07 Septiembre 2014
La pretensión de la defensa de Juan Manzur, vicegobernador con licencia y ministro de Salud de la Nación, de apartar al fiscal general federal Gustavo Gómez de la investigación de un supuesto enriquecimiento ilícito fue atacada por el recusado, que dijo que lo que el imputado buscaba era dilatar el proceso penal. En el escrito que presentó el 25 de agosto pasado, Gómez pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que rechace el planteo y que, por ende, le permita participar en la audiencia en la que las partes han de exponer sus posiciones respecto del sobreseimiento que en julio dictó Daniel Bejas, juez federal N°1.
La defensa de Manzur cuestionó a Gómez con el fundamento de que este carecía de objetividad. “La causal invocada podría ser interpretada como enemistad manifiesta… pero, al decir de la doctrina, esta requiere de una concreta relación conflictiva y no resulta suficiente la mutua aversión no exteriorizada. Claro está que no poseo relación alguna que me vincule con el imputado”, expresó el funcionario. Y añadió: “la pretensión (de la defensa de Manzur) está claramente direccionada a dilatar los tiempos que imperan en la tramitación de un recurso de apelación de conformidad con la ley”.
El fiscal asimismo defendió la decisión de Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, de pedir la celebración de la audiencia prevista en la norma procesal, que en la Justicia Federal de Tucumán es aplicada sólo por pedido de una de las partes (Peralta Palma intervino en sustitución de Gómez, que estaba de licencia). “Con la audiencia, el legislador introdujo la oralidad y la publicidad en el proceso de impugnación de una decisión judicial (en este caso, el sobreseimiento de Manzur). “¿Solicitar que el trámite se ajuste al Código Procesal Penal de la Nación significa obrar con falta de objetividad o animosidad extrema?”, interrogó Gómez. Y dijo que la persistencia de los abogados de Manzur, Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito, en “su estrategia carente de sostén jurídico” era suficiente para habilitar el mecanismo sancionatorio previsto para quienes incumplen con el deber de lealtad, probidad y buena fe.
Los letrados mencionados habían atacado que, al pedir la audiencia, Peralta Palma haya dicho que seguía instrucciones expresas de Gómez. “Al ordenar a la distancia, Gómez procedió a abusar de sus funciones atribuyéndose facultades que sólo puede ejercer Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación”, había explicado Brito. El abogado había precisado que esa circunstancia “viciaba la voluntad” contenida en el dictamen y suponía la intromisión en el proceso de un tercero ajeno a él. “El fiscal general carece de objetividad”, había manifestado.
“La nueva declaración jurada del ministro de Salud de la Nación correspondiente al año 2013, que había iniciado con un patrimonio de $ 9,6 millones, para incrementarlo a diciembre a la suma friolera de $ 13,9 millones supone una nueva plena prueba del escandaloso enriquecimiento ilícito del funcionario”, expresó Oscar López, el peronista disidente que denunció a Manzur ante la Justicia Federal. López anunció que pedirá la destitución de Bejas en el Consejo de la Magistratura de la Nación y dijo que la defensa del médico desplegó todo tipo de chicanas para entorpecer la investigación.
La defensa de Manzur cuestionó a Gómez con el fundamento de que este carecía de objetividad. “La causal invocada podría ser interpretada como enemistad manifiesta… pero, al decir de la doctrina, esta requiere de una concreta relación conflictiva y no resulta suficiente la mutua aversión no exteriorizada. Claro está que no poseo relación alguna que me vincule con el imputado”, expresó el funcionario. Y añadió: “la pretensión (de la defensa de Manzur) está claramente direccionada a dilatar los tiempos que imperan en la tramitación de un recurso de apelación de conformidad con la ley”.
El fiscal asimismo defendió la decisión de Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, de pedir la celebración de la audiencia prevista en la norma procesal, que en la Justicia Federal de Tucumán es aplicada sólo por pedido de una de las partes (Peralta Palma intervino en sustitución de Gómez, que estaba de licencia). “Con la audiencia, el legislador introdujo la oralidad y la publicidad en el proceso de impugnación de una decisión judicial (en este caso, el sobreseimiento de Manzur). “¿Solicitar que el trámite se ajuste al Código Procesal Penal de la Nación significa obrar con falta de objetividad o animosidad extrema?”, interrogó Gómez. Y dijo que la persistencia de los abogados de Manzur, Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito, en “su estrategia carente de sostén jurídico” era suficiente para habilitar el mecanismo sancionatorio previsto para quienes incumplen con el deber de lealtad, probidad y buena fe.
Los letrados mencionados habían atacado que, al pedir la audiencia, Peralta Palma haya dicho que seguía instrucciones expresas de Gómez. “Al ordenar a la distancia, Gómez procedió a abusar de sus funciones atribuyéndose facultades que sólo puede ejercer Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación”, había explicado Brito. El abogado había precisado que esa circunstancia “viciaba la voluntad” contenida en el dictamen y suponía la intromisión en el proceso de un tercero ajeno a él. “El fiscal general carece de objetividad”, había manifestado.
“La nueva declaración jurada del ministro de Salud de la Nación correspondiente al año 2013, que había iniciado con un patrimonio de $ 9,6 millones, para incrementarlo a diciembre a la suma friolera de $ 13,9 millones supone una nueva plena prueba del escandaloso enriquecimiento ilícito del funcionario”, expresó Oscar López, el peronista disidente que denunció a Manzur ante la Justicia Federal. López anunció que pedirá la destitución de Bejas en el Consejo de la Magistratura de la Nación y dijo que la defensa del médico desplegó todo tipo de chicanas para entorpecer la investigación.
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