Por Marcelo Aguaysol
11 Mayo 2014
¿Qué le falta a la séptima moratoria de la gestión del gobernador José Alperovich para que alumbre? Papel. Sí, leyó bien. Es posible que dentro de un mes, la Dirección General de Rentas ponga en marcha el plan de facilidades de pago para deudores de impuestos provinciales.
En tiempos en que las redes sociales y la informática dominan el escenario, los organismos públicos necesitan papeles para hacer, asentar y registrar los trámites. Y el propio Estado está chocando con la realidad que prefirió mirarla de reojo y, en muchos casos, ignorarla: la incidencia de la inflación en el desenvolvimiento de las finanzas públicas. Así como esa misma inflación licúa la deuda, del mismo modo incrementa el gasto. Y, a veces, impide el desarrollo habitual de la gestión. Por caso, un proveedor de papeles del Estado debe esperar entre cuatro y seis meses desde que participa de una licitación hasta que recibe el pago de sus servicios. Al final del camino pierde con la inflación galopante y, en consecuencia, decide no participar de aquellos procesos licitatorios. Ergo, el Estado se queda sin papel como insumo.
En tiempos normales, Rentas puede utilizar 110.000 hojas en formularios y otros papeles membretados; pero en períodos de moratoria esa cifra suele triplicarse y hasta cuadruplicarse. No es un problema dinerario, sino de provisión frenada por inflación. ¿Qué hará el Poder Ejecutivo ante esta situación? Es posible que, esta semana, el Ministerio de Economía dicte un decreto estableciendo un sistema de adquisición de papelería, similar al que se aplica para la provisión de las boletas de sueldos de unos 75.000 empleados públicos. O como se hace para adquirir combustible para determinadas reparticiones públicas, de tal manera de contar con el insumo cuanto antes y a precio actual.
Los dirigentes de la Federación Económica de Tucumán (FET), que el jueves visitaron al ministro de Economía, Jorge Jiménez, se quedaron atónitos al escuchar de boca del funcionario los problemas que tenía el Gobierno para abastecerse de insumos. Los empresarios fueron a pedirle que se consensúe con ellos el proyecto de moratoria. Esto no sucederá. Jiménez suele decir que el Ejecutivo no puede ceder el poder de imperio para generar impuestos.
De cualquier manera, esta semana que arranca estará esbozado el proyecto de ley del nuevo régimen de facilidades de pagos de la Dirección General de Rentas para ser enviado a la Legislatura.
¿Qué características tendría? Según la Casa de Gobierno será casi similar a las anteriores moratorias con algunos lineamientos generales:
• El régimen excepcional de pagos tendrá un margen de hasta 48 cuotas mensuales y consecutivas, según la deuda del contribuyente.
• El Gobierno definirá esta semana si se tomará en cuenta las deudas vencidas a fines de 2013 o si se lo extenderá para obligaciones expiradas a fines de marzo pasado.
• La nueva moratoria puede reportarle al fisco un ingreso adicional de unos $ 250 millones para el caso de los pequeños y medianos contribuyentes. En el caso de los grandes, los impuestos impagos superan los $ 300 millones.
• El plan de pagos se habilitará durante 60 días, con posibilidad de renovación. Se permitirá el reenganche impositivo.
En tiempos en que las redes sociales y la informática dominan el escenario, los organismos públicos necesitan papeles para hacer, asentar y registrar los trámites. Y el propio Estado está chocando con la realidad que prefirió mirarla de reojo y, en muchos casos, ignorarla: la incidencia de la inflación en el desenvolvimiento de las finanzas públicas. Así como esa misma inflación licúa la deuda, del mismo modo incrementa el gasto. Y, a veces, impide el desarrollo habitual de la gestión. Por caso, un proveedor de papeles del Estado debe esperar entre cuatro y seis meses desde que participa de una licitación hasta que recibe el pago de sus servicios. Al final del camino pierde con la inflación galopante y, en consecuencia, decide no participar de aquellos procesos licitatorios. Ergo, el Estado se queda sin papel como insumo.
En tiempos normales, Rentas puede utilizar 110.000 hojas en formularios y otros papeles membretados; pero en períodos de moratoria esa cifra suele triplicarse y hasta cuadruplicarse. No es un problema dinerario, sino de provisión frenada por inflación. ¿Qué hará el Poder Ejecutivo ante esta situación? Es posible que, esta semana, el Ministerio de Economía dicte un decreto estableciendo un sistema de adquisición de papelería, similar al que se aplica para la provisión de las boletas de sueldos de unos 75.000 empleados públicos. O como se hace para adquirir combustible para determinadas reparticiones públicas, de tal manera de contar con el insumo cuanto antes y a precio actual.
Los dirigentes de la Federación Económica de Tucumán (FET), que el jueves visitaron al ministro de Economía, Jorge Jiménez, se quedaron atónitos al escuchar de boca del funcionario los problemas que tenía el Gobierno para abastecerse de insumos. Los empresarios fueron a pedirle que se consensúe con ellos el proyecto de moratoria. Esto no sucederá. Jiménez suele decir que el Ejecutivo no puede ceder el poder de imperio para generar impuestos.
De cualquier manera, esta semana que arranca estará esbozado el proyecto de ley del nuevo régimen de facilidades de pagos de la Dirección General de Rentas para ser enviado a la Legislatura.
¿Qué características tendría? Según la Casa de Gobierno será casi similar a las anteriores moratorias con algunos lineamientos generales:
• El régimen excepcional de pagos tendrá un margen de hasta 48 cuotas mensuales y consecutivas, según la deuda del contribuyente.
• El Gobierno definirá esta semana si se tomará en cuenta las deudas vencidas a fines de 2013 o si se lo extenderá para obligaciones expiradas a fines de marzo pasado.
• La nueva moratoria puede reportarle al fisco un ingreso adicional de unos $ 250 millones para el caso de los pequeños y medianos contribuyentes. En el caso de los grandes, los impuestos impagos superan los $ 300 millones.
• El plan de pagos se habilitará durante 60 días, con posibilidad de renovación. Se permitirá el reenganche impositivo.
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