El PE quiere que la Justicia local investigue a los “dealers”, pero la Corte quedó en analizar el plan

En el oscuro mundo del narcotráfico, se denomina dealer (distribuidor o repartidor, en inglés) al eslabón que antecede al consumidor en la cadena de comercialización de drogas. Ayer, en el Palacio de Tribunales de calle La Madrid y Congreso, se realizó una reunión clave respecto a un plan del alperovichismo para investigar y detectar a estos delincuentes. Más allá de los anuncios del gobernador, José Alperovich, sobre la futura puesta en marcha del nuevo sistema, todo indica que el Poder Judicial local, por ahora, no se siente en condiciones de confirmar o desechar si posee los recursos necesarios para hacerse cargo de perseguir a los “transas”.

El ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, y la secretaria General de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse, llevaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, el borrador con la iniciativa que la Casa de Gobierno elevaría en los próximos días a la Legislatura, para la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 26.052). Durante más de media hora, los funcionarios expusieron al magistrado la intención del Poder Ejecutivo (PE) de que las causas iniciadas por venta de drogas a menor escala o para consumo personal pasen eventualmente de la órbita de la Justicia federal a la provincial.

Los enviados del PE se marcharon satisfechos del encuentro. “Nuestra real intención es atacar el menudeo, que está haciendo un daño importante a nuestras comunidades más débiles. Para esto hace falta una acción más inmediata, que nosotros creemos que vamos a tener una respuesta dentro de la Justicia provincial”, señaló Gassenbauer a LA GACETA.

Gandur, sin embargo, optó por no formular declaraciones públicas. Según fuentes tribunalicias, el titular del alto tribunal quiere conversar con sus pares sobre este plan, e incluso se excusó de darles una respuesta a los funcionarios. En la CSJT, fuera de micrófono, adelantaron hace pocos días a este diario que la iniciativa sólo resultará positiva si llega de la mano con recursos humanos y materiales.

Condiciones en la norma

La ley N° 26.052, sancionada en julio de 2005, modificó la ley N° 23.737, que establece las conductas penalizadas en cuanto a la tenencia y venta ilegal de drogas. En el esquema vigente, los jueces federales se encargan de todas las causas sobre narcotráfico. Pero la norma nacional aprobada hace ocho años y medio posibilita que los expedientes pasen a manos de los investigadores del fuero local.

“Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la Justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia”, expresa el texto. Entre las condiciones para que se produzca ese traspaso, se indica que deben ser casos en los que “se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”.

Gassenbauer remarcó que la intención del alperovichismo es elaborar una iniciativa de adhesión en el corto plazo. Aclaró que sin embargo se debe adecuar al Poder Judicial local y a la Policía de Tucumán para que comiencen a trabajar en la implementación de este sistema, que prevé la reinserción de los eventuales condenados. “La (redacción de la) norma es muy sencilla, lo que viene después es un trabajo dentro del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de adecuación. La idea es tomarnos un plazo prudente”, explicó el ministro.

Detalló que está contemplada la conformación de una comisión especial, que tendría un representante de cada poder (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). “En principio el doctor Gandur se reunirá con los demás integrantes de la CSJT. Este es un tema fundamental que nos permitirá tener una acción más directa contra este flagelo”, añadió.

Interrogantes

Carolina Vargas Aignasse apuntó que se tratará con este nuevo sistema de combatir el narcotráfico al “menudeo”. “Hemos venido a plantear (al presidente de la CSJT) cuáles eran nuestras inquietudes y las necesidades que como PE vemos en el día a día”, expresó la funcionaria alperovichista. Y detalló que una de las claves estará en la reinserción y la educación de los penados. “En la charla surgieron por supuesto muchos interrogantes sobre la mejor forma de que esto se lleve adelante; si con la participación de todas las fiscalías y juzgados penales que hoy existen; si hará falta la creación de nuevas fiscalías y juzgados; además analizamos lo ocurrido en otras provincias”, explicó la titular de la Secretaría General de la Gobernación.

Consideró luego que también resultaría favorable aplicar la mediación, como alternativa al proceso penal ordinario. “Con esta decisión tenemos que poner en marcha varios institutos que nos ayuden a que esto sea eficaz”, relató.

En el oficialismo no descartan que la iniciativa llegue en los próximos días a la Legislatura, que prevé sesionar el jueves o el viernes de esta semana. Al ser un proyecto de adhesión a una norma nacional, la redacción no sería compleja. Sin embargo, el traslado de incontables causas iniciadas por la detención de “dealers” y el arresto de adictos a drogas al fuero de la Justicia local ya se encontró con resistencia en los pasillos tribunalicios. Por eso, la opinión de la Corte Suprema sería determinante.