Por Álvaro José Aurane
27 Septiembre 2014
Si Tucumán pudiera compararse con una empresa, para poner en escala los procedimientos de las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo sería la gerencia y la Legislatura sería el directorio, cuyos miembros han sido elegidos por los accionistas, que son los tucumanos. Así se reentiende lo que es el Presupuesto General de la Provincia, tan desacreditado hoy. No es para menos: el vigente fue calculado con tres variables payasescas: un dólar oficial a $ 6,33 (hoy es un 30% más caro), un crecimiento del PBI del 6,2% (ciencia ficción: será del 0,5%, según Casa Rosada) y una inflación del 10,4% (el Indec ya proyecta más del doble). Sin embargo, si el Presupuesto 2014 no fuese ese dibujo impune, seguiría siendo incomprendido. Porque no es una planilla por gastar que el gobernador manda y los legisladores autorizan, sino que es un mandato. Una ley que manda al mandatario en qué gastar. Es así desde el surgimiento de los parlamentos en las monarquías: el rey podía creerse ordenado por Dios, pero la plata que gastaba era del pueblo y debía rendir cuentas.
Hoy, en esta empresa moderna con que se compara al Estado, no sólo importa en qué gasta el Gobierno, sino cómo maneja cada peso. Cuánto ingresó y en concepto de qué, cuándo egresó, dónde estuvo en el ínterin, quiénes tuvieron algo que ver, cómo fue registrado. Para eso están las normas de procedimiento: para la transparencia y la eficiencia en el gasto público. Eso redimensiona al Tribunal de Cuentas. El ente de control es el síndico de esta empresa, que observa cómo procede la gerencia con el dinero de los accionistas e informa al directorio cuánto apego hay a sus instrucciones. Ese informe (de llamarse “Cómo se maneja el Estado con la plata de los tucumanos” sería best seller), se titula “Cuenta de Inversión”. La última, que corresponde al electoralísimo 2013, es, en una palabra, pavorosa.
Advierte el Tribunal de Cuentas que con $ 7 de cada $ 10 del Estado tucumano no se sabe bien qué pasa. No hay claridad en el registro de la plata que manda la Nación, que es el 70% de los recursos estatales de esta provincia. Textualmente: “No se tiene acceso a la información que permita establecer si efectivamente las remesas transferidas por la Nación son las correspondientes conforme a la distribución dispuesta en la normativa nacional vigente; toda vez que se carece de información relacionada con los fondos recaudados por cada uno de los impuestos nacionales de los que derivan las remesas”. Traducido: no se puede saber si toda la plata que envía el Gobierno central es toda la que tenía que mandar. De la que llegó, no se puede identificar la naturaleza del recurso (si vienen de leyes especiales, de programas específicos o la discrecionalidad de la Presidenta). La consecuencia: tampoco puede determinarse si el objeto del gasto era el debido.
El resultado: “corresponde emitir dictamen desfavorable respecto de la registración y exposición de los recursos de jurisdicción nacional”. En una palabra, horroroso.
Esa, por cierto, no es la peor parte. Si con los recursos nacionales hay incertidumbre, con los provinciales, directamente, no se tiene idea de lo que pasa.
Sin registro
El informe de la Cuenta de Inversión comenzó apuntándole al Poder Judicial. Cuando la Justicia renueva plazos fijos, según el Tribunal de Cuentas, “no se registran (...) los casos de renovación total, por ende tampoco se registra el interés ganado hasta el momento de la citada renovación, como correspondería”. A lo que se agrega que cuando se efectúa la nueva imposición (capital inicial más intereses) se modifica el número de plazo fijo, por lo que “resulta confuso el seguimiento de las imposiciones de plazo fijo a través del tiempo”. En una palabra, tremendo.
Pero nada comparado con el Poder Ejecutivo. Al Ministerio de Salud le dieron diagnóstico terminal: la mayoría de sus cuentas bancarias que administra “no están incluidas en el Safyc (Sistema de Administración Financiera y Control), quebrantando el Decreto 2/3 (ME) del 2 de enero de 2008”.
En la minoría de las cuentas que están en el sistema, el patrimonio es el desconcierto. “No hay coincidencias entre las registraciones del Libro Banco operado manualmente y el Safyc. Los registros del Safyc no obedecen a la documentación respaldatoria (resúmenes bancarios e informes de extracción de fondos y su rendición de cuentas). Los saldos en los libros Safyc no coinciden con los registros manuales ni con extracción bancaria”. En una palabra, gravísimo. Pero no exclusivo.
En el Ministerio de Educación, los contadores fiscales encontraron que la cuenta del Programa INET (educación técnica) registra la ejecución de $ 7 millones (1,5 millón para computadoras y el resto para obras). Sin embargo, las cuentas bancarias consignan ejecuciones por $ 26 millones.
