28 Septiembre 2014
LA SERIE. Los tuits de la izquierda muestran las opiniones que generaron el sumario. El relator los niega y publicó los otros dos a modo de aclaración.
“No hay que mostrar la hilacha. Lesson #1 en cualquier ámbito institucional. Y no. Acá estamos como estamos. Lamentable”/ “Vicios de la política comarcana trasladados al Poder Judicial. Joder a alguien para, indirectamente, joder a otro. Primitivo”. / “Los proyectos institucionales manejados como si fuera el almacén de Don Manolo. / “Vergonzoso el nivel institucional de la Corte. Camarillas, agachadas, manoseos. Una pena no tener una Corte q juegue de Corte”.
La publicación de estas opiniones críticas en la cuenta de Twitter de Marcos Arias Amicone (@marcos__arias), relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a las órdenes del vocal René Goane, no hizo gracia a la superioridad. Notificados de la situación presuntamente por medio de compañeros del tuitero, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, y su par Antonio Estofán ordenaron a la Secretaría de Superintendencia la confección de un acta de constatación de las “expresiones inapropiadas”. Aquello ocurrió en la última semana de junio, justo antes de que fueran borrados los tuits que irritaron a los jefes de Arias Amicone y este publicase otros en los que declaró haber sido objeto de una posible sustitución de identidad y de que le atribuían opiniones que él no había emitido.
Antes de la feria, la Corte dispuso iniciar un sumario administrativo en contra del relator con los votos de Gandur, Estofán y Daniel Posse (Claudia Sbdar estaba en comisión y Goane, de licencia). Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia, fue designada instructora de la investigación. A los pocos días, Arias Amicone se presentó espontáneamente para informar que había desechado los tuits. “Desconozco totalmente la razón de la aparición de tales dichos respecto de los cuales se inician estas actuaciones (los que, reitero, no me pertenecen ni fueron publicados por mí), aunque probablemente se deba a una falla de seguridad que es habitual en el marco del uso de las redes sociales. Tengo entendido que tales situaciones se denominan ‘hackeo’ o sustitución de identidad”, agregó.
Pero la explicación no convenció a Blanco, que en el capítulo de cargos reprochó al relator el no haber tomado “medidas acordes al caso”, como el procedimiento previsto por Twitter para el supuesto de sustitución de identidad. “Se equivoca al afirmar que lo acontecido no tuvo ninguna trascendencia o repercusión social ni de otra índole: prueba de lo contrario es este sumario y el hecho de que Twitter es una red social con alcance mundial”, dijo y lo acusó de haber transgredido los deberes previstos en la Ley 5.473.
En su descargo, Arias Amicone insistió en que él no era el autor de los tuits y que estos no habían tenido trascendencia en términos de retuiteos y de “faveos” (marcas de favorito). Además, arguyó que de su perfil de Twitter no era posible inferir que trabajaba en los Tribunales locales y que, de todas maneras, la mención genérica de “Corte” no implicaba necesariamente la de Tucumán. “Esta tiene una práctica institucional intachable, escrutable públicamente, y disponible y al alcance de toda la comunidad”, dijo.
Pero el ministro público Edmundo Jiménez tampoco le creyó. El 17 de septiembre, este dictaminó que Arias Amicone transgredió la Ley 5.473 y, que, por ello, es pasible de una sanción administrativa cuya determinación queda a criterio de la Corte “ofendida” por los tuits controvertidos.
La publicación de estas opiniones críticas en la cuenta de Twitter de Marcos Arias Amicone (@marcos__arias), relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) a las órdenes del vocal René Goane, no hizo gracia a la superioridad. Notificados de la situación presuntamente por medio de compañeros del tuitero, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, y su par Antonio Estofán ordenaron a la Secretaría de Superintendencia la confección de un acta de constatación de las “expresiones inapropiadas”. Aquello ocurrió en la última semana de junio, justo antes de que fueran borrados los tuits que irritaron a los jefes de Arias Amicone y este publicase otros en los que declaró haber sido objeto de una posible sustitución de identidad y de que le atribuían opiniones que él no había emitido.
Antes de la feria, la Corte dispuso iniciar un sumario administrativo en contra del relator con los votos de Gandur, Estofán y Daniel Posse (Claudia Sbdar estaba en comisión y Goane, de licencia). Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia, fue designada instructora de la investigación. A los pocos días, Arias Amicone se presentó espontáneamente para informar que había desechado los tuits. “Desconozco totalmente la razón de la aparición de tales dichos respecto de los cuales se inician estas actuaciones (los que, reitero, no me pertenecen ni fueron publicados por mí), aunque probablemente se deba a una falla de seguridad que es habitual en el marco del uso de las redes sociales. Tengo entendido que tales situaciones se denominan ‘hackeo’ o sustitución de identidad”, agregó.
Pero la explicación no convenció a Blanco, que en el capítulo de cargos reprochó al relator el no haber tomado “medidas acordes al caso”, como el procedimiento previsto por Twitter para el supuesto de sustitución de identidad. “Se equivoca al afirmar que lo acontecido no tuvo ninguna trascendencia o repercusión social ni de otra índole: prueba de lo contrario es este sumario y el hecho de que Twitter es una red social con alcance mundial”, dijo y lo acusó de haber transgredido los deberes previstos en la Ley 5.473.
En su descargo, Arias Amicone insistió en que él no era el autor de los tuits y que estos no habían tenido trascendencia en términos de retuiteos y de “faveos” (marcas de favorito). Además, arguyó que de su perfil de Twitter no era posible inferir que trabajaba en los Tribunales locales y que, de todas maneras, la mención genérica de “Corte” no implicaba necesariamente la de Tucumán. “Esta tiene una práctica institucional intachable, escrutable públicamente, y disponible y al alcance de toda la comunidad”, dijo.
Pero el ministro público Edmundo Jiménez tampoco le creyó. El 17 de septiembre, este dictaminó que Arias Amicone transgredió la Ley 5.473 y, que, por ello, es pasible de una sanción administrativa cuya determinación queda a criterio de la Corte “ofendida” por los tuits controvertidos.
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