21 Agosto 2014

Cecilia Caminos - Agencia DPA

BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández lanzó una jugada arriesgada para hacer frente al “default” con un proyecto para reabrir el canje de deuda y llevar la jurisdicción de pago a la Argentina en desafío a la Justicia estadounidense, cuyos resultados aún no son claros. Las primeras reacciones fueron dispares, con más críticas que apoyos. El proyecto prevé el cambio de agente de pago de los bonos emitidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010: remueve al Banco de Nueva York y lo reemplaza por el Banco Nación Fideicomisos.

Según analistas económicos, con este plan se podría agravar la cesación técnica o parcial de pagos en que quedó el país, luego de que el dinero que depositó en el Banco de Nueva York para pagar un vencimiento de deuda quedó congelado y no pudo ser pagado el 31 de julio a los bonistas. Los fondos quedaron trabados por el incumplimiento del fallo del juez Thomas Griesa a favor de fondos “buitres” que reclaman a Buenos Aires el pago total de los bonos en cesación de pagos, sin recortes. El magistrado podría incluso emitir una orden de desacato contra Argentina.

Los canjes de 2005 y 2010, con quitas promedio de más del 60% de la deuda, fueron aceptados por el 92,4% de los acreedores. Ahora, el gobierno intenta otra vez atraer al 7,6% restante, aunque con las mismas condiciones que al resto, algo que los “holdouts” rechazan.

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen advirtió que “un 70% de los tenedores de los bonos emitidos bajo legislación de Nueva York son fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que no sean legislación de Nueva York”. “Esto es un ‘default’ eterno que nos deja hacia adelante un problema diplomático profundo y de acceso al mercado financiero muy grave”, señaló.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, alertó que la disconformidad de algunos bonistas con la nueva iniciativa argentina podría llevar a un pedido de aceleración del pago de la deuda, es decir, que se pague todo junto lo que está financiado a varios años de plazo.

El gobierno había iniciado una serie de políticas tendientes a acercarse a los mercados financieros para volver a acceder al crédito internacional. El futuro ahora está teñido de incógnitas, de cara a los vencimientos de 2015, por U$S 16.000 millones, y con un stock de reservas de casi U$S 30.000 millones en el Banco Central. Fernández encara el último tramo de su gobierno, con poco más de un año todavía en el poder, en un contexto de caída del consumo y de la producción, mientras crece la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria.

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