En Tucumán ganaron los malos

En estas tres décadas de democracia, Tucumán tal vez nunca tuvo una semana tan perversa como la que hoy termina. Es posible que hayan habido otras tan espantosas, pero no más oprobiosas. Lo de ahora, sin dudas, es parte de lo genuinamente nefasto de nuestra historia reciente. Esta semana no ganaron los buenos. El triunfo, enteramente, ha sido para lo peor.

Los malos, que todo el mal que hacen lo hacen bien, buscaron el mejor momento para disimular su última obra. Decidieron que era ahora, entre el artero triunfo de los fondos buitre en la Justicia de EEUU y el Mundial en Brasil. Arremetieron: el crimen de Paulina Lebbos, asesinada el 26 de febrero de 2006, sigue impune. Pero el fiscal Carlos Albaca, quien actuó con negligencia, indolencia y ligereza en la causa a su cargo durante siete años, según el sumario concluido en el mes pasado, se jubilará con el beneficio de la movilidad y la porcentualidad. No habrá juicio político para el funcionario judicial que, según el expediente instruido por la valiente fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira, no fue diligente tratando de descubrir la verdad con la mayor brevedad sino que dejó que los avatares del proceso amortigüen el dolor y el clamor público, y que el paso del tiempo entretenga la investigación con el consiguiente peligro de que las pruebas se estropeen o se pierdan.

Tampoco habrá proceso de remoción para Luis de Mitri, el ministro fiscal y pupilar, el jefe de Albaca, que en enero de 2013 negaba que la causa “Lebbos” estuviera dormida: “la demora se debe a cuestiones técnicas y no al mal desempeño del fiscal Albaca”. También se jubilará con el 82% móvil él, responsable de vigilar la tarea de los fiscales y el cumplimiento de los plazos procesales, que se dio cuenta este año de que Albaca, con su accionar, demostró que incurrió en conductas que evidencian el incumplimiento de sus deberes, lo que importa mal desempeño y la producción de un menoscabo intolerable en la administración de justicia. No lo había notado antes, dijo, porque jamás había tomado contacto directo con el caso...

La corrompida lógica gobernante, entonces, evolucionó hacia un nuevo estado. Esta semana, Tucumán fue más allá de su indiferencia hacia los atropellos del poder. Antes, los derechos de los ciudadanos eran abusados y no pasaba nada. Ahora, en cambio, hay recompensa para los perpetradores. Eso deja la democracia pavimentadora y sus estadistas de cuneta: en la Cuna de la Independencia, en vísperas del bicentenario más glorioso de la patria, acaban de fundar la República a la Menos 1.

Complicidad legislativa

El principio rector de la República a la Menos 1 es la consagración de la irresponsabilidad. Pero no en lo referido al manejo de una fiscalía de instrucción donde una auditoría acaba de encontrar sobres abiertos con 30.000 dólares; una base de datos informática poco confiable; oficios remitidos a la Policía sin cargo de ingreso colocado; 556 diligencias sin agregar a sus respectivas causas; 425 sumarios policiales recibidos sin trámite; datos informados a Dirección de Estadística distintos de los registrados en el despacho; y un baño como depósito. La consagración de la irresponsabilidad refiere a que, aquí, los responsables de la tragedia institucional jamás son declarados como tales. Por el contrario, a ellos sólo les espera una vida de privilegios.

Para eso, antes que tres poderes independientes que se contrapesan, hay un concierto de voluntades desde esas esferas institucionales.

Albaca puede jubilarse a lo grande gracias a que los 11 legisladores alperovichistas de la comisión de Juicio Político así lo quieren. En una de las más desvergonzadas decisiones legislativas de las que se tenga memoria, esos parlamentarios resolvieron en febrero archivar los planteos de destitución planteados por la UCR y el PRO, porque el fiscal había presentado una renuncia condicionada a la obtención del beneficio provisional. Fue una decisión que injurió cualquier razón: no puede un proceso de remoción frenarse por una dimisión condicional, porque si la premisa jubilatoria no se cumple, el funcionario no se retira. Eso fue lo que pasó: en mayo se conoció que Albaca no reunía las condiciones para jubilarse cuando presentó esa dimisión. En la próxima reforma de la Constitución Nacional podrían pedir, para atenuar estridencias, que la idoneidad ya no sea el solo requisito para desempeñar un cargo público: se ve que es mucho pedir.

El PRO insistió con guapeza con su pedido para destituir a Albaca, pero ya nada había por hacer: el oficialismo, otra vez, había hecho bien su mal. El radicalismo, ni eso: argumentó, en un alarde de ignorancia del derecho, que volver a presentar el planteo de enjuiciamiento anulaba el proceso porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Nadie le había dicho que el archivo de un expediente no produce estado. ¿Quién asesora al centenario partido? ¿La Fiscalía II°?

