Por Marcelo Aguaysol
30 Abril 2014
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas es una denominación técnica. Más bien, a la reprogramación trimestral del endeudamiento público debería llamarse “Plan Control Total”. Con solo observar los anexos al convenio que suscribirá la Casa Rosada con cada uno de los gobernadores de las jurisdicciones más endeudadas del país, puede observarse que la ecuación cierra: más datos centralizados, más control con un sinfín de detalles. Y todo por el mismo precio: un poco más de plazo para no pagarle al Gobierno nacional la cuotaparte de los préstamos que otorgó para, por ejemplo, retirar las cuasimonedas, pesificar bonos, ejecutar obras públicas o, simplemente, abonar gastos corrientes.
El convenio anunciado el lunes por la presidenta Cristina Fernández se parece más a una libreta de ese viejo almacenero que te fiaba mientras sostenía la conducta de pago, pero que te castigaba cuando no cumplías el acuerdo. Nada estructural; sólo una ayuda coyuntural. Sucede que a la gestión de la presidenta Cristina Fernández -y la mayoría de los mandatarios firmantes- se le está acabando el tiempo. Y, por eso, dosifica la asistencia o los períodos de gracia para la cancelación de obligaciones financieras a cambio de apoyos políticos.
Por $ 92 millones trimestrales, según admitió a LA GACETA el propio gobernador, José Alperovich, Tucumán -entre las 17 provincias que adhirieron al régimen- deberán detallarle a la Rosada la cantidad de empleados que cuentan o pretenden contar desde el 30 de junio hasta el 31 de diciembre próximo. Pero hay más:
• El Gobierno nacional ha puesto particular énfasis en el sector Seguridad. Por eso, ordenó a los gobernadores que informen cargos testigo del escalafón seguridad. Esto, según la resolución 108 del Ministerio de Economía de la Nación comprende información de los cargos (o equivalentes) de: agente con cuatro años de antigüedad, cabo de cinco años de antigüedad, oficial Inspector con 10 años de antigüedad y comisario Inspector con 20 años de antigüedad. “La información deberá ser remitida dentro de los 45 días de finalizado el trimestre. Y deberá corresponder a marzo, junio, septiembre y diciembre”, dice el texto.
• El kirchnerismo también quiere saber qué sectores de la economía son más beneficiados que otros a la hora de pagar impuestos. Por eso, uno de los anexos del acuerdo fiscal establecer el pedido de un detalle -por actividad- sobre las alícuotas que se aplican tanto para Ingresos Brutos como para el impuesto a los Sellos. De paso, vaya un cruce de control por si algún dato se le escapó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o si el contribuyente lo omitió en la declaración jurada.
• Va una tercera: la fiscalización del alcance del Programa Progresar, es decir, si los jóvenes de 18 a 24 años se han matriculado en establecimientos educativos; la oferta educativa (escuelas, centros de formación profesional, sedes de Plan Fides y de cursos de introducción al trabajo) y de cuidados infantiles.
• Pero hay más: los gobernadores deben fiscalizar el cumplimiento del plan “Precios Cuidados”. Algo contradictorio: destinar inspectores al control en góndolas, pero no profesionales y técnicos capaces de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán, ese que se dejó de difundir -pero no de medir- allá por 2008, cuando la Nación profundizó la intervención al Indec.
Con tantos pedidos quedan al desnudo algunas situaciones: por una cuestión de necesidad, los gobernadores están dispuestos a resignar facultades. En esta Argentina, el federalismo sigue patas para arriba: se centraliza el poder y se delegan responsabilidades sin partidas específicas. La historia de siempre.
El convenio anunciado el lunes por la presidenta Cristina Fernández se parece más a una libreta de ese viejo almacenero que te fiaba mientras sostenía la conducta de pago, pero que te castigaba cuando no cumplías el acuerdo. Nada estructural; sólo una ayuda coyuntural. Sucede que a la gestión de la presidenta Cristina Fernández -y la mayoría de los mandatarios firmantes- se le está acabando el tiempo. Y, por eso, dosifica la asistencia o los períodos de gracia para la cancelación de obligaciones financieras a cambio de apoyos políticos.
Por $ 92 millones trimestrales, según admitió a LA GACETA el propio gobernador, José Alperovich, Tucumán -entre las 17 provincias que adhirieron al régimen- deberán detallarle a la Rosada la cantidad de empleados que cuentan o pretenden contar desde el 30 de junio hasta el 31 de diciembre próximo. Pero hay más:
• El Gobierno nacional ha puesto particular énfasis en el sector Seguridad. Por eso, ordenó a los gobernadores que informen cargos testigo del escalafón seguridad. Esto, según la resolución 108 del Ministerio de Economía de la Nación comprende información de los cargos (o equivalentes) de: agente con cuatro años de antigüedad, cabo de cinco años de antigüedad, oficial Inspector con 10 años de antigüedad y comisario Inspector con 20 años de antigüedad. “La información deberá ser remitida dentro de los 45 días de finalizado el trimestre. Y deberá corresponder a marzo, junio, septiembre y diciembre”, dice el texto.
• El kirchnerismo también quiere saber qué sectores de la economía son más beneficiados que otros a la hora de pagar impuestos. Por eso, uno de los anexos del acuerdo fiscal establecer el pedido de un detalle -por actividad- sobre las alícuotas que se aplican tanto para Ingresos Brutos como para el impuesto a los Sellos. De paso, vaya un cruce de control por si algún dato se le escapó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o si el contribuyente lo omitió en la declaración jurada.
• Va una tercera: la fiscalización del alcance del Programa Progresar, es decir, si los jóvenes de 18 a 24 años se han matriculado en establecimientos educativos; la oferta educativa (escuelas, centros de formación profesional, sedes de Plan Fides y de cursos de introducción al trabajo) y de cuidados infantiles.
• Pero hay más: los gobernadores deben fiscalizar el cumplimiento del plan “Precios Cuidados”. Algo contradictorio: destinar inspectores al control en góndolas, pero no profesionales y técnicos capaces de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tucumán, ese que se dejó de difundir -pero no de medir- allá por 2008, cuando la Nación profundizó la intervención al Indec.
Con tantos pedidos quedan al desnudo algunas situaciones: por una cuestión de necesidad, los gobernadores están dispuestos a resignar facultades. En esta Argentina, el federalismo sigue patas para arriba: se centraliza el poder y se delegan responsabilidades sin partidas específicas. La historia de siempre.
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