22 Febrero 2014
La comisión de Juicio Político de la Legislatura desestimó el avance de procesos de remoción en contra de -al menos- cuatro magistrados.
Entre los funcionarios judiciales que aparecen en los trámites ayer archivados están el ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis Augusto De Mitri, y el fiscal de Instrucción en lo Penal de la II° Nominación, Carlos Albaca, a quienes se sindicó por un presunto mal desempeño en la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
Además, se desechó una imputación similar contra el camarista penal Alberto Piedrabuena, quien intervino en el juicio oral y público que derivó en 13 absoluciones -la mayoría tumbada luego por el alto tribunal local- por el caso de María de los Ángeles Verón.
En alusión a los expedientes referidos a Albaca y a Piedrabuena, se consideró las renuncias condicionadas presentadas por estos magistrados -ambas ya fueron aceptadas por el gobernador, José Alperovich- para acogerse a la la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En cuanto a De Mitri, el alperovichismo valoró como “una exageración” que se lo considere eventualmente responsable de los presuntos errores en la pesquisa. El opositor Ricardo Bussi (FR) votó a favor de continuar contra otro proceso; los dos anteriores fueron rechazados por unanimidad.
La comisión de Juicio Político, que preside el oficialista Sisto Terán Nougués, se reunió ayer en la Legislatura para analizar cuatro presentaciones. Participaron además de la discusión Carlos Issa Assán, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro, Iván Llorens Dip, Alfredo Quinteros (todos del bloque “Tucumán Crece”); Nancy Bulacio (PT); y Bussi (FR).
“Teníamos varios temas a tratar. En primer lugar, nos llegó la renuncia aceptada del (camarista) Alberto Piedrabuena”, detalló Terán Nougués. El vocal de la Sala II de la Cámara Penal intervino en diciembre de 2012 en el juicio por el caso “Verón”. Tras las absoluciones, la madre de la víctima, Susana Trimarco, lo acusó en la Legislatura, al igual que a los vocales Emilio Herrera Molina (ya jubilado) y Eduardo Romero Lascano (el avance de su proceso está atado a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Ayer, el comité parlamentario envió notas a Piedrabuena, al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y al titular del Jury de Enjuiciamiento, Daniel Posse, para notificarlos sobre el archivo del trámite, que ya había sido elevado el órgano de destitución de magistrados.
También se desechó el proceso contra el fiscal Albaca, quien llevó la investigación del crimen de Paulina durante casi siete años. “La comisión sacó una resolución en la que, por unanimidad, hemos dado por terminadas las actuaciones en función del artículo 15 de la ley de Procedimiento de Juicio Político (...) Esta norma prevé que, producida la renuncia -y aceptada- a un magistrado, (el trámite) debe concluir de inmediato, porque el único objeto del proceso es la remoción del mismo”, dijo Terán Nougués.
Aclaró que se desestimaron otros dos procesos, que abarcaban a De Mitri, y a tres fiscales de Instrucción en lo Penal. El planteo había sido realizado por una mujer, quien cuestionaba el servicio de justicia. “(Esta presentación) no reunía los requisitos formales para ser entendida como causa de juicio político, y también por unanimidad la hemos rechazado”, dijo.
La polémica se produjo cuando se trató la acusación del legislador macrista Alberto Colombres Garmendia en contra del ministro fiscal, como supervisor de los investigadores en el crimen de Paulina. “(Pese al) voto minoritario de Bussi, que fue por la condena, el resto de los integrantes de la comisión hemos sostenido que es necesario archivar las actuaciones, porque se trata de una imputación genérica de una presunta falta de culpa in vigilando por parte del ministro fiscal, en relación a la actuación de los fiscales intervinientes en el caso ‘Lebbos’. Ya parecía una exageración, y por eso ha sido ya rechazada”, indicó Terán Nougués a Prensa de la Legislatura. Y agregó: “con esto, la comisión de Juicio Político queda con todas sus actuaciones finalizadas”.
