“No quisimos debilitar la sentencia, que tiene cosas de avanzada”

No recurrir no significa necesariamente estar de acuerdo. Carlos Garmendia, uno de los abogados de la querellante Susana Trimarco, fijó esa posición ayer al explicar por qué dejó vencer el plazo para cuestionar las absoluciones de María Jesús y Víctor Rivero que confirmó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en el fallo del 17 de diciembre pasado. “Nosotros estamos muy conformes con la decisión de la Corte. Creemos que es una sentencia de avanzada en muchísimas cosas: desde el enfoque que plantea sobre la temática de trata de personas hasta la línea clara que traza, con jurisprudencia, sobre cómo deben ser tomadas las declaraciones de víctimas de este delito que, además, son testigos”, dijo el letrado.

Según su criterio, la querella debía defender esa decisión judicial tan valiosa. “Lo que no significa que estemos de acuerdo con la absolución de los Rivero”, añadió. El letrado de la mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón evaluó que, pese a la falta de condena para los -ya ex- imputados vinculados con el clan de “Los Ale”, el fallo de la Corte supone un salto enorme respecto del que emitió la Sala II de la Cámara Penal el 11 de diciembre de 2012. “Esa era una sentencia de la impunidad. La Cámara por ejemplo había dicho que no existía ninguna prueba en contra de los Rivero y eso es mentira. La Corte expresó otra cosa: sí hay evidencias en contra de los Rivero, pero no fueron suficientes para dictar una condena, algo que cambia totalmente la situación”, comentó.

Garmendia admitió que sabían que el fallo del alto tribunal iba a ser atacado por los abogados de la decena de condenados (cosa que ya sucedió): “por eso hemos decidido ponernos en el lugar de ‘defensa de la sentencia’. Esa es la razón que explica por qué decidimos no plantear el recurso extraordinario”.

El letrado de la influyente presidenta de la Fundación María de los Ángeles reconoció asimismo que en la estrategia de no recurrir pesó la investigación por supuesto lavado de dinero que involucra a María Jesús Rivero, su ex esposo, Rubén “La Chancha” Ale, y a otros miembros del grupo. “Entendemos que la Justicia Federal está trabajando muy bien en la causa sobre lavado. Si bien en esa investigación se analiza un delito que no es el secuestro de ‘Marita’, la denuncia de la Unidad de Información Financiera, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (organismo a cargo del fiscal general Carlos Gonella) vincula al patrimonio investigado con la trata de personas”.

Sin precedentes

Aunque la Ley de Trata fue sancionada en 2008 (seis años después de la desaparición de “Marita” Verón) y aunque la competencia para investigar este delito es de la Justicia Federal, Garmendia sostuvo que el caso de la hija de Trimarco está enmarcado claramente en una situación de trata de personas. “Insisto en que la sentencia de la Corte da cátedra sobre cómo deben ser interpretados los testimonios de las víctimas de ese delito que, a la vez, son testigos. No había antecedentes como el que brindó el alto tribunal”, elogió.

Garmendia también rescató el hecho de que se haya declarado la responsabilidad penal de la mayoría de los acusados: “queda solamente completar la sentencia con la determinación de las penas” (tarea que debe ser cumplida por una Sala II de la Cámara Penal con distinta integración de la que intervino en el debate oral). “También nos parece totalmente valiosa la vía recursiva que planteó el alto tribunal (las partes pueden interponer otro recurso de casación contra una Corte compuesta por otros jueces)”, expresó. Y agregó: “es un fallo excepcional, pese a que no estamos de acuerdo con la decisión respecto de los Rivero”.