24 Junio 2014
La pelea entre la Asociación Bancaria y el Gobierno de la provincia podría disminuir en intensidad con el paso de los días, aunque no de manera definitiva. Una tregua entre las partes en pugna se avizora en un horizonte no muy lejano, ante la clara posibilidad de que los 36 trabajadores que fueron desvinculados de la Caja Popular de Ahorros sean absorbidos por los 18 bancos nacionales que operan en Tucumán.
Esta probabilidad comenzó a tomar fuerza durante los últimos días, a raíz de un rumor que comenzó a circular por los corrillos políticos locales. Pero ayer se materializó durante una reunión que mantuvieron dirigentes nacionales de La Bancaria junto con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y con representantes de las entidades financieras de todo el país. En ese encuentro, los banqueros que presiden los bancos que tienen sucursales en Tucumán expresaron que estarían dispuestos a tomar a los 36 trabajadores a los que no se les renovó el contrato laboral.
En diálogo con la LA GACETA, el máximo representante de La Bancaria en la provincia, Carlos Cisneros, confirmó que las negociaciones entre las partes están avanzadas. Indicó que se aplicará la misma modalidad que se utilizó años atrás cuando las AFJP pasaron a manos del Estado y muchos trabajadores quedaron en la calle. En ese momento, el Ministerio de Trabajo de la Nación implementó un sistema destinado a que los empleados de las AFJP que habían quedado sin trabajo sean absorbidos por varios organismos del Estado. En este caso serán los bancos los que aprobarán el ingreso de los empleados que fueron despedidos.
“Es muy probable que antes del fin de semana se firme un acta entre las partes (Gobierno, Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos de Argentina) para que las 18 entidades financieras que hay en Tucumán se comprometan en un tiempo de 30 días a tomar a los trabajadores. Se dispondría de esos días para que los compañeros puedan hacerse los exámenes preocupacionales”, adelantó Cisneros, quien también ocupa un cargo en la mesa nacional de la organización gremial. “Creo que a los bancos y al Gobierno les preocupa el paro nacional que tenemos previsto convocar para el 3 de julio. Nosotros tenemos pronto un congreso gremial, y es muy factible que se decrete el paro. Pero si hay una pronta solución para con los compañeros podríamos rever esa medida de fuerza”, planteó el sindicalista.
“Queremos destacar la buena voluntad del ministro de Trabajo de la Nación (Carlos Tomada) y del jefe de Gabinete (Jorge Capitanich), quienes en todo momento se abocaron a solucionar el conflicto. Lo que sí puedo decir es que las negociaciones están muy avanzadas. Si bien se soluciona el problema laboral de los 36 compañeros despedidos, aún resta saber quién fue el responsable de dar la orden de tirar a matar durante la represión. También vamos a seguir luchando por la eliminación del Impuesto a las Ganancias”, agregó Cisneros.
Desde la Caja Popular de Ahorros, el interventor Armando “Cacho” Cortalezzi opinó sobre la posible salida institucional que implementará el Gobierno nacional. “Sólo sé que hubo un encuentro entre las partes. Pero si llegara a haber acuerdo, debería solucionarse el conflicto en Tucumán”, expresó.
Esta probabilidad comenzó a tomar fuerza durante los últimos días, a raíz de un rumor que comenzó a circular por los corrillos políticos locales. Pero ayer se materializó durante una reunión que mantuvieron dirigentes nacionales de La Bancaria junto con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y con representantes de las entidades financieras de todo el país. En ese encuentro, los banqueros que presiden los bancos que tienen sucursales en Tucumán expresaron que estarían dispuestos a tomar a los 36 trabajadores a los que no se les renovó el contrato laboral.
En diálogo con la LA GACETA, el máximo representante de La Bancaria en la provincia, Carlos Cisneros, confirmó que las negociaciones entre las partes están avanzadas. Indicó que se aplicará la misma modalidad que se utilizó años atrás cuando las AFJP pasaron a manos del Estado y muchos trabajadores quedaron en la calle. En ese momento, el Ministerio de Trabajo de la Nación implementó un sistema destinado a que los empleados de las AFJP que habían quedado sin trabajo sean absorbidos por varios organismos del Estado. En este caso serán los bancos los que aprobarán el ingreso de los empleados que fueron despedidos.
“Es muy probable que antes del fin de semana se firme un acta entre las partes (Gobierno, Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos de Argentina) para que las 18 entidades financieras que hay en Tucumán se comprometan en un tiempo de 30 días a tomar a los trabajadores. Se dispondría de esos días para que los compañeros puedan hacerse los exámenes preocupacionales”, adelantó Cisneros, quien también ocupa un cargo en la mesa nacional de la organización gremial. “Creo que a los bancos y al Gobierno les preocupa el paro nacional que tenemos previsto convocar para el 3 de julio. Nosotros tenemos pronto un congreso gremial, y es muy factible que se decrete el paro. Pero si hay una pronta solución para con los compañeros podríamos rever esa medida de fuerza”, planteó el sindicalista.
“Queremos destacar la buena voluntad del ministro de Trabajo de la Nación (Carlos Tomada) y del jefe de Gabinete (Jorge Capitanich), quienes en todo momento se abocaron a solucionar el conflicto. Lo que sí puedo decir es que las negociaciones están muy avanzadas. Si bien se soluciona el problema laboral de los 36 compañeros despedidos, aún resta saber quién fue el responsable de dar la orden de tirar a matar durante la represión. También vamos a seguir luchando por la eliminación del Impuesto a las Ganancias”, agregó Cisneros.
Desde la Caja Popular de Ahorros, el interventor Armando “Cacho” Cortalezzi opinó sobre la posible salida institucional que implementará el Gobierno nacional. “Sólo sé que hubo un encuentro entre las partes. Pero si llegara a haber acuerdo, debería solucionarse el conflicto en Tucumán”, expresó.
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