Con el Programa de Mejoramiento de la Equidad Educativa (Promedu) es peor. En el Safyc, esa cuenta no registra ejecución de gastos. Es decir, para el sistema oficial, no gastaron ni un peso. Sin embargo, figura en los registros bancarios que sacaron $ 24 millones. En una palabra, alarmante.
Con respecto al absorbido Ministerio de Seguridad Ciudadana surge que el Departamento General de Policía no tiene en el sistema oficial de control de finanzas su cuenta para Servicios Adicionales. Pero no sólo eso: la cuenta donde guardan esa plata no está en el Banco del Tucumán -organismo fiduciario oficial-, sino ¡en el Banco Nación! Lo que debería ocurrir, según el Tribunal de Cuentas, es lo contrario, para que “la totalidad de los fondos de esta operatoria sean incorporados y registrados en el Presupuesto de la Provincia”. Pero la institución armada encargada de hacer cumplir la ley incumple la ley. En una palabra, oprobioso.
Sin veracidad
El sayo no le cabe sólo a los ministros, sino también al gobernador. “Se verificó que la cuenta bancaria Fondo Federal Solidario mantiene un saldo inmovilizado durante 2013 de $ 6,8 millones, que se mantiene como remanente del ejercicio 2012”, dice el informe de la Cuenta de Inversión. Durante dos años, el alperovichismo no ejecutó cuentas que debería ejecutar, porque el Fondo Soja es para dar soluciones a la gente. Pero decidieron guardar el dinero, suficiente para construir una escuela y media. ¿Qué esperan? ¿Los comicios de 2015? En una palabra, escandaloso.
Por si no basta, los contadores fiscales miraron, en particular, en la Tesorería General de la Provincia: “el organismo no cuenta con la información detallada del Banco del Tucumán, sólo con planillas globales enviadas vía e-mail, sobre la base de las cuales se ralizan los registros”.
Luego miraron en general, ya fuera de la Tesorería, y expresaron: “Tomada una muestra importante de los registros de los tributos provinciales, y comparado con lo ingresado en igual período, se infiere que lo registrado es distinto de lo recaudado por cada período que se analiza”.
El dictamen del Tribunal de Cuentas lo dice todo. “Los procedimientos contables de registración no se adecuan a las normas (…) Los saldos expuestos de los recursos provinciales no representan la veracidad de lo recaudado”. En una palabra, alperovichismo.
Sin explicación
¿Alguién puede hacer algo? Sí: la Legislatura. La Ley de Administración Financiera recomienda formar una comisión especial que estudie el informe del Tribunal de Cuentas, o que lo tome como dictamen, y que lleve al recinto la discusión acerca de cómo maneja el Estado la plata de los tucumanos. Pero la Cámara se ha desautorizado a sí misma en esta materia: su Presupuesto 2014 es de $ 750 millones. Convertidos con el dólar oficial, financian el programa espacial por el cual la India acaba de poner una sonda en la órbita de Marte (costó U$S 75 millones), y sobrarían $ 113 millones, que es más de lo que Juan Manzur prometía administrar como presupuesto total cuando, en 2007, hacía campaña y se horrorizaba porque Fernando Juri había ejecutado $ 200 millones.
Fuentes oficiosas (dada la decisión de las autoridades oficiales de ocultar el Presupuesto) sostienen que $ 120 millones se destinarían a Gastos de Funcionamiento. La mitad es es para Bienes de Uso, como computadoras, mobiliario y autos (¿cuántos vehículos compran por año?) El 30% es para Bienes no personales, como homenajes, luz, gas, agua, telefonía, servicio médico y viáticos (¿a dónde viajan?). El 20% restante es para Bienes de consumo, como limpieza, papelería, combustibles, mantenimiento del edificio -nuevo- y comestibles (¿qué comen?).
Otros $ 130 millones serían para Transferencias, partida que financia los “Gastos Sociales”. Pero a un promedio de $ 100.000 mensuales por legislador (aunque muchos digan que ganan menos y nadie admita que gana más), son $ 60 millones por año. ¿Y los otros $ 70 millones?
Los $ 500 millones restantes del Presupuesto legislativo son para Personal. Pero los legisladores tienen una dieta bruta de 25.000 y fondos para contratar 10 asesores de $ 8.000 cada uno. El total: 67 millones para las remuneraciones de 539 personas. ¡Y todavía quedan 433 millones para pagar salarios! ¿Cuánta gente emplea la Legislatura? En una palabra, descontrol.
Sin límite
La segunda cuestión. ¿Ha hecho algo esta Legislatura, alguna vez, respecto del Presupuesto que el Ejecutivo gasta como quiere; y respecto de los funcionarios, tan desapegados a las normas?
