La reproducción asistida y una mora legislativa

A quienes han podido concebirlos les puede parecer normal tener hijos, pero hay otros que por distintas razones, tienen dificultades para tener hijos y deben recurrir a tratamientos especiales. El 5 de junio de 2013, cuando se sancionó la ley de Reproducción Médicamente Asistida, los legisladores dijeron que el 80% de los pacientes que no podía acceder a los tratamientos por impedimento económico, podrían hacerlo. Durante la sesión en el Senado de la Nación, se dijo que en el país eran 600 mil las parejas que sufrían este problema, y los tratamientos tenían entonces un costo de hasta $40.000. La Ley N° 26.862, reglamenta en julio pasado, considera técnicas de reproducción médicamente asistida a “todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación”, señala el texto. En el artículo 8 prescribe: “El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661... las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades... incorporarán como prestaciones obligatorias... la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida”.

A más de un año de la sanción, Tucumán sigue sin adherirse a la norma nacional y tampoco sancionó la propia. Dos expertos en fertilización dijeron que las obras sociales nacionales están cumpliendo con la ley, pero en Tucumán, el Subsidio de Salud, que es la obra social con mayor cantidad de afiliados no la cumple y argumenta un “vacío legal”.

La Comisión de Salud de la Legislatura convocó en julio pasado a especialistas médicos, abogados y representantes de obras sociales, incluyendo al Subsidio. El 1 de agosto, se resolvió la adhesión completa a la ley nacional; desde entonces no hubo ningún avance. La presidenta de la Comisión afirmó que para que Tucumán se adhiera a la norma es necesaria una decisión política del Poder Ejecutivo. El expediente yace actualmente como asunto pendiente en la comisión de Labor Parlamentaria, integrada por los presidentes de bloque, que son quienes definen el orden del día del recinto. El delegado regional de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, coincidió con la legisladora que falta decisión política.

Nadie se hace cargo de la inexplicable mora. El ministro de Salud, a través de sus voceros, afirmó que el Ejecutivo no puede hacer nada y que son los legisladores los que deben decidir. Por su parte, el presidente subrogante de la Legislatura dijo que él no puede dar viabilidad al expediente para ser considerado en el recinto y que en todo caso, es responsabilidad de los presidentes de bloque o del Ejecutivo.

Es decir que no solo hay un “vacío legal”, sino también un vacío de autoridad. Lo lamentable es que mientras hay miles de parejas que no pueden acceder a un tratamiento para tener un hijo por una cuestión económica y sufren por ello, nuestros representantes se hacen los distraídos y juegan lastimosamente con la necesidad de estos tucumanos, que les están pagando para que trabajen por el bien común.