Buscan crear distritos fiscales contra el narcotráfico

Gils Carbó presentó al secretario de Seguridad, Sergio Berni, un nuevo esquema organizativo.

31 Enero 2014
BUENOS AIRES.- La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, le presentó al secretario de Seguridad, Sergio Berni, el nuevo esquema de organización del Ministerio Público, que contempla la creación de distritos fiscales y que permitirá implementar políticas criminales coordinadas para enfrentar delitos complejos, como el narcotráfico y la trata de personas.

Según informó la Procuración en su página web, Gils Carbó recibió a Berni “para dialogar sobre el nuevo esquema del Ministerio Público Fiscal que crea 27 distritos fiscales”. El nuevo esquema “busca promover la interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, así como con autoridades policiales, judiciales y políticas de las provincias”.

Además, “apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal”.

La Procuradora ya mantuvo reuniones con los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Santa Fe, Antonio Bonfatti; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Mendoza, Francisco Pérez; y de Santiago del Estero, Claudia Zamora, para explicarles las funciones y los alcances de los fiscales de distrito.

Fueron designados para esa función los fiscales generales Adriana Teresa Saccone, Eduardo José Villalba, Dante Marcelo Vega, Cecilia Indiana Garzón y Daniel Adler, a cargo de los distritos de Santa Fe, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Mar del Plata, respectivamente.

Gils Carbó había señalado que a la figura del “fiscal coordinador” de cada distrito no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas provinciales. Se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros”. (Télam)

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