Sí. Y lo ha hecho esta misma semana. El lunes, amplió en $ 1.600 millones el Presupuesto General de la Provincia, que ya era de $ 23.000 millones de pura incertidumbre. Y luego eliminó los topes de dinero que, por ley, limitaban las contrataciones directas de los funcionarios que hacen imposible saber qué pasa con la plata de los tucumanos. A los límites, por decreto, los pondrá el gobernador.
En pocas palabras, así no hay empresa que aguante.
Hoy, en esta empresa moderna con que se compara al Estado, no sólo importa en qué gasta el Gobierno, sino cómo maneja cada peso. Cuánto ingresó y en concepto de qué, cuándo egresó, dónde estuvo en el ínterin, quiénes tuvieron algo que ver, cómo fue registrado. Para eso están las normas de procedimiento: para la transparencia y la eficiencia en el gasto público. Eso redimensiona al Tribunal de Cuentas. El ente de control es el síndico de esta empresa, que observa cómo procede la gerencia con el dinero de los accionistas e informa al directorio cuánto apego hay a sus instrucciones. Ese informe (de llamarse “Cómo se maneja el Estado con la plata de los tucumanos” sería best seller), se titula “Cuenta de Inversión”. La última, que corresponde al electoralísimo 2013, es, en una palabra, pavorosa.
Advierte el Tribunal de Cuentas que con $ 7 de cada $ 10 del Estado tucumano no se sabe bien qué pasa. No hay claridad en el registro de la plata que manda la Nación, que es el 70% de los recursos estatales de esta provincia. Textualmente: “No se tiene acceso a la información que permita establecer si efectivamente las remesas transferidas por la Nación son las correspondientes conforme a la distribución dispuesta en la normativa nacional vigente; toda vez que se carece de información relacionada con los fondos recaudados por cada uno de los impuestos nacionales de los que derivan las remesas”. Traducido: no se puede saber si toda la plata que envía el Gobierno central es toda la que tenía que mandar. De la que llegó, no se puede identificar la naturaleza del recurso (si vienen de leyes especiales, de programas específicos o la discrecionalidad de la Presidenta). La consecuencia: tampoco puede determinarse si el objeto del gasto era el debido.
El resultado: “corresponde emitir dictamen desfavorable respecto de la registración y exposición de los recursos de jurisdicción nacional”. En una palabra, horroroso.
Esa, por cierto, no es la peor parte. Si con los recursos nacionales hay incertidumbre, con los provinciales, directamente, no se tiene idea de lo que pasa.
Sin registro
El informe de la Cuenta de Inversión comenzó apuntándole al Poder Judicial. Cuando la Justicia renueva plazos fijos, según el Tribunal de Cuentas, “no se registran (...) los casos de renovación total, por ende tampoco se registra el interés ganado hasta el momento de la citada renovación, como correspondería”. A lo que se agrega que cuando se efectúa la nueva imposición (capital inicial más intereses) se modifica el número de plazo fijo, por lo que “resulta confuso el seguimiento de las imposiciones de plazo fijo a través del tiempo”. En una palabra, tremendo.
Pero nada comparado con el Poder Ejecutivo. Al Ministerio de Salud le dieron diagnóstico terminal: la mayoría de sus cuentas bancarias que administra “no están incluidas en el Safyc (Sistema de Administración Financiera y Control), quebrantando el Decreto 2/3 (ME) del 2 de enero de 2008”.
En la minoría de las cuentas que están en el sistema, el patrimonio es el desconcierto. “No hay coincidencias entre las registraciones del Libro Banco operado manualmente y el Safyc. Los registros del Safyc no obedecen a la documentación respaldatoria (resúmenes bancarios e informes de extracción de fondos y su rendición de cuentas). Los saldos en los libros Safyc no coinciden con los registros manuales ni con extracción bancaria”. En una palabra, gravísimo. Pero no exclusivo.
En el Ministerio de Educación, los contadores fiscales encontraron que la cuenta del Programa INET (educación técnica) registra la ejecución de $ 7 millones (1,5 millón para computadoras y el resto para obras). Sin embargo, las cuentas bancarias consignan ejecuciones por $ 26 millones.
Con el Programa de Mejoramiento de la Equidad Educativa (Promedu) es peor. En el Safyc, esa cuenta no registra ejecución de gastos. Es decir, para el sistema oficial, no gastaron ni un peso. Sin embargo, figura en los registros bancarios que sacaron $ 24 millones. En una palabra, alarmante.
