28 Junio 2014
La ciudadanía debe poder opinar sobre el abogado que reemplazará a Luis De Mitri en la conducción del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Idéntico razonamiento alcanza a los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), según dirigentes del Frente Renovador y del Acuerdo Cívico y Social (ACyS). Esta semana, ambas fuerzas políticas de la oposición se unieron -por primera vez en Tucumán- para presentar un proyecto de ley destinado a regular la elección del ministro público y de los cinco miembros del alto tribunal.
La iniciativa propone adoptar el siguiente mecanismo: el gobernador publica el nombre y los antecedentes de sus candidatos; luego, la ciudadanía dispone de un plazo para volcar opiniones. A continuación, el Gobierno remite el pliego correspondiente a la Legislatura, para que este poder preste acuerdo con el voto concurrente de las tres cuartas partes de los legisladores presentes en el recinto.
Los autores de la propuesta dijeron que esta pretende regular la potestad prevista en el artículo 101 (inciso 5) de la Constitución de Tucumán. La Carta Magna faculta al titular del Poder Ejecutivo a designar al ministro y a los vocales de CSJT en forma discrecional (en el caso de los demás magistrados y funcionarios constitucionales, el gobernador elige entre los ternados que selecciona el Consejo Asesor de la Magistratura).
“El procedimiento tiene por objeto transparentar e involucrar a los ciudadanos en el nombramiento de las máximas autoridades del Poder Judicial”, dice la parte relativa a los fundamentos del proyecto de ley. Este asegura recoger el espíritu del célebre Decreto 222/2003, que en su momento firmó el presidente Néstor Kirchner con el fin de limitar su potestad para designar a las cabezas de la Justicia.
“El Frente Renovador y el ACyS hemos coincidido en un tema clave para la construcción de unos Tribunales a la altura del reclamo social. Si no queremos más fiscales como Carlos Albaca (cuestionado ex investigador de la causa ‘Lebbos’), es fundamental que el jefe de los fiscales sea un ciudadano probo e intachable que llegue al Ministerio Público con un solo compromiso: recuperar la honorabilidad de la Justicia penal”, opinó al respecto el legislador massista Gerónimo Vargas Aignasse.
El ACyS, por su parte, prosigue juntando firmas de ciudadanos en el ámbito de la campaña por una Justicia independiente.
La iniciativa propone adoptar el siguiente mecanismo: el gobernador publica el nombre y los antecedentes de sus candidatos; luego, la ciudadanía dispone de un plazo para volcar opiniones. A continuación, el Gobierno remite el pliego correspondiente a la Legislatura, para que este poder preste acuerdo con el voto concurrente de las tres cuartas partes de los legisladores presentes en el recinto.
Los autores de la propuesta dijeron que esta pretende regular la potestad prevista en el artículo 101 (inciso 5) de la Constitución de Tucumán. La Carta Magna faculta al titular del Poder Ejecutivo a designar al ministro y a los vocales de CSJT en forma discrecional (en el caso de los demás magistrados y funcionarios constitucionales, el gobernador elige entre los ternados que selecciona el Consejo Asesor de la Magistratura).
“El procedimiento tiene por objeto transparentar e involucrar a los ciudadanos en el nombramiento de las máximas autoridades del Poder Judicial”, dice la parte relativa a los fundamentos del proyecto de ley. Este asegura recoger el espíritu del célebre Decreto 222/2003, que en su momento firmó el presidente Néstor Kirchner con el fin de limitar su potestad para designar a las cabezas de la Justicia.
“El Frente Renovador y el ACyS hemos coincidido en un tema clave para la construcción de unos Tribunales a la altura del reclamo social. Si no queremos más fiscales como Carlos Albaca (cuestionado ex investigador de la causa ‘Lebbos’), es fundamental que el jefe de los fiscales sea un ciudadano probo e intachable que llegue al Ministerio Público con un solo compromiso: recuperar la honorabilidad de la Justicia penal”, opinó al respecto el legislador massista Gerónimo Vargas Aignasse.
El ACyS, por su parte, prosigue juntando firmas de ciudadanos en el ámbito de la campaña por una Justicia independiente.
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