula. Es decir, no se puede acusar a alguien por un hecho sin especificar cómo, cuándo, dónde ocurrió y quién es la víctima”.
“En caso de que el juez no considere nula la imputación, esperamos que rechace el pedido porque la fiscalía indica que los hechos ocurrieron en Alderetes, pero en esa ciudad no hubo saqueos”, agregó Flores.
Por último, el letrado consideró que “aun si el juez decidiera mantener las imputaciones, deberá evaluar si existen pruebas. Y si existieran, también deberá tener en cuenta la gravedad del delito”.
Lucro cesante
Muchos de los familiares señalaron que los detenidos perdieron sus puestos de trabajo, tras permanecer casi un mes detenidos.
Es el caso de Omar Rodríguez, de 27 años, que perdió su puesto de chofer de colectivos tras la detención, denuncia su padre, Omar Rodríguez. “Él iba vestido como chofer esa noche, llevaba a su mujer en la moto. Los interceptaron personas de civil, los voltearon y los golpearon. Cuando llegó la Policía, en lugar de protegerlos, se los llevaron detenidos”, relata.
Daniela Juárez, esposa de Omar y madre de su bebé de dos años, también se encuentra detenida. “El 28 de diciembre recibimos en casa el telegrama de despido de mi hijo. Ya no va a conseguir más trabajo en ninguna línea de colectivos, porque para eso se necesita tener un certificado de buena conducta que ahora, con esta causa, ya no va a conseguir”, indicó Rodríguez.
Sobre ese punto, el abogado Flores aclaró que “si se declaran nulas las imputaciones, estas personas podrán, si quieren, iniciar juicio al Estado por haber perdido sus trabajos. Es decir, todas estas irregularidades que se cometieron, propias de procedimientos de la dictadura, encima le pueden ocasionar gastos al Estado”.
Sin embargo, familiares de los detenidos sostienen que en lo único que piensan en este momento es en recuperar la libertad.
Esa es la fecha límite para que el juez Víctor Rougés, a cargo de las causas penales durante la primera quincena de enero, decida si hace lugar al requerimiento de prisión preventiva formulado por la fiscala Adriana Reinoso Cuello.
En la causa, 14 personas están acusadas de haber participado de los saqueos del 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Alderetes. Tres de ellas son mujeres, por lo que fueron alojadas en la Brigada Femenina. Los demás permanecen detenidos en la comisaría de esa ciudad desde hace 27 días.
Familiares de los aprehendidos denunciaron que los procedimientos fueron ilegales, ya que ninguno de los imputados circulaba en grupo, no llevaban mercadería, no estaban armados ni tienen antecedentes penales.
El delito que se les imputa es hurto calamitoso, que prevé penas de hasta seis años a quien, aprovechándose de un “desastre o conmoción pública”, se apoderare de elementos ajenos.
Sin embargo, el delito, según la fiscala, no se consumó, por lo que la acusación es por la tentativa y la pena se reduce a un máximo de dos años.
Roberto Flores, abogado defensor de Gabriel Jerez, uno de los detenidos, consideró que el juez “tiene que analizar primero, antes del tema de fondo, las deficiencias de la imputación, que, al ser genérica, es nula. Es decir, no se puede acusar a alguien por un hecho sin especificar cómo, cuándo, dónde ocurrió y quién es la víctima”.
“En caso de que el juez no considere nula la imputación, esperamos que rechace el pedido porque la fiscalía indica que los hechos ocurrieron en Alderetes, pero en esa ciudad no hubo saqueos”, agregó Flores.
Por último, el letrado consideró que “aun si el juez decidiera mantener las imputaciones, deberá evaluar si existen pruebas. Y si existieran, también deberá tener en cuenta la gravedad del delito”.
Lucro cesante
Muchos de los familiares señalaron que los detenidos perdieron sus puestos de trabajo, tras permanecer casi un mes detenidos.
Es el caso de Omar Rodríguez, de 27 años, que perdió su puesto de chofer de colectivos tras la detención, denuncia su padre, Omar Rodríguez. “Él iba vestido como chofer esa noche, llevaba a su mujer en la moto. Los interceptaron personas de civil, los voltearon y los golpearon. Cuando llegó la Policía, en lugar de protegerlos, se los llevaron detenidos”, relata.
Daniela Juárez, esposa de Omar y madre de su bebé de dos años, también se encuentra detenida. “El 28 de diciembre recibimos en casa el telegrama de despido de mi hijo. Ya no va a conseguir más trabajo en ninguna línea de colectivos, porque para eso se necesita tener un certificado de buena conducta que ahora, con esta causa, ya no va a conseguir”, indicó Rodríguez.
Sobre ese punto, el abogado Flores aclaró que “si se declaran nulas las imputaciones, estas personas podrán, si quieren, iniciar juicio al Estado por haber perdido sus trabajos. Es decir, todas estas irregularidades que se cometieron, propias de procedimientos de la dictadura, encima le pueden ocasionar gastos al Estado”.
Sin embargo, familiares de los detenidos sostienen que en lo único que piensan en este momento es en recuperar la libertad.
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