15 Enero 2014
PUESTO 166. El país se ubicó entre los países con liberad económica “reprimida”, según el ranking mundial. heritage.org
BUENOS AIRES.- Argentina figura entre las 13 naciones, de un total de 178, con menor libertad económica, de acuerdo con la edición 20 del ranking de Libertad Económica Mundial. La calificación internacional fue dada a conocer ayer por su creadora, la Heritage Foundation, en colaboración con el diario de negocios The Wall Street Journal.
El informe remarcó que “los derechos de propiedad”, junto con la falta de “libertad financiera”, son los dos rubros más afectados por el gobierno argentino frente a la comunidad de negocios. Esa posición “reflejó una disminución sustancial en la libertad de inversión, libertad comercial, libertad de trabajo y la gestión del gasto público”, según argumentó. “Argentina ocupa el lugar 27 de 29 países de la región de América Central, del Sur y el Caribe, y su puntaje general está muy por debajo de los promedios regionales y mundiales”, añadió. Hong Kong, Singapur y Australia, ocuparon los primeros tres lugares. Chile, país sudamericano, ocupó el puesto 7; mietras que Argentina, el 166, en la lista general.
El documento puntualizó que durante los 20 años de historia del índice, la libertad económica de Argentina ha caído al “estado reprimido”. Ocho de las 10 libertades económicas analizadas se han deteriorado debido a las políticas que incluyen controles de capital, la fijación de precios, las restricciones a las importaciones, y las nacionalizaciones.
Más adelante detalló que la injerencia del Estado en la economía nacional ha crecido sustancialmente desde 2003. “Deficiencias institucionales siguen socavando las bases de un desarrollo económico duradero. El sistema judicial se ha vuelto más vulnerable a la interferencia política y la corrupción es frecuente. La presión regulatoria en el sector privado siguió aumentando, con medidas de gasto populistas y el control de precios que distorsionan los mercados”, enumeró.
El informe puso de relieve que bajo la presidencia de Cristina Fernández, Argentina ha fortalecido lazos con los gobiernos de la región que son hostiles a la libertad y ha amenazado el derecho de autodeterminación de las Islas Malvinas. El poder judicial se ha politizado, y el Banco Central ya no es independiente. Incautación del Gobierno de casi U$S 30.000 millones en fondos privados de pensiones en 2008, la falta de un acuerdo con los acreedores desde el default de 2002 y la expropiación de YPF, han dañado gravemente el perfil de inversión de Argentina. Aunque la economía se ha beneficiado de los precios de las materias primas en auge, las políticas fiscales y monetarias expansivas han alimentado ya la alta inflación y los controles de divisas se han creado un mercado negro de dólares.
El documento puntualizó que en 2013, frente a un deterioro del balance de pagos, el Gobierno impuso prohibiciones “draconianas” sobre las transacciones en divisas para proteger la disminución de las reservas. Además, hizo referencia a la manipulación de las estadísticas oficiales de inflación para reducir los intereses pagados a los tenedores de bonos. (DyN)
El informe remarcó que “los derechos de propiedad”, junto con la falta de “libertad financiera”, son los dos rubros más afectados por el gobierno argentino frente a la comunidad de negocios. Esa posición “reflejó una disminución sustancial en la libertad de inversión, libertad comercial, libertad de trabajo y la gestión del gasto público”, según argumentó. “Argentina ocupa el lugar 27 de 29 países de la región de América Central, del Sur y el Caribe, y su puntaje general está muy por debajo de los promedios regionales y mundiales”, añadió. Hong Kong, Singapur y Australia, ocuparon los primeros tres lugares. Chile, país sudamericano, ocupó el puesto 7; mietras que Argentina, el 166, en la lista general.
El documento puntualizó que durante los 20 años de historia del índice, la libertad económica de Argentina ha caído al “estado reprimido”. Ocho de las 10 libertades económicas analizadas se han deteriorado debido a las políticas que incluyen controles de capital, la fijación de precios, las restricciones a las importaciones, y las nacionalizaciones.
Más adelante detalló que la injerencia del Estado en la economía nacional ha crecido sustancialmente desde 2003. “Deficiencias institucionales siguen socavando las bases de un desarrollo económico duradero. El sistema judicial se ha vuelto más vulnerable a la interferencia política y la corrupción es frecuente. La presión regulatoria en el sector privado siguió aumentando, con medidas de gasto populistas y el control de precios que distorsionan los mercados”, enumeró.
El informe puso de relieve que bajo la presidencia de Cristina Fernández, Argentina ha fortalecido lazos con los gobiernos de la región que son hostiles a la libertad y ha amenazado el derecho de autodeterminación de las Islas Malvinas. El poder judicial se ha politizado, y el Banco Central ya no es independiente. Incautación del Gobierno de casi U$S 30.000 millones en fondos privados de pensiones en 2008, la falta de un acuerdo con los acreedores desde el default de 2002 y la expropiación de YPF, han dañado gravemente el perfil de inversión de Argentina. Aunque la economía se ha beneficiado de los precios de las materias primas en auge, las políticas fiscales y monetarias expansivas han alimentado ya la alta inflación y los controles de divisas se han creado un mercado negro de dólares.
El documento puntualizó que en 2013, frente a un deterioro del balance de pagos, el Gobierno impuso prohibiciones “draconianas” sobre las transacciones en divisas para proteger la disminución de las reservas. Además, hizo referencia a la manipulación de las estadísticas oficiales de inflación para reducir los intereses pagados a los tenedores de bonos. (DyN)
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