Entre los funcionarios judiciales que aparecen en los trámites ayer archivados están el ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis Augusto De Mitri, y el fiscal de Instrucción en lo Penal de la II° Nominación, Carlos Albaca, a quienes se sindicó por un presunto mal desempeño en la investigación del crimen de Paulina Lebbos.
Además, se desechó una imputación similar contra el camarista penal Alberto Piedrabuena, quien intervino en el juicio oral y público que derivó en 13 absoluciones -la mayoría tumbada luego por el alto tribunal local- por el caso de María de los Ángeles Verón.
En alusión a los expedientes referidos a Albaca y a Piedrabuena, se consideró las renuncias condicionadas presentadas por estos magistrados -ambas ya fueron aceptadas por el gobernador, José Alperovich- para acogerse a la la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En cuanto a De Mitri, el alperovichismo valoró como “una exageración” que se lo considere eventualmente responsable de los presuntos errores en la pesquisa. El opositor Ricardo Bussi (FR) votó a favor de continuar contra otro proceso; los dos anteriores fueron rechazados por unanimidad.
La comisión de Juicio Político, que preside el oficialista Sisto Terán Nougués, se reunió ayer en la Legislatura para analizar cuatro presentaciones. Participaron además de la discusión Carlos Issa Assán, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro, Iván Llorens Dip, Alfredo Quinteros (todos del bloque “Tucumán Crece”); Nancy Bulacio (PT); y Bussi (FR).
“Teníamos varios temas a tratar. En primer lugar, nos llegó la renuncia aceptada del (camarista) Alberto Piedrabuena”, detalló Terán Nougués. El vocal de la Sala II de la Cámara Penal intervino en diciembre de 2012 en el juicio por el caso “Verón”. Tras las absoluciones, la madre de la víctima, Susana Trimarco, lo acusó en la Legislatura, al igual que a los vocales Emilio Herrera Molina (ya jubilado) y Eduardo Romero Lascano (el avance de su proceso está atado a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Ayer, el comité parlamentario envió notas a Piedrabuena, al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y al titular del Jury de Enjuiciamiento, Daniel Posse, para notificarlos sobre el archivo del trámite, que ya había sido elevado el órgano de destitución de magistrados.
También se desechó el proceso contra el fiscal Albaca, quien llevó la investigación del crimen de Paulina durante casi siete años. “La comisión sacó una resolución en la que, por unanimidad, hemos dado por terminadas las actuaciones en función del artículo 15 de la ley de Procedimiento de Juicio Político (...) Esta norma prevé que, producida la renuncia -y aceptada- a un magistrado, (el trámite) debe concluir de inmediato, porque el único objeto del proceso es la remoción del mismo”, dijo Terán Nougués.
Aclaró que se desestimaron otros dos procesos, que abarcaban a De Mitri, y a tres fiscales de Instrucción en lo Penal. El planteo había sido realizado por una mujer, quien cuestionaba el servicio de justicia. “(Esta presentación) no reunía los requisitos formales para ser entendida como causa de juicio político, y también por unanimidad la hemos rechazado”, dijo.
La polémica se produjo cuando se trató la acusación del legislador macrista Alberto Colombres Garmendia en contra del ministro fiscal, como supervisor de los investigadores en el crimen de Paulina. “(Pese al) voto minoritario de Bussi, que fue por la condena, el resto de los integrantes de la comisión hemos sostenido que es necesario archivar las actuaciones, porque se trata de una imputación genérica de una presunta falta de culpa in vigilando por parte del ministro fiscal, en relación a la actuación de los fiscales intervinientes en el caso ‘Lebbos’. Ya parecía una exageración, y por eso ha sido ya rechazada”, indicó Terán Nougués a Prensa de la Legislatura. Y agregó: “con esto, la comisión de Juicio Político queda con todas sus actuaciones finalizadas”.
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