10 Abril 2014
BRASILIA.- A seis meses de los comicios generales en los que la presidenta Dilma Rousseff buscará la reelección, legisladores oficialistas y opositores libran una guerra en el Congreso de Brasil, en torno a la apertura de investigaciones sobre denuncias mutuas de corrupción. La batalla se inició después de que la minoritaria oposición lograra obtener en marzo suficiente apoyo de disidentes del bloque oficialista para convocar una comisión parlamentaria de investigación (CPI) sobre sospechas de irregularidades practicadas por la petrolera Petrobras, controlada por el Estado.
Las investigaciones se concentrarían principalmente en la compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos, que había sido adquirida en 2005 por el grupo belga Astra Oil por U$S 42,5 millones y cuyo control accionario pasó en los años siguientes a Petrobras por un valor de por lo menos U$S 1.180 millones.
Además, los opositores desean investigar el proyecto de la Refinería Abreu e Lima en construcción en Pernambuco, que por la propuesta original costaría U$S 2.000 millones y debía estar operativa en 2011, pero que se inaugurada este año, a un costo de U$S 18.000 millones. La planta empezó a ser construida en base a un acuerdo firmado entre los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, en base al cual la petrolera venezolana Pdvsa aportaría un 40 % de su costo.
No obstante, el acuerdo jamás se concretó, y Petrobras debió financiar la totalidad del proyecto, además de adaptarlo a las necesidades brasileñas de refinación de crudo. La CPI también se dedicará a confirmar las denuncias de prensa según las cuales funcionarios de Petrobras recibieron sobornos de la empresa holandesa SBM Offshore, y a investigar al ex director de la petrolera Paulo Roberto Costa, arrestado hace una semana por la policía federal en el marco de un operativo para desmantelar una red ilegal de lavado de dinero.
Los legisladores oficialistas sostienen que la propuesta de CPI tiene objetivos políticos y electorales y se propone debilitar la reelección de Rousseff, apuntada por las encuestas como la favorita a ganar los comicios de octubre.
Ante la imposibilidad de evitar la instalación de la CPI, los aliados del gobierno lograron aprobar en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) una propuesta por la cual las investigaciones no se limitarían a Petrobras, sino que alcanzarían también escándalos que afectan a políticos opositores.
Así serían investigadas las denuncias sobre actuación de un cartel de empresas transnacionales en licitaciones de transporte ferroviario realizadas en el estado de Sao Paulo, gobernado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que buscará la Presidencia en octubre a través del senador Aecio Neves. (DPA)
Las investigaciones se concentrarían principalmente en la compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos, que había sido adquirida en 2005 por el grupo belga Astra Oil por U$S 42,5 millones y cuyo control accionario pasó en los años siguientes a Petrobras por un valor de por lo menos U$S 1.180 millones.
Además, los opositores desean investigar el proyecto de la Refinería Abreu e Lima en construcción en Pernambuco, que por la propuesta original costaría U$S 2.000 millones y debía estar operativa en 2011, pero que se inaugurada este año, a un costo de U$S 18.000 millones. La planta empezó a ser construida en base a un acuerdo firmado entre los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, en base al cual la petrolera venezolana Pdvsa aportaría un 40 % de su costo.
No obstante, el acuerdo jamás se concretó, y Petrobras debió financiar la totalidad del proyecto, además de adaptarlo a las necesidades brasileñas de refinación de crudo. La CPI también se dedicará a confirmar las denuncias de prensa según las cuales funcionarios de Petrobras recibieron sobornos de la empresa holandesa SBM Offshore, y a investigar al ex director de la petrolera Paulo Roberto Costa, arrestado hace una semana por la policía federal en el marco de un operativo para desmantelar una red ilegal de lavado de dinero.
Los legisladores oficialistas sostienen que la propuesta de CPI tiene objetivos políticos y electorales y se propone debilitar la reelección de Rousseff, apuntada por las encuestas como la favorita a ganar los comicios de octubre.
Ante la imposibilidad de evitar la instalación de la CPI, los aliados del gobierno lograron aprobar en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) una propuesta por la cual las investigaciones no se limitarían a Petrobras, sino que alcanzarían también escándalos que afectan a políticos opositores.
Así serían investigadas las denuncias sobre actuación de un cartel de empresas transnacionales en licitaciones de transporte ferroviario realizadas en el estado de Sao Paulo, gobernado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que buscará la Presidencia en octubre a través del senador Aecio Neves. (DPA)
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