07 Septiembre 2014
Miguel Ángel Brito, asesor del senador nacional alperovichista Sergio Mansilla y ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), sigue con dos frentes procesales abiertos por su desempeño en esa repartición pública provincial: aún aguarda que la Cámara de Apelaciones en lo Penal ratifique o rectifique la elevación a juicio de la causa en su contra por presunta corrupción en su gestión; además, afronta un trámite administrativo ante el Tribunal de Cuentas (TC) por la ciclovía “fantasma” del Camino de Sirga.
Respecto a este último proceso, el 22 de agosto pasado el TC había firmado el acuerdo N° 2.846, en el que se ratificó el juicio de responsabilidad y la multa de $ 30.000 en contra de Brito por la obra irregular de la ciclovía. Además, en ese acuerdo, el ente de control cuestionó la ética profesional de Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados y defensor en este trámite de Brito y de otro imputado, Rodolfo Atilio Torasso, el contador fiscal del Tribunal de Cuentas que estaba afectado a la DAU cuando se produjeron los hechos investigados. “En su condición de letrado apoderado del contador público nacional Torasso y asimismo como apoderado del ingeniero Brito, (García Posse) ha presentado escritos desarrollando defensas para las dos partes contendientes y en los cuales, además, expone argumentaciones contrapuestas que generarían un conflicto entre las posiciones de sus dos representados”, objetó el TC.
García Posse obtuvo una cautelar, según la copia que envió a LA GACETA, que obliga a la suspensión del artículo del acuerdo del TC que lo retiraba de la defensa de Brito y de Torasso. Entre otros, hizo respetar su “derecho constitucional a trabajar”.
En lo penal, el ex titular de la DAU podría tener novedades este mes. En esa causa lo representa Arnaldo Ahumada, y está imputado de presunto fraude a la administración pública y de supuestos negocios incompatibles con su cargo.
Respecto a este último proceso, el 22 de agosto pasado el TC había firmado el acuerdo N° 2.846, en el que se ratificó el juicio de responsabilidad y la multa de $ 30.000 en contra de Brito por la obra irregular de la ciclovía. Además, en ese acuerdo, el ente de control cuestionó la ética profesional de Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados y defensor en este trámite de Brito y de otro imputado, Rodolfo Atilio Torasso, el contador fiscal del Tribunal de Cuentas que estaba afectado a la DAU cuando se produjeron los hechos investigados. “En su condición de letrado apoderado del contador público nacional Torasso y asimismo como apoderado del ingeniero Brito, (García Posse) ha presentado escritos desarrollando defensas para las dos partes contendientes y en los cuales, además, expone argumentaciones contrapuestas que generarían un conflicto entre las posiciones de sus dos representados”, objetó el TC.
García Posse obtuvo una cautelar, según la copia que envió a LA GACETA, que obliga a la suspensión del artículo del acuerdo del TC que lo retiraba de la defensa de Brito y de Torasso. Entre otros, hizo respetar su “derecho constitucional a trabajar”.
En lo penal, el ex titular de la DAU podría tener novedades este mes. En esa causa lo representa Arnaldo Ahumada, y está imputado de presunto fraude a la administración pública y de supuestos negocios incompatibles con su cargo.
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