27 Noviembre 2014
El gobierno mendocino y la industria vitivinícola mostraron sus cartas en defensa de la “ley del mosto”, en una audiencia que se realizó ayer en el Senado de la Nación. Francisco Pérez, gobernador de la provincia cuyana, encabezó el aval al proyecto ahora llamado “Ley de Uso de Jugos Naturales”.
La iniciativa permitirá el ingreso de jugos naturales, como la uva y la manzana, en el mercado de endulzantes de bebidas sin alcohol, gaseosas o no, en el país. La reforma apunta una suba de la alícuota de Impuestos Internos (del 8% al 28%) para las bebidas analcohólicas; y una reducción (4% a 2,8%) para las elaboradas con 10%, como mínimo, de jugos o zumos de frutas -filtrados o no- o su equivalente en jugos concentrados. Luego, hubo una modificación en el texto inicial y se elevó de 8% a 18% la tasa cuando se incremente a un 75% la utilización de azúcar, con 9% de jugo. Tanto la industria y las provincias azucareras, como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la cámara de fructosa de maíz (Cafagda), rechazaron la iniciativa debido a que un cambio del régimen generará nueva composición en la elaboración de productos y elevará el precio de las bebidas, con impacto en el consumo.
En las presentaciones, se argumentó que la ley permitirá incorporar componentes naturales y saludables a la bebidas analcohólicas, sin encarecer el producto final ni perjudicar el mercado del azúcar. Como defensa, también se planteó que la normativa impulsará las economías regionales de 13 provincias y mejorará la salud de la población.
En la audiencia participaron los senadores oficialistas Aníbal Fernández y Miguel Pichetto. Allí se remarcó que el proyecto avanzará en el Congreso, siempre y cuando haya consenso con Tucumán y Jujuy (productoras de azúcar).
La iniciativa permitirá el ingreso de jugos naturales, como la uva y la manzana, en el mercado de endulzantes de bebidas sin alcohol, gaseosas o no, en el país. La reforma apunta una suba de la alícuota de Impuestos Internos (del 8% al 28%) para las bebidas analcohólicas; y una reducción (4% a 2,8%) para las elaboradas con 10%, como mínimo, de jugos o zumos de frutas