06 Noviembre 2014
Un final anunciado tuvo la ley que cede a la Justicia provincial la competencia en la investigación de los casos de venta de drogas al por menor (o “narcomenudeo”). Así lo interpretaron en la Legislatura referentes de los bloques opositores, quienes ya al momento de sancionarse la norma, a comienzos de año, habían advertido sobre su problemática aplicación.
“En ese entonces mi postura fue muy clara, se sacó una ley totalmente basada en la improvisación puesto que la Provincia no está capacitada para asumir semejante responsabilidad, lo que demuestra que el gobernador José Alperovich hizo de este tema una simple ‘bomba de humo’ a modo de pararse ante la ciudadanía y hacernos creer que se estaba preocupando y encargando de esta situación; una mentira que hoy se desnuda y cae por su propio peso porque no se está haciendo absolutamente nada”, señaló el macrista Alberto Colombres Garmendia.
Ayer, LA GACETA dio cuenta de que la norma, impulsada por el oficialismo, no comenzará a regir desde marzo próximo, como se había anunciado. El propio secretario de Seguridad, Paul Hofer, confirmó la postergación. De esa manera, la investigación de los casos de venta de droga seguirá en la órbita de la Justicia Federal hasta tanto la comisión creada por la ley para adaptar la estructura local defina las necesidades y recursos disponibles.
Colombres Garmendia insistió en que la división de la jurisdicción entre federal y provincial impedirá la investigación de las redes de narcotráfico. “La gran mayoría de causas que se inician investigando para llegar a los proveedores mayoristas comienzan en un dealer o venta para consumo. Si este delito será investigado por la Justicia provincial, en algún momento de la investigación deberá pasar a la sede federal por incompetencia, es decir, se producirá un quiebre en la investigación”, argumentó.
También reflotó sus reparos a la norma el legislador José Manuel Páez (Democracia Cristiana). “Cuando se trató la ley advertí que no hubo buenas experiencias ni estadísticas claras en otros distritos, que no resultaba conveniente separar el tráfico ‘mayorista’ investigado en el fuero federal y el ‘menudeo’ en el fuero local, porque ambas cosas están ligadas. En caso de dudas prevalece la jurisdicción federal, según norma la ley nacional sobre estupefacientes. Además, la Provincia no tiene estructura ni personal capacitado para encarar la cuestión, lo que ha sido reconocido por la autoridad provincial”, afirmó el opositor.
“En ese entonces mi postura fue muy clara, se sacó una ley totalmente basada en la improvisación puesto que la Provincia no está capacitada para asumir semejante responsabilidad, lo que demuestra que el gobernador José Alperovich hizo de este tema una simple ‘bomba de humo’ a modo de pararse ante la ciudadanía y hacernos creer que se estaba preocupando y encargando de esta situación; una mentira que hoy se desnuda y cae por su propio peso porque no se está haciendo absolutamente nada”, señaló el macrista Alberto Colombres Garmendia.
Ayer, LA GACETA dio cuenta de que la norma, impulsada por el oficialismo, no comenzará a regir desde marzo próximo, como se había anunciado. El propio secretario de Seguridad, Paul Hofer, confirmó la postergación. De esa manera, la investigación de los casos de venta de droga seguirá en la órbita de la Justicia Federal hasta tanto la comisión creada por la ley para adaptar la estructura local defina las necesidades y recursos disponibles.
Colombres Garmendia insistió en que la división de la jurisdicción entre federal y provincial impedirá la investigación de las redes de narcotráfico. “La gran mayoría de causas que se inician investigando para llegar a los proveedores mayoristas comienzan en un dealer o venta para consumo. Si este delito será investigado por la Justicia provincial, en algún momento de la investigación deberá pasar a la sede federal por incompetencia, es decir, se producirá un quiebre en la investigación”, argumentó.
También reflotó sus reparos a la norma el legislador José Manuel Páez (Democracia Cristiana). “Cuando se trató la ley advertí que no hubo buenas experiencias ni estadísticas claras en otros distritos, que no resultaba conveniente separar el tráfico ‘mayorista’ investigado en el fuero federal y el ‘menudeo’ en el fuero local, porque ambas cosas están ligadas. En caso de dudas prevalece la jurisdicción federal, según norma la ley nacional sobre estupefacientes. Además, la Provincia no tiene estructura ni personal capacitado para encarar la cuestión, lo que ha sido reconocido por la autoridad provincial”, afirmó el opositor.
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