Escenario y perspectivas de la economía

BUENOS AIRES.- Si un plan de pagos a 20 años tiene que ser refinanciado a los tres meses de su firma, es evidente que el deudor atraviesa por problemas serios. Pero si además la supervivencia de ese deudor depende de las transferencias que periódicamente le manda su acreedor, el asunto pasa a ser insoluble.

Lo que acaba de describirse no es el borrador de una mala adaptación de El Mercader de Venecia a los tiempos actuales, sino la síntesis de la enésima renegociación de las deudas provinciales con la Nación, anunciada pomposamente por cadena nacional el lunes pasado.

El Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas -último de varios intentos consistentes en que el creador del problema se ofrece para solucionarlo- fue lanzado el 10 de mayo de 2010. Ese día, la presidenta Cristina Fernández intentó hacer una propuesta lo más seductora posible y puntualizó que en las cuotas no se aplicaría el CER. Nadie pudo preguntarle entonces cuál era la ventaja en un país en el que supuestamente no había inflación y en consecuencia nada que indexar. La deuda reestructurada ascendía a $ 65.500 millones.

Un gobernador salió presuroso a apoyar el plan y asegurar que representaba un “alivio significativo” para el interior. Era Jorge Capitanich, que repitió la frase tres años y medio después, ya en su rol de jefe de Gabinete. Era diciembre de 2013 y los compromisos alcanzaban $ 77.300 millones. Por medio de un nuevo “alivio significativo” se los redujo a $ 66.300 millones.

Pero la eliminación del CER, la quita de nada menos que $ 11.000 millones de capital y la aplicación de una tasa del 6% anual en pesos no son “alivios significativos” que puedan disimular una deficiencia de base: la falta de correspondencia entre el derecho de gastar y la obligación de recaudar.

A grandes rasgos, las provincias gastan uno de cada dos pesos en el consolidado nacional, pero recaudan apenas uno de cada cuatro. La ecuación es insostenible no ya en el largo plazo, sino para hacer frente al menor reclamo salarial. Y como las provincias tienen a su cargo la mayor parte de los servicios de educación, salud y seguridad, cada tanto (marzo con los docentes, junio y diciembre con los aguinaldos, meses variables con los policías) se enfrentan a un problema que, a diferencia de la frase de Marx, se repite como una tragedia. Los muertos en los saqueos de diciembre del año pasado podrían dar fe de que no es una exageración.

Una tragedia de la que no hay salida en el perverso esquema señalado, con un desbalance entre gasto y recaudación que ya lleva ocho décadas y del que la dirigencia política en su conjunto parece no tomar nota. Por el contrario, se toma como un hecho natural que el sueldo de un barrendero de Clorinda o un preceptor de Ushuaia dependa de transferencias hechas desde Plaza de Mayo. Y se lo llama “federalismo”.

Las supuestas soluciones sólo aportan más problemas. Para hacer frente a sus gastos, periódicamente las provincias sancionan “reformas impositivas” que elevan la presión tributaria a niveles sin precedentes y, como tampoco eso les alcanza, deben recurrir al auxilio del Estado nacional.

Extraña paradoja de un Gobierno que hizo de su repudio al FMI una bandera y repite a escala doméstica los mismos vicios que critica. Con un absurdo agravante: en la particular característica del federalismo argentino, las provincias delegan su facultad de crear y recaudar impuestos en la Nación mediante la coparticipación federal. De lo que solo cabe llegar a la conclusión que la Nación le refinancia a las provincias deudas por recursos que en definitiva son de ellas. Todo con roll over incluido cada 90 días. Al menos, los stand by duraban más. Y si no se cumplen con los requisitos, un waiver no se le niega a nadie.

Y como con el Fondo Monetario, este programa está condenado a simplemente aliviar urgencias de corto plazo. Se proyecta para fines de 2014 un déficit financiero provincial consolidado superior a los $ 43.000 millones que el programa no alcanzará a mitigar. Con una inflación creciente, las provincias se enfrentarán de ahora en más a la presión de tener que abordar los pedidos de aumentos salariales de sus empleados públicos, sin el auxilio de la emisión monetaria del Banco Central. Al que aún guarde la esperanza de que la refinanciación que se anunció pueda servir para algo, se le recomienda revisar la situación financiera de cada provincia desde mayo de 2010, cuando comenzó el programa. O esperar hasta diciembre, cuando se anuncie el enésimo “alivio significativo”.