“Hoy, las penas se fijan al voleo, sin un criterio unificado”

Juristas que redactaron el borrador de reforma del Código Penal disertaron en Tucumán Especialistas en Derecho Penal coinciden que los dirigentes políticos opinan sin conocer la letra del anteproyecto.

AULA MAGNA. Juristas y especialista en Derecho debatieron el viernes sobre el anteproeycto de reforma del Código Penal de la Nación. la gaceta / foto de inés quinteros orio AULA MAGNA. Juristas y especialista en Derecho debatieron el viernes sobre el anteproeycto de reforma del Código Penal de la Nación. la gaceta / foto de inés quinteros orio
30 Junio 2014
“¿Es verdad que el anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación disminuye las penas de un modo indiscriminado? ¿Es verdad o no que contribuye a otorgar una mayor organicidad? ¿De qué manera, realmente, los cambios van a contribuir o no a despejar esta inseguridad o sensación de inseguridad que clama la población?”. Con estas palabras, el camarista penal Carlos Caramuti dejó abierto el debate sobre la reforma del Código Penal que se llevó a cabo el viernes, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT y que estuvo organizado por el Colegio de Abogados de la capital.

Los abogados y especialistas en la materia Ricardo Gil Lavedra, María Elena Barbagelata (ex diputada socialista), Roberto Carles, Fernando Díaz Cantón y Marcelo Riquert expusieron sobre los puntos sobresalientes de la iniciativa que aún no ingresó como proyecto de ley al Congreso de la Nación.

Este anteproyecto -coinciden los especialistas que ayer expusieron en la Facultad de Derecho de la UNT- , se convirtió en un tema central para la tribuna política de todos los partidos. Los especialistas consideran que tanto oficialistas como opositores opinan sobre cuestiones en materia penal que ni siquiera figuran en el borrador.

Según considera Carles, existe una imperante necesidad de la sociedad de que se impartan severas penas a los delincuentes, como si esta medida pudiera garantizar la plena eliminación del delito. A esta tendencia, Carles la denomina “punitivismo”. “Hay un exceso de punitivismo, esto es, pensar que la pena es solución para los más diversos problemas sociales. Esto impera en todo el mundo como un paradigma. Forma parte del populismo penal, o sea, el desprecio por el saber de los especialistas y del saber empírico. Se legisla sin consultar a los que saben y con un total desprecio de los datos de la realidad. Se hacen reformas, se crean agravantes, se crean nuevos tipos penales sin conocer los índices de delitos”, sostiene de manera contundente el letrado que inauguró el debate. Previamente, el letrado consideró que el actual sistema penal naufraga por un “caos jurídico”, raíz de las más de 900 modificaciones que sufrió el digesto penal desde 1921. “Se ha generado una suerte de dispersión normativa y un caos jurídico tal que muchas veces ni siquiera los operadores del derecho saben cuáles son los delitos vigentes, no sabemos cuántos delitos tenemos y uno de los objetivos de la comisión es hacer un relevamiento de toda la legislación especial para discernir cuál de las normas merecían ser mantenidas en vigencia para ser incorporadas en el nuevo texto”, planteó Carles.

Luego, Gil Lavedra -integró la comisión que redactó el anteproyecto de reforma- sostuvo que el actual digesto “ha perdido el principio de armonía”. “Por eso es necesario cumplir con este principio de la codificación, que no solamente es reunir códigos en un cuerpo, sino hacerlo de manera sistemática, organizada y de acuerdo a criterios de razonabilidad”, aseguró el ex diputado radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Actualmente las penas se fijan al voleo, sin un criterio unificado. Algunos jueces dicen ‘che, a este le demos siete (años) y a este le demos 9 años’. Lo que trae de nuevo el anteproyecto es que contiene prolijamente muchas pautas de mensuración de la pena”, graficó Gil Lavedra. Y agregó: “Otro punto fundamental es la racionalidad en la aplicación de la ley penal. No hay que caer en una demagogia penalista, porque todos sabemos que la comisión del delito no depende de la cuantía de la pena”.

A su turno, Barbagelata explicó los alcances en materia de derechos sobre la violencia de género. “En materia de género es debatimos presunciones en el tema de legítima defensa de una mujer que es agresora, pero en realidad es en respuesta a la violencia familiar. Esta presunción a favor de la mujer se llama legítima defensa privilegiada. Se han previsto además cuestiones de discriminación siempre como máxima gravedad. Eso me parece importante porque es una señal concreta a los jueces para fijar las penas. Se incorporó el infanticidio, se aclaró el tema del aborto en caso de violación Y se incorporó claramente la figura de la violación oral y la violación en el matrimonio”, detallo.

El debate concluyó con las exposiciones de los abogados Díaz Cantón y Riquert.

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