Frente a las quejas de la Justicia, Alperovich aplaza el proyecto de ley contra los “dealers”

Las quejas unánimes de la Justicia retumbaron en la Casa de Gobierno y generaron un remezón. De hecho, obligaron al Poder Ejecutivo a aplazar el proyecto para que el fuero penal local y la Policía provincial participen en la investigación de la venta de droga al por menor (la competencia actualmente es de la Justicia Federal). Finalmente, tras varios cruces y reuniones, el gobernador, José Alperovich, confirmó ayer que la Casa de Gobierno dejará pasar un tiempo antes de enviar el proyecto de ley de adhesión a la norma 23.737 (Ley Nacional de Estupefacientes).

“Vamos a esperar unos días más. Estoy convencido de que tenemos que estar de acuerdo con el Poder Judicial. De lo que leí hoy (en alusión a la entrevista de LA GACETA al presidente de la Corte, Antonio Gandur), creo interpretar que lo que está pidiendo Gandur es que, en vez de que la adecuación sea de seis meses, dure un año”, aseguró el mandatario ayer tras recorrer obras en el policlínico Santa Rita, en Lastenia. Manifestó que el plan quedará en suspenso hasta que analicen los pedidos que efectuaron los fiscales penales.

Alperovich advirtió que si el Poder Ejecutivo lleva adelante en soledad la iniciativa, sin el aval del Poder Judicial, “no tendrá sentido”. “Como gobernador no quiero que quede como que el Ejecutivo hace algo y después no funciona. Queremos en serio combatir el tema de la drogadicción”, subrayó. Al ser consultado respecto de si la Provincia podría afrontar el gasto que implicaría la apertura de nuevas oficinas -tal como requirió el presidente de la Corte Gandur-, expresó: “creo que la lucha contra la droga es una inversión, no un gasto, pero hay que ver”.

El jueves de la semana pasada, Alperovich había anunciado el plan “Noche Segura”, para la lucha contra las adicciones y la disminución de los accidentes de tránsito nocturnos. En el paquete de medidas, había incluido las nuevas competencias para los tribunales penales locales. Rápidamente, el alperovichismo había trazado un borrador de la norma y se preparaba para aprobarlo en una sesión que se convocaría, en principio, para esta misma semana. Los reparos de funcionarios judiciales, sin embargo, no tardaron en llegar y el proyecto perdió el envión.

Los fiscales penales fueron los primeros en alzar la voz. En un documento, 11 de ellos rechazaron la iniciativa públicamente, pero de todas maneras elaboraron un listado de los elementos que se necesitarían para poder llevar adelante las nuevas tareas. Entre ellos, remarcaron la necesidad de equipamiento especial, de capacitación y de mayor cantidad de empleados.

Gandur, por su parte, había considerado que deberían crearse al menos 14 oficinas más, entre fiscalías, defensorías y juzgados de instrucción. Además, de un grupo de personal policial que dependa presupuestariamente del Poder Ejecutivo, pero que esté a las órdenes de los fiscales.

Paritarias

Por otro lado, Alperovich reiteró su preocupación acerca de la situación económica y sobre sus posibles consecuencias en la provincia. Especialmente, remarcó que podría tener impacto negativo en el empleo. Aprovechó la ocasión para pedir prudencia a los gremios estatales en sus pedidos durante las paritarias. “Es importante luchar por un aumento de los salarios, pero creo que más importante es cuidar el empleo. En estos seis meses hay que cuidar las fuentes de trabajo. Les pido responsabilidad, son momentos para estar a la altura de las circunstancias. Si se vende un poco menos, el empresario achica costos y despide”, resaltó.

Las reuniones entre el Gobierno y los sindicatos que representan a los empleados de la administración pública comenzarán el lunes. El Frente Gremial Docente (FGD) fue citado al mediodía en el Ministerio de Gobierno, a cargo de Edmundo Jiménez. Allí, además de Jiménez y los representantes de ATEP (primarios), APEM (secundarios) y AMET (técnicos) estarán los responsables de las carteras de Educación, Silvia Rojkés de Temkin, y de Economía, Jorge Jiménez. El Gobierno pretende cerrar un acuerdo antes del comienzo del ciclo lectivo, fijado para el 25 de este mes.