La Justicia ampara a alumnos de la UNT

En la pugna entre los derechos a la educación y a la huelga, la Justicia Federal se inclinó por tutelar el primer bien jurídico. La medida cautelar que dictó ayer Daniel Bejas, juez federal N°1, emplaza al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a fijar fecha para la audiencia de conciliación obligatoria entre el Ministerio de Educación de la Nación, la federación Conadu Histórica (Conaduh) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt). El término de 24 horas para cumplir la orden expira hoy, según calcularon fuentes judiciales.

La resolución recordó que a partir de finales de mayo de este año, Adiunt inició un plan de lucha vinculado a reclamos por la situación salarial del sector y dispuso un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo -clases- por tiempo indeterminado. Y añadió que, tras diversas reuniones paritarias, a fines de junio tuvo lugar un ofrecimiento que fue aceptado por varias agrupaciones, y rechazado por la Conaduh y la Asociación Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut). Posteriormente, la segunda entidad llegó a un acuerdo y sólo las asociaciones encolumnadas en Conaduh (entre ellas, Adiunt) adoptaron medidas como la interrupción de las clases.

“No caben dudas de que las medidas dispuestas por Adiunt (paro total en las facultades y parcial en las siete escuelas medias) comprometen el derecho a la educación, que constituye un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar los demás derechos humanos”, dijo el juez. Según su criterio, el deber de garantizar la prestación regular del servicio de educación corresponde al Estado y cobra aún mayor dimensión cuando, como ocurre en este caso, los afectados por la huelga son menores (alumnos de las escuelas medias de la UNT).

En su resolución, Bejas se refirió a las facultades del Ministerio de Trabajo de la Nación para convocar a conciliación. “La expresión ‘estimare’ debe ser entendida como una manda de acción positiva en su intervención, que si bien en principio es discrecional, en la apreciación de las circunstancias que tornaren oportuna su intervención, de verificarse estas de manera ostensible, el organismo ‘debe’ ejercer tal atribución de intervención, aún de oficio”, alertó.

La cautelar había sido solicitada la semana pasada por un grupo de 22 padres de estudiantes de los establecimientos secundarios de la UNT. Estos adultos acudieron a la Justicia Federal en representación de sus hijos para lograr el cese del paro que lleva adelante Adiunt desde el 23 de mayo (a partir de ayer, los docentes de las escuelas medias aplican la modalidad de 48 horas de huelga cada tres días de trabajo). Los demandantes, que habían especificado que los docentes han de abstenerse de interrumpir el servicio educativo mientras es desarrollada la conciliación obligatoria, habían expresado que decidieron judicializar el conflicto ante la prolongación y la falta de efecto de la medida de fuerza, y el temor de que los alumnos pierdan el año lectivo. “No estamos en contra de las reivindicaciones salariales de los docentes universitarios, pero no podemos aceptar una lucha donde los únicos perjudicados son nuestros hijos”, habían precisado.

Los huelguistas tomaron “con pinzas” la medida cautelar. “Rechazaremos la orden de volver a clases que no vaya acompañada de una negociación salarial”, opinó a título personal Oscar Pavetti, secretario de Adiunt. Expresó que la posición de la entidad será adoptada por la asamblea, pero advirtió que no hay margen para una decisión unilateral de la Nación. En coincidencia, Ariel Osatinsky, secretario de Finanzas de Adiunt, manifestó que, desde su punto de vista personal, consideraba que correspondía rechazar la conciliación obligatoria sobre la base de que todavía no había una respuesta satisfactoria para los reclamos del profesorado.

Aquella agenda de peticiones incluye la reapertura de las discusiones paritarias, y un aumento del 40% en un pago y retroactivo a enero; entre otras cuestiones.

Además del amparo interpuesto por los padres de los alumnos de secundario, en el Juzgado Federal N°1 tramita la acción que inició Hugo Cabral, defensor del Pueblo. En ese juicio, Fernando Luis Poviña, juez federal durante la feria de invierno, había resuelto que el órgano competente es el Defensor del Pueblo de la Nación.