“¿Cómo juzgarán a Brito sin decir de cuánto es el supuesto fraude?”

La jueza de Instrucción Mirta del Valle Lenis de Vera tendrá que afrontar, luego de la feria judicial, una decisión que podría resultar histórica para el alperovichismo. La magistrada será la encargada de definir si el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, será el primer funcionario de la gestión de José Alperovich en afrontar un debate oral y público por un caso de supuesta corrupción.

En opinión del abogado defensor de Brito, el penalista Arnaldo Ahumada, la investigación encabezada por el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, no logró reunir las pruebas suficientes para que tenga sustento la acusación de presunto fraude al Estado, en concurso ideal con negocios incompatibles con la función pública. “Si se imputa el fraude, una de las condiciones (requeridas por la pesquisa) debe ser la determinación del perjuicio. Brito ya está procesado. Si la causa avanza, la base será este mamarracho que fue el requerimiento de elevación. ¿Pero cómo juzgarán a Brito sin decir de cuánto es el supuesto fraude?”, planteó el letrado, en diálogo con LA GACETA.

En agosto de 2012, Brito renunció a su cargo como director de la DAU. El ex legislador bussista había llegado en 2009 a esa repartición, que se encarga de realizar obras urbanas gestionadas por dirigentes políticos y organizaciones vecinales. El Tribunal de Cuentas (TC) publicó en julio de ese año una acordada que revelaba presuntos sobreprecios en el proyecto para restaurar la fachada de Casa de Gobierno, por lo que el plan fue truncado. La dimisión de Brito no descomprimió la situación. La entonces legisladora Silvia Elías de Pérez (hoy la radical es senadora nacional) formuló una denuncia penal. Dos fiscales se excusaron de intervenir en la pesquisa, y el expediente finalmente recayó en manos de Suasnábar. El titular de la Fiscalía de Instrucción de la VII° Nominación le tomó declaración como imputado a Brito a fines de año pasado. En junio, el magistrado requirió que el actual asesor del senador alperovichista Sergio Mansilla sea llevado a juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción. Según una auditoría del TC, que sirvió de elemento de prueba para acusar al ex funcionario, al menos 89 de 423 obras públicas dirigidas por Brito registraban anomalías. También se detectaron presuntas empresas “fantasma” y trabajos que aparecían como cobrados pero no habían sido ejecutados, como una ciclovía de 4 kilómetros en el Camino de Sirga.

El abogado Ahumada señaló que los encargados de la instrucción “no han investigado absolutamente nada”. “La única base de la acusación es lo que hizo el Tribunal de Cuentas. Pero el organismo de control interviene en cinco oportunidades cada vez que se ejecuta una obra, y todos los trabajos en cuestión habían sido aprobados. Además, a los pagos no los hace la DAU, sino la Administración Central”, manifestó el letrado.

Negó además que Brito haya contratado empresas “fantasma”, a pesar de que Suasnábar consignó la situación de una firma denominada DC Construcciones, que -según el fiscal- facturó $ 3,6 millones en menos de 24 meses, a pesar de que no tenía empleados ni maquinarias ni espacio físico para guardar materiales. “No es cierto que hubiese empresas ‘fantasma’. Todos los contratistas tenían una cuenta bancaria donde se acreditaba el pago; tenían CUIT y CUIL, inscripción en Rentas... No hay fantasmas que cumplan todos esos requisitos”, advirtió Ahumada. E insistió en que “no se ha hecho ninguna determinación del daño”. “Deberían haber llamado un perito para que determinara dónde se hicieron obras, y si no se hicieron, dónde hubo fraude y de qué características. Pero esto no se hizo”, cuestionó el defensor. Advirtió que, dada la descripción de los hechos formulada por el fiscal, no se entiende que sólo haya sido procesado Brito. “No hay posibilidad de fraude a la administración pública, más allá de que estos perjuicios no han sido determinados, que pueda cometerse sin la participación de empresas, de inspectores del TC y de quienes autorizaron los pagos”, objetó Ahumada.