06 Enero 2014
Definen si Gendarmería ayudará en la pesquisa
La fiscal Carrizo apartó a la Policía de la investigación por las amenazas en contra del secretario de Seguridad, dos fiscales y Lebbos La funcionaria judicial investiga a miembros de la fuerza de seguridad local como presuntos autores de los mensajes intimidatorios conocidos el viernes pasado.
EN SUSPENSO. Gendarmería debe informar a la Justicia si cuenta con personal para colaborar en la investigación. la gaceta / foto de hector peralta
Las amenazas de muerte en contra de Alberto Lebbos, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila y el Secretario de Seguridad Paul Hofer obligaron a la fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo, a cargo de la Fiscalía de la IX° Nominación, a solicitar la intervención de fuerzas federales en la investigación. Es que, según lo confirmó ayer, sospecha que él o los autores de estas amenazas -dadas a conocer el viernes- formarían parte de la Policía de Tucumán.
En principio la fiscala solicitó la colaboración de Gendarmería, pero en caso de que la fuerza no cuente con el personal necesario para esta pesquisa, tiene previsto girar esa solicitud a la Policía Federal. “Mañana (por hoy) se definirá si los gendarmes colaborarán en la causa. De igual modo, la investigación está avanzando”, detalló Carrizo.
Por otra parte, Lebbos, padre de Paulina, la joven que fue encontrada muerta el 12 de marzo de 2006, en Tapia, dijo que hoy ratificará en Tribunales la denuncia que realizó luego de recibir las amenazas. “Ni a mi peor enemigo le deseo que pase por esto. Es muy desagradable. No volví a recibir amenazas y hubo personas y organizaciones de todo el país que se solidarizaron conmigo por lo que pasó”, remarcó.
A su vez, Hofer destacó la importancia del apoyo que le dieron el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. “Voy a seguir trabajando con la misma intensidad con la que venimos planteando cambios en la fuerza. Tenemos la obligación de hacer que la fuerza entienda que su función es ser nexo con la Justicia y la sociedad”, analizó.
En este marco, volvió a recordar que viene recibiendo amenazas desde que se comenzó a investigar a policías de Unidad Regional Norte (URN) que estarían involucrados en asaltos cometidos en barrios privados. “Estoy convencido de que quienes buscan amedrentar mandando este tipo de mensajes son sólo unos cuantos que no toleran que el Estado los controle y que no quieren comprender que esa es la función que le corresponde al cargo que ocupo en el Gobierno”, agregó.
La persona que llamó y amenazó por teléfono a Hofer había sido muy clara: “Vos nos estás entregando y no nos estás cuidando. Tené ojo o vas a ser boleta”.
En 2013 hubo numerosas denuncias sobre delitos cometidos por supuestas organizaciones corruptas dentro de la Policía. Estas causas están siendo investigadas por la Justicia y en algunos casos hay uniformados que estarían, según fuentes judiciales, bastante comprometidos. Una de estas investigaciones, que lleva adelante la fiscal Giannoni, está vinculada con un robo cometido en septiembre de 2012 en un country en Yerba Buena. En este caso, al principio de la instrucción penal, hubo 18 policías involucrados.
A su vez, la fiscal también había sido designada -junto con López Ávila- por el Poder Judicial para llevar adelante la investigación por la supuesta sedición de los uniformados que organizaron el mes anterior una protesta policial por una mejora salarial. Este reclamo sumió a la provincia en un caos entre el 9 y 10 de diciembre pasados.
Las amenazas a las autoridades de la Justicia se reiteraron en los últimos meses. El fiscal Washington Navarro Dávila, a cargo de la Fiscalía de la V° Nominación, también fue intimidado durante los saqueos de diciembre y las sospechas siempre apuntaron hacia el mismo lugar: la Policía.
En principio la fiscala solicitó la colaboración de Gendarmería, pero en caso de que la fuerza no cuente con el personal necesario para esta pesquisa, tiene previsto girar esa solicitud a la Policía Federal. “Mañana (por hoy) se definirá si los gendarmes colaborarán en la causa. De igual modo, la investigación está avanzando”, detalló Carrizo.
Por otra parte, Lebbos, padre de Paulina, la joven que fue encontrada muerta el 12 de marzo de 2006, en Tapia, dijo que hoy ratificará en Tribunales la denuncia que realizó luego de recibir las amenazas. “Ni a mi peor enemigo le deseo que pase por esto. Es muy desagradable. No volví a recibir amenazas y hubo personas y organizaciones de todo el país que se solidarizaron conmigo por lo que pasó”, remarcó.
A su vez, Hofer destacó la importancia del apoyo que le dieron el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer. “Voy a seguir trabajando con la misma intensidad con la que venimos planteando cambios en la fuerza. Tenemos la obligación de hacer que la fuerza entienda que su función es ser nexo con la Justicia y la sociedad”, analizó.
En este marco, volvió a recordar que viene recibiendo amenazas desde que se comenzó a investigar a policías de Unidad Regional Norte (URN) que estarían involucrados en asaltos cometidos en barrios privados. “Estoy convencido de que quienes buscan amedrentar mandando este tipo de mensajes son sólo unos cuantos que no toleran que el Estado los controle y que no quieren comprender que esa es la función que le corresponde al cargo que ocupo en el Gobierno”, agregó.
La persona que llamó y amenazó por teléfono a Hofer había sido muy clara: “Vos nos estás entregando y no nos estás cuidando. Tené ojo o vas a ser boleta”.
En 2013 hubo numerosas denuncias sobre delitos cometidos por supuestas organizaciones corruptas dentro de la Policía. Estas causas están siendo investigadas por la Justicia y en algunos casos hay uniformados que estarían, según fuentes judiciales, bastante comprometidos. Una de estas investigaciones, que lleva adelante la fiscal Giannoni, está vinculada con un robo cometido en septiembre de 2012 en un country en Yerba Buena. En este caso, al principio de la instrucción penal, hubo 18 policías involucrados.
A su vez, la fiscal también había sido designada -junto con López Ávila- por el Poder Judicial para llevar adelante la investigación por la supuesta sedición de los uniformados que organizaron el mes anterior una protesta policial por una mejora salarial. Este reclamo sumió a la provincia en un caos entre el 9 y 10 de diciembre pasados.
Las amenazas a las autoridades de la Justicia se reiteraron en los últimos meses. El fiscal Washington Navarro Dávila, a cargo de la Fiscalía de la V° Nominación, también fue intimidado durante los saqueos de diciembre y las sospechas siempre apuntaron hacia el mismo lugar: la Policía.