16 Julio 2014
FOTO ARCHIVO
SANTIAGO DEL ESTERO.- Varios internos de la
Unidad Penitenciaria Federal 35 de la localidad santiagueña de Colonia
Pinto se resisten a entregar los teléfonos celulares que
utilizaban durante la época en que la cárcel no contaba con cabinas
públicas para que ellos pudieran comunicarse con el exterior.
Si bien hace algunos meses se habilitó el servicio convencional para que los reclusos se contactasen con familiares, amigos y abogados, fuentes penitenciarias señalaron que no acataron la orden de restituir los equipos que empleaban habitualmente.
En poder de los internos había una cantidad superior a las cien unidades, es decir, que más de la mitad de la población carcelaria contaba con un celular, según las fuentes del Servicio Penitenciario.
Pero el conflicto no se limitó a la postura de los presos "rebeldes", entre lo que se encuentran ex represores condenados por delitos de lesa humanidad, sino entre agentes penitenciarios y sus autoridades.
En abril, además, las autoridades nacionales del Servicio Penitenciario Federal habían ordenado que no se permitiera a los detenidos el uso de teléfonos celulares, pues no sólo se vulneraba cuestiones elementales de seguridad interna sino que se había generado una situación de desigualdad entre los presos en razón de su situación socioeconómica.
Al respecto, un grupo de especialistas en materia de seguridad penitenciaria advirtió que tuvo "la posibilidad de dar nuestra visión sobre la tenencia y uso de celulares en las cárceles y luego de analizar el caso en particular y a fin de respetar las leyes sobre el tema nos hemos pronunciado en contra de que los internos de Colonia Pinto tengan acceso a celulares".
Además, el malestar puertas adentro creció porque se habrían aplicado sanciones a agentes de la Guardia Armada y de la Secretaría, en cuyo poder estaba la documentación con las autorizaciones para que los presos utilizaran celulares y que llegó a manos de periodistas del diario El Liberal, medio que se encargó de difundirla.
La autorización para que los internos contaran con teléfonos móviles personales se debió a que la cárcel está emplazada en una zona rural del departamento San Martín, a 36 kilómetros al sudeste de la capital provincial, donde no llegaba el servicio de telefonía básica.
Luego de la conexión al sistema de línea habitual las autoridades penitenciarias observaron que era innecesario el privilegio del teléfono celular y exigieron su entrega, situación a la que de acuerdo a diversas fuentes se negó la mayoría de los reclusos. (DYN)
Si bien hace algunos meses se habilitó el servicio convencional para que los reclusos se contactasen con familiares, amigos y abogados, fuentes penitenciarias señalaron que no acataron la orden de restituir los equipos que empleaban habitualmente.
En poder de los internos había una cantidad superior a las cien unidades, es decir, que más de la mitad de la población carcelaria contaba con un celular, según las fuentes del Servicio Penitenciario.
Pero el conflicto no se limitó a la postura de los presos "rebeldes", entre lo que se encuentran ex represores condenados por delitos de lesa humanidad, sino entre agentes penitenciarios y sus autoridades.
En abril, además, las autoridades nacionales del Servicio Penitenciario Federal habían ordenado que no se permitiera a los detenidos el uso de teléfonos celulares, pues no sólo se vulneraba cuestiones elementales de seguridad interna sino que se había generado una situación de desigualdad entre los presos en razón de su situación socioeconómica.
Al respecto, un grupo de especialistas en materia de seguridad penitenciaria advirtió que tuvo "la posibilidad de dar nuestra visión sobre la tenencia y uso de celulares en las cárceles y luego de analizar el caso en particular y a fin de respetar las leyes sobre el tema nos hemos pronunciado en contra de que los internos de Colonia Pinto tengan acceso a celulares".
Además, el malestar puertas adentro creció porque se habrían aplicado sanciones a agentes de la Guardia Armada y de la Secretaría, en cuyo poder estaba la documentación con las autorizaciones para que los presos utilizaran celulares y que llegó a manos de periodistas del diario El Liberal, medio que se encargó de difundirla.
La autorización para que los internos contaran con teléfonos móviles personales se debió a que la cárcel está emplazada en una zona rural del departamento San Martín, a 36 kilómetros al sudeste de la capital provincial, donde no llegaba el servicio de telefonía básica.
Luego de la conexión al sistema de línea habitual las autoridades penitenciarias observaron que era innecesario el privilegio del teléfono celular y exigieron su entrega, situación a la que de acuerdo a diversas fuentes se negó la mayoría de los reclusos. (DYN)
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