Por LA GACETA
01 Octubre 2014
Es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Es una herramienta útil para saber, por ejemplo, qué está ocurriendo en una realidad determinada. La estadística es fundamental para el análisis y para la toma de decisiones. La inseguridad es uno de los flagelos que padecemos a diario los tucumanos.
Este lunes, el Gobierno provincial difundió las estadísticas de las intervenciones que se produjeron durante agosto pasado a través del sistema de emergencias 911. El informe señala que de las 350 detenciones que realizó la Policía en toda la provincia, 194 fueron contra personas sospechadas de haber cometido un delito. Las restantes 156 fueron privadas de su libertad por contravenciones. El secretario provincial de Seguridad dijo que “el 75% de los detenidos tiene antecedentes penales”, lo que significa que la mayoría de los delincuentes estuvieron detenidos con anterioridad, y su caso ha quedado registrado en la división Antecedentes Personales de la Policía.
Durante el mes pasado se registraron 157.397 llamadas, de las cuales 33.654 (21,4%) culminaron con intervenciones positivas de la Policía. Se indica del total de las llamadas recibidas, hubo 45.412 perdidas -28,9%- (fueron bromas, insultos o se cortó la comunicación). De las 111.985 restantes, 78.331 (o sea, el 70% de las que se atendieron) fueron consideradas falsas. Ello implica que se enviaron agentes hasta el lugar indicado por el denunciante, pero los policías no encontraron a nadie o no existía el problema denunciado. El funcionario señaló que se secuestraron 1.037 motos, 43 autos, 21 camionetas, nueve camiones y cuatro máquinas agrícolas; la mayoría de sus conductores transgredieron la Ley de Tránsito. En la primera quincena de agosto, en la jurisdicción del Centro Judicial Capital que abarca los departamentos Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Burruyacu, Trancas, Leales y Lules, se denunciaron 147 robos de motos.
En este informe, llama la atención, por ejemplo, que el 75% de los arrestados tenía antecedentes penales. Habría que preguntarse cuál es la causa. Tal vez está indicando falencias en la Justicia. ¿Se trata de delincuentes que han sido liberados porque el juez consideró que se trataba de delitos menores? La Policía se suele quejar de que detiene a los malhechores, pero los jueces suelen liberarlos a las pocas horas. ¿Cómo puede sentirse una persona si se encuentra en la calle con el mismo sujeto que lo ha asaltado o un comerciante que vuelve a recibir la visita del mismo ladrón? Y si el asalto volviera a repetirse, ¿quién se hace cargo del perjuicio? ¿El Gobierno? ¿La Justicia? ¿El juez que lo liberó? ¿Nadie?
Sería interesante que la estadística también nos informara acerca de qué porcentaje de este 75% ha purgado una condena y ha reincidido. Y por qué, pese a sus antecedentes penales, han recuperado la libertad. Habría que preguntarse cuál es el rol que cumple la cárcel en la reeducación del preso. ¿Qué se debe cambiar? Y si se conocen las falencias del sistema carcelario, ¿por qué no diseña una nueva política? Si la estadística no se emplea para analizar los problemas de la realidad que está desnudando y buscar las causas y las posibles soluciones, de poco servirá, y el delito no cederá.
Este lunes, el Gobierno provincial difundió las estadísticas de las intervenciones que se produjeron durante agosto pasado a través del sistema de emergencias 911. El informe señala que de las 350 detenciones que realizó la Policía en toda la provincia, 194 fueron contra personas sospechadas de haber cometido un delito. Las restantes 156 fueron privadas de su libertad por contravenciones. El secretario provincial de Seguridad dijo que “el 75% de los detenidos tiene antecedentes penales”, lo que significa que la mayoría de los delincuentes estuvieron detenidos con anterioridad, y su caso ha quedado registrado en la división Antecedentes Personales de la Policía.
Durante el mes pasado se registraron 157.397 llamadas, de las cuales 33.654 (21,4%) culminaron con intervenciones positivas de la Policía. Se indica del total de las llamadas recibidas, hubo 45.412 perdidas -28,9%- (fueron bromas, insultos o se cortó la comunicación). De las 111.985 restantes, 78.331 (o sea, el 70% de las que se atendieron) fueron consideradas falsas. Ello implica que se enviaron agentes hasta el lugar indicado por el denunciante, pero los policías no encontraron a nadie o no existía el problema denunciado. El funcionario señaló que se secuestraron 1.037 motos, 43 autos, 21 camionetas, nueve camiones y cuatro máquinas agrícolas; la mayoría de sus conductores transgredieron la Ley de Tránsito. En la primera quincena de agosto, en la jurisdicción del Centro Judicial Capital que abarca los departamentos Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Cruz Alta, Burruyacu, Trancas, Leales y Lules, se denunciaron 147 robos de motos.
En este informe, llama la atención, por ejemplo, que el 75% de los arrestados tenía antecedentes penales. Habría que preguntarse cuál es la causa. Tal vez está indicando falencias en la Justicia. ¿Se trata de delincuentes que han sido liberados porque el juez consideró que se trataba de delitos menores? La Policía se suele quejar de que detiene a los malhechores, pero los jueces suelen liberarlos a las pocas horas. ¿Cómo puede sentirse una persona si se encuentra en la calle con el mismo sujeto que lo ha asaltado o un comerciante que vuelve a recibir la visita del mismo ladrón? Y si el asalto volviera a repetirse, ¿quién se hace cargo del perjuicio? ¿El Gobierno? ¿La Justicia? ¿El juez que lo liberó? ¿Nadie?
Sería interesante que la estadística también nos informara acerca de qué porcentaje de este 75% ha purgado una condena y ha reincidido. Y por qué, pese a sus antecedentes penales, han recuperado la libertad. Habría que preguntarse cuál es el rol que cumple la cárcel en la reeducación del preso. ¿Qué se debe cambiar? Y si se conocen las falencias del sistema carcelario, ¿por qué no diseña una nueva política? Si la estadística no se emplea para analizar los problemas de la realidad que está desnudando y buscar las causas y las posibles soluciones, de poco servirá, y el delito no cederá.
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