No podrán venderse motos sin patente ni seguros

Alperovichistas, amayistas, massistas y opositores. En tiempo de internas y de cruces políticos, todos los concejales coincidieron en que la inseguridad es crítica en San Miguel de Tucumán y la provincia. Sucedió durante la sesión de ayer del Concejo Deliberante capitalino, en el contexto del tratamiento de una ordenanza que prevé ayudar a evitar los llamados motoarrebatos. Por unanimidad, los ediles aprobaron la norma que prohíbe a las concesionarias de venta de motos la entrega de las unidades sin las chapas patente ni los seguros correspondientes.

“El municipio no es el responsable primario de la seguridad, pero tenemos que colaborar”, consignó el alperovichista Ignacio Golobisky al brindar los detalles de su iniciativa. El texto sancionado prevé multas de $ 10.000 (por el incumplimiento) y $ 25.000 (por la reincidencia) y las clausuras temporaria o definitiva de los establecimientos.

El opositor Claudio Viña (Fuerza Republicana) aclaró que no coincidía con los términos de la norma, pero celebró que las problemáticas derivadas de la gran cantidad de motos que circulan en la capital se traten en el recinto. Recordó que durante 2013, la ciudad lideró el ranking nacional de cantidad de motos patentadas (31.100 vehículos según la Asociación Argentina de Motovehículos). “Esta medida sólo demorará la entrega. Se requiere una política de Estado integral. Las motos son elementos aptos para los delitos, para accidentes e infracciones permanentes”, subrayó el bussista.

El massista Esteban Dumit opinó que la iniciativa sumará para “restringir la locura de la inseguridad. Es un límite para el expendio indiscriminado de vehículos”.

La decisión del cuerpo se concretó en pleno debate por las restricciones y controles a los que deberían ser sometidos los motociclistas. En la comisión de Seguridad de la Legislatura provincial, en paralelo, están en discusión iniciativas que estipulan desde limitar la cantidad de pasajeros en las motos hasta prohibir la venta de combustible a conductores sin casco.

Crisis y facilidades
Los contribuyentes que no estén al día con los tributos municipales estarán de parabienes. El Concejo avaló ayer también la iniciativa de la Municipalidad para la puesta en marcha de un “régimen de regularización tributaria”. La moratoria regirá durante 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Sin embargo, podrá ser prorrogada por 90 más.

Golobisky, presidente de la comisión de Hacienda, explicó que abarcará a todos los gravámenes y que las deudas se podrán cancelar hasta en 30 cuotas. De acuerdo con el texto, que fue aprobado por unanimidad, los porcentajes de descuentos en los intereses varían de acuerdo al número de cuotas: tres cuotas (100%), 12 cuotas (70%), 24 cuotas (50%), 30 cuotas (30%). Los intereses, en tanto, se ubican entre el 1,5% y el 2,5%.

El último plan de facilidades había sido en 2012. El secretario de Hacienda municipal, Silvio Bellomío, aseguró a LA GACETA que implementarán el programa no porque la cartera de morosos fuera numerosa, sino para que los ciudadanos que están teniendo dificultades puedan afrontar los pagos que deben. “Notamos que a los contribuyentes se les está complicando el cumplimiento. Algunos tienen deudas que no están firmes y, para evitar que sumen, se establece esta forma de pago. Sufren los efectos de la inflación y de la devaluación. En cuanto al Tributo Económico, hay actividades que tuvieron un alto impacto como las concesionarias de vehículos, están entre las más emblemáticas”, especificó.

Afirmó que en el CISI -el tributo sobre los inmuebles- el cumplimiento es mayor al 60%. “En este caso, procuramos recuperar los contribuyentes que están fuera del sistema. Hay algunos con planes (de moratorias) anteriores que también se podrán refinanciar”, adelantó. Resaltó que la mayoría de las diferencias con 2012 son técnicas. Destacó, sin embargo, que los vecinos que paguen el plan mediante el sistema de débito automático recibirán descuentos del 50% en los intereses.

Polémica interna
La concejala Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI), con el acompañamiento de otros opositores, llevó al recinto un reclamo coincidente con una queja que ediles amayistas ya habían expresado a LA GACETA durante la semana. Eloy del Pino, Christian Rodríguez, Oscar Cano y José Franco habían manifestado que la Provincia no había entregado computadoras del plan nacional “Conectar Igualdad” a los estudiantes de las dos escuelas secundarias municipales. La demanda había coincidido el lunes con la visita a la provincia del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni.

La opositora consideró que unos 700 alumnos de los establecimientos “Alfonsina Storni” y “Gabriela Mistral” son “rehenes” de una interna política entre los sectores del oficialismo que lideran el intendente Domingo Amaya y el gobernador José Alperovich.

Manzone recordó que mediante otra ordenanza, en 2012 el cuerpo había encomendado al Departamento Ejecutivo que gestionara la entrega de las computadoras.

El nuevo proyecto, que insiste con esta inquietud, fue aprobado por todo el cuerpo. En su primer artículo insta a la Municipalidad y al Gobierno provincial a llevar adelante las acciones para que los chicos reciban el equipamiento. Manzone expresó que, de ser necesario, recurriría a la Justicia.

ECOS DEL RECINTO

- Sesión demorada.- El debate estaba citado para las 9. El recinto, sin embargo, permaneció cerrado hasta las 9.35. El radical José Luis Avignone se paró frente a la puerta de madera y comenzó a golpearla. “¡Este debe ser el único Concejo que permanece cerrado!”, se quejó una vez que le abrieron.

- Código de planeamiento.- Los ediles aprobaron un plan para regularizar las propiedades que infringieron algunas normas del Código de Planeamiento Urbano. El objetivo, explicaron, es que vecinos puedan obtener sus títulos de propiedad.

- Jueza de faltas.- El cuerpo avaló ayer el decreto de la Intendencia que designa como jueza de Faltas a la abogada María Isabel de Fátima Cornalba. Es la quinta vacante que se cubre en lo que va del año.

- Contenedores de basura.- El Concejo aprobó también una norma que requiere al municipio la limpieza y desinfección periódica de los contenedores móviles de basura distribuidos en calles de la ciudad. La autora de la norma, Sandra Manzone, explicó que son cuantiosas las quejas de vecinos por los malos olores y suciedad de esas unidades.

- Censo de baches.- El edil Claudio Viña elevó una propuesta para crear el “censo de baches”. El republicano presentó una nómina con 500 pozos en calles de la capital.

- Cruces por la caja.- El edil Oscar Cano (mercantil) repudió la represión a los empleados bancarios del martes. Su par Javier Morof salió al cruce para requerir “prudencia” y afirmar que los sindicalistas tuvieron actitudes “vandálicas”. La discusión dio pie a que José Franco pidiera celeridad a la Justicia en ello y en la resolución del caso Lebbos. “La sociedad está reclamando que aparezcan los responsables del crimen”, dijo.