BUENOS AIRES.- La conferencia que ofreció Jorge Capitanich el lunes 16 de junio fue una muestra cabal de la improvisación con la que el Gobierno manejó el conflicto con los holdouts. Confiado en un fallo favorable, rescató el “amplio respaldo” que la presidenta Cristina Fernández había recibido el domingo en la Cumbre del Grupo de los 77. La sentencia de la Corte estadounidense ya estaba redactada y firmada, pero Capitanich insistía. “Ni bien se expida la Corte, seguramente el ministro de Economía elaborará un comunicado emitiendo la opinión del Gobierno argentino”. Axel Kicillof no sabía cómo reaccionar: cuando se publicaron estas declaraciones en la página oficial de Presidencia, ya circulaba por todo el planeta la imagen con el “are denied” de los jueces norteamericanos. Apenas dos palabras para echar por tierra con todos los discursos oficiales, colocar a ciertos organismos internacionales afines en el mismo valor que un sello de goma y, además, dejar en claro que las relaciones internacionales no son el fuerte ni del Gobierno ni de la oposición. La Presidenta utilizó la cadena nacional para referirse al problema con una ambigüedad tal como para habilitar análisis en uno u otro sentido. Intentó sumar adhesiones alertando que el fallo afectaba al “sistema económico y financiero global”, pero el mundo parece no haber tomado nota, ya que la cotización de acciones y bonos de todos los países sigue subiendo y bajando como de costumbre, salvo en el país que ella preside.

También aportó su cuota de autosuficiencia al asegurar que la sentencia no la sorprendía. De haber tenido diálogo con su jefe de Gabinete, le habría evitado el papelón de la mañana en el Aeroparque. Y de haberle confiado su pálpito a su ministro de Economía, le habría ahorrado la reunión de 15 horas con el Club de París, la indemnización a Repsol y las negociaciones con el FMI para que alguna vez se apruebe la evaluación de las estadísticas oficiales. Entre la maraña de declaraciones, el negociador de la reestructuración de 2005, Guillermo Nielsen, planteó en su cuenta de Twitter un dilema que hasta el momento nadie respondió: “es imposible un canje sobre Nueva York sin la colaboración de entidades que operan en Nueva York. A estas, Griesa ya les advirtió que les caerá ‘con todo el peso de la ley si ayudan a evadir las decisiones de este Tribunal’. ¿Alguien puede pensar que un banco de NY va a poner en riesgo sus operaciones por contribuir a un canje de cambio de legislación?” Se supone que el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Financiamiento y el cuerpo de abogados que sigue la causa tendrán la respuesta. Al menos, Kicillof aseveró que la cuestión está siendo “estudiada en profundidad”.

Si el cambio de jurisdicción y la modalidad de pago en una eventual renegociación no fueran dos problemas serios, también está el de la falta de fondos para hacer frente a la demanda. Y si el tema se “estudia en profundidad”, la respuesta no puede eludir una referencia a la pésima administración de los recursos públicos en la última década.

En el plano externo, no podía esperarse demasiado de un Gobierno que declara “agotadas las posibilidades de diálogo”... con Uruguay. Las comparaciones serán odiosas, pero todo remite a lo que ocurrió en otro junio de hace 32 años, cuando la dictadura de entonces creyó que con personajes como Manrique, Prémoli y Amalia Fortabat podría presionar y convencer a la ONU y al Departamento de Estado para conseguir apoyos en medio de la Guerra de Malvinas. En esta ocasión, se llevó a una delegación multipartidaria de diputados y senadores a EEUU con el propósito de mostrarle a funcionarios, congresistas y jueces que la Argentina está unida en el reclamo contra los buitres. En la reunión con sus pares norteamericanos, los legisladores argentinos blandieron su arma más poderosa: obsequiaron a cada uno la camiseta de Lionel Messi. “Gustó mucho”, afirmaron.

Quizás el problema haya estado en el talle. A algunos, evidentemente, les queda demasiado grande.

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