El Gobierno ataca a los medios y la oposición exige consensos para tratar la nueva reforma

BUENOS AIRES. - El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que “el pueblo argentino en su conjunto” reclamaba la reforma del Código de Procesal Penal que la presidenta, Cristina Fernández, envió ayer al Congreso, a la que calificó como “una herramienta extraordinariamente positiva para garantizar la accesibilidad a la Justicia en tiempo y forma”. El funcionario dijo, además, que “este proyecto cuenta con un alto nivel de consenso entre juristas y académicos”, y se quejó de una “aviesa mala intención de muchos medios (de comunicación) para confundir a la ciudadanía” sobre el contenido de la propuesta.

Remarcó que la oposición “pedía todo el tiempo una reforma de esta naturaleza, y la verdad que esperemos que sean coherentes con lo que pedían”, dijo en alusión al proyecto que proponen, entre otros temas, acelerar los tiempos judiciales, penalizaciones a fiscales y más dureza contra los extranjeros que delinquen. Capitanich fustigó a los medios de comunicación “opositores”, por una supuesta “estrategia de desnaturalizar y confrontar sistemáticamente con cualquier iniciativa del Gobierno”.

En esa dirección opinó el ministro de Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, quien remarcó: “la idea de querer hacer aparecer como que a la Presidenta no le preocupa la inseguridad es realmente de un grado de ‘hijadeputez’ (sic) increíble, para decirlo de una forma clara. ¿Cómo no le va a preocupar a la Presidenta? Nada más alejado de eso”, aseveró. Según el ministro, “la modificación del Código de Procedimiento Penal busca que la Justicia cuente con una herramienta fundamental para que contribuya a resolver este tema”.

En tanto el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, consideró que el proyecto presentado por la Presidenta, va a “poner a nuestro país a la vanguardia en lo que es un servicio de justicia”, y pidió que “los legisladores tengan el debate y el consenso necesarios”, ya que, advirtió, “por más de que pongamos más patrulleros, más policías y tomemos medidas desde la prevención, nos quedamos a mitad de camino si no tenemos una justicia más ágil, más eficiente, y con castigo ejemplar”, añadió.

El titular del radicalismo, Ernesto Sanz, juzgó como una “incoherencia jurídica” la iniciativa de la expulsión de extranjeros con irregularidades que incorporará el nuevo Código Procesal Penal y pidió al Gobierno que “esta vez busque consenso” para su aprobación en el Congreso. “Aspiramos a que sea un proyecto de consenso, por fuera de las cuestiones de marketing y lo electoral”, aseguró Sanz.

Desde el PRO, que lidera Mauricio Macri, opinó el diputado nacional Pablo Tonelli, quien expresó que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal “va en el buen sentido” y aseguró que su bloque acompañará la medida.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos santafesino, Juan Lewis, afirmó que “toda reforma procesal que acerca la justicia a la gente es saludable y la compartimos”. “En la provincia de Santa Fe, no sólo cambiamos el Código sino todo el sistema de justicia penal que comenzó a regir el pasado 10 de febrero”, aseguró.

“Se acuerdan que nos acusaban de derecha, reaccionarios y fachos, cuando proponíamos endurecer las penas? Bueno, el tiempo terminó de darnos la razón, y queda demostrado que la Argentina necesita un sistema de justicia más estricto, para que no haya sensación de impunidad en la sociedad”, opinó el candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, quien dijo estar de acuerdo en habilitar herramientas que permitan expulsar a aquellos inmigrantes que cometan delitos y terminar, como lo planteamos el año pasado, con la puerta giratoria y las trampas procesales”, aseveró Massa en diálogo con radio Mitre.

Sobre la expulsión de extranjeros que delinquen, la fiscal Cristina Caamaño advirtió que el grado de incidencia de estos en la comisión de delitos es “mínima”, por lo que consideró que la incorporación de la figura de “expulsión” “no” resuelve la problemática. La funcionaria judicial desacreditó así las declaraciones de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, quien había alertado que el 19 % de los delitos cometidos en el país eran perpetrados por extranjeros. “Debe tener mal las estadísticas”, sentenció.

Por otra parte, la diputada Elisa Carrió reclamó a todo el arco opositor dejar en soledad al Gobierno cuando trate en el Congreso el proyecto de código, y justificó ese pedido en que los legisladores no kirchneristas “no” pueden “legitimar la impunidad” que se buscaría con el nuevo texto legal.

No es retroactivo

Consultado sobre la iniciativa, el ex ministro de Justicia León Arslanian juzgó que el proyecto “en principio es altamente significativo, por cuanto tiende a modernizar la aplicación de las leyes”. Y recordó que había una gran expectativa con el proyecto del Poder Ejecutivo del ‘86, cuando el gobierno de (Raúl) Alfonsín elaboró un anteproyecto que establecía un régimen de estas características”, destacó. Consultado sobre las advertencias surgidas desde la oposición por la posible prescripción de causas por corrupción que involucran a funcionarios, rechazó de plano esta posibilidad: “rige hacia futuro, no es retroactivo”, aclaró. (DyN)