Con respecto al absorbido Ministerio de Seguridad Ciudadana surge que el Departamento General de Policía no tiene en el sistema oficial de control de finanzas su cuenta para Servicios Adicionales. Pero no sólo eso: la cuenta donde guardan esa plata no está en el Banco del Tucumán -organismo fiduciario oficial-, sino ¡en el Banco Nación! Lo que debería ocurrir, según el Tribunal de Cuentas, es lo contrario, para que “la totalidad de los fondos de esta operatoria sean incorporados y registrados en el Presupuesto de la Provincia”. Pero la institución armada encargada de hacer cumplir la ley incumple la ley. En una palabra, oprobioso.
Sin veracidad
El sayo no le cabe sólo a los ministros, sino también al gobernador. “Se verificó que la cuenta bancaria Fondo Federal Solidario mantiene un saldo inmovilizado durante 2013 de $ 6,8 millones, que se mantiene como remanente del ejercicio 2012”, dice el informe de la Cuenta de Inversión. Durante dos años, el alperovichismo no ejecutó cuentas que debería ejecutar, porque el Fondo Soja es para dar soluciones a la gente. Pero decidieron guardar el dinero, suficiente para construir una escuela y media. ¿Qué esperan? ¿Los comicios de 2015? En una palabra, escandaloso.
Por si no basta, los contadores fiscales miraron, en particular, en la Tesorería General de la Provincia: “el organismo no cuenta con la información detallada del Banco del Tucumán, sólo con planillas globales enviadas vía e-mail, sobre la base de las cuales se ralizan los registros”.
Luego miraron en general, ya fuera de la Tesorería, y expresaron: “Tomada una muestra importante de los registros de los tributos provinciales, y comparado con lo ingresado en igual período, se infiere que lo registrado es distinto de lo recaudado por cada período que se analiza”.
El dictamen del Tribunal de Cuentas lo dice todo. “Los procedimientos contables de registración no se adecuan a las normas (…) Los saldos expuestos de los recursos provinciales no representan la veracidad de lo recaudado”. En una palabra, alperovichismo.
Sin explicación
¿Alguién puede hacer algo? Sí: la Legislatura. La Ley de Administración Financiera recomienda formar una comisión especial que estudie el informe del Tribunal de Cuentas, o que lo tome como dictamen, y que lleve al recinto la discusión acerca de cómo maneja el Estado la plata de los tucumanos. Pero la Cámara se ha desautorizado a sí misma en esta materia: su Presupuesto 2014 es de $ 750 millones. Convertidos con el dólar oficial, financian el programa espacial por el cual la India acaba de poner una sonda en la órbita de Marte (costó U$S 75 millones), y sobrarían $ 113 millones, que es más de lo que Juan Manzur prometía administrar como presupuesto total cuando, en 2007, hacía campaña y se horrorizaba porque Fernando Juri había ejecutado $ 200 millones.
Fuentes oficiosas (dada la decisión de las autoridades oficiales de ocultar el Presupuesto) sostienen que $ 120 millones se destinarían a Gastos de Funcionamiento. La mitad es es para Bienes de Uso, como computadoras, mobiliario y autos (¿cuántos vehículos compran por año?) El 30% es para Bienes no personales, como homenajes, luz, gas, agua, telefonía, servicio médico y viáticos (¿a dónde viajan?). El 20% restante es para Bienes de consumo, como limpieza, papelería, combustibles, mantenimiento del edificio -nuevo- y comestibles (¿qué comen?).
Otros $ 130 millones serían para Transferencias, partida que financia los “Gastos Sociales”. Pero a un promedio de $ 100.000 mensuales por legislador (aunque muchos digan que ganan menos y nadie admita que gana más), son $ 60 millones por año. ¿Y los otros $ 70 millones?
Los $ 500 millones restantes del Presupuesto legislativo son para Personal. Pero los legisladores tienen una dieta bruta de 25.000 y fondos para contratar 10 asesores de $ 8.000 cada uno. El total: 67 millones para las remuneraciones de 539 personas. ¡Y todavía quedan 433 millones para pagar salarios! ¿Cuánta gente emplea la Legislatura? En una palabra, descontrol.
Sin límite
La segunda cuestión. ¿Ha hecho algo esta Legislatura, alguna vez, respecto del Presupuesto que el Ejecutivo gasta como quiere; y respecto de los funcionarios, tan desapegados a las normas?
Sí. Y lo ha hecho esta misma semana. El lunes, amplió en $ 1.600 millones el Presupuesto General de la Provincia, que ya era de $ 23.000 millones de pura incertidumbre. Y luego eliminó los topes de dinero que, por ley, limitaban las contrataciones directas de los funcionarios que hacen imposible saber qué pasa con la plata de los tucumanos. A los límites, por decreto, los pondrá el gobernador.
En pocas palabras, así no hay empresa que aguante.
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