Gracias a la mano de los alperovichistas, el fiscal había ganado tres meses. En ese lapso, quien no ordenó su despacho sí acomodó su pasado previsional. Ahora, luego de una vida tribunalicia sin pagar impuesto a las ganancias, se va a descansar con el 82% móvil. Ese beneficio que el alperovichismo niega a los jubilados de la plaza que quedan y siguen marchando. Tal vez si esos pasivos probaran bastardeando una causa y negando justicia a una víctima y a su familia, tendrían más suerte en la República a la Menos 1.

Apañamiento ejecutivo

El Ejecutivo también tuvo un papel clave en la maniobra que le dio a Albaca el tiempo que necesitaba. José Alperovich no demoró un instante en aceptar la renuncia condicionada. Y cuando la Corte local dictó la acordada de mayo informándole que el fiscal no estaba en condiciones de acogerse al beneficio previsional, demoró una eternidad en dejar sin efecto la aceptación de la dimisión. Es más, el fiscal terminó jubilándose sin tener que repetir ese trámite.

La manera cómo procedieron con Albaca resignifica al alperovichismo. Cuando un proveedor del Estado dijo que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo le había prometido más obras públicas en compensación por presuntos trabajos impagos en la residencia particular de Mariana Alperovich, el gobernador denunció amarga y airadamente que estaban tratando de infamar a su hija. Agregó que meterse con su familia era cruzar todos los límites. Si eso es comprensible, lo inentendible es que el mismo mandatario allanara política y administrativamente el camino para que el fiscal que trató de “intrépida sexual” a una madre asesinada por asfixia mediante estrangulamiento manual pueda vivir con una mensualidad previsional (según estima el diputado José Cano) rayana en los $ 53.000.

Corporativismo judicial

El Poder Judicial también aportó a la República a la Menos 1. La Corte sumarió a Albaca y determinó que incurrió en reiteradas irregularidades, retrasos inexplicables, inacción infundada, que afectaron en forma esencial la adecuada resolución de los hechos del caso (de Paulina). Sin embargo, nunca pidió su destitución, como sí lo había hecho en 2009 contra la entonces fiscala del centro judicial de Concepción, Eva Frías de Ruiz, por considerar que ella “incurrió, en forma reiterada, en falta de cumplimiento de las funciones a su cargo”.

El superior tribunal optó por pedir a un juez que investigara si hubo delito. Entonces, nueve fiscales se excusaron de actuar. Una llegó a explicar que era mucho trabajo porque había que leer más de 40 cuerpos de expediente. Porque importan esos cuerpos y no el de Paulina. Y cuando el fiscal Carlos Sale marcó la diferencia y se hizo cargo, el magistrado Juan Francisco Pisa (“El juez fiel” descrito por Irene Benito en su Panorama Tucumano del miércoles 11) declaró la nulidad del acto que le requería investigar si Albaca delinquió mientras tuvo a su cargo la causa “Lebbos”.

El padre de la víctima manifestó que se había quebrado su confianza en el juez; por lo que Pisa se apartó del expediente. Alegó violencia moral. ¿Cómo se llama lo que sufre Lebbos, entonces? ¿Cómo se denomina el hecho de tener desaparecida una hija por 15 días y que la Policía sólo finja buscarla? ¿Cómo se califica la aparición del cuerpo de esa comprovinciana, salvajemente mutilado, pero previamente lavado y depositado en una escena luego adulterada? ¿Y la falsificación de actas policiales y el “apriete” para que los testigos mientan? ¿Cómo hay que nominar la circunstancia en que, luego de años de impunidad, el que debía esclarecer el crimen y barajó la hipótesis de “los hijos del poder” (según el informe de Albaca a la Corte en 2013) diga que tal vez la víctima se suicidó? ¿Cuál es el nombre para la situación en que ese fiscal se jubila con una renta anual de $ 600.000?

Fantasma tucumano

Tucumán se perfila como la capital de la impunidad. Con estoica dignidad, Alberto Lebbos ha ido al Congreso ha exponer la tragedia de su hija. Lo recibieron quienes hoy son opositores. ¿Y si en 2015 muchos de ellos son oficialismo? ¿Y si el año que viene ya pueden hacer lo que hoy no consiguen?

El fantasma de Paulina perseguirá esta provincia más allá del alperovichismo. Está bien que así sea. Y aunque los que hacen bien el mal ganaron esta semana, hay algo que no han podido ocultar: la complicidad ya es manifiesta. Pública. Notoria. Claro que siempre hará falta la palabra de la Justicia. Pero después de todo esto, en verdad, ya es tan poco lo que hace falta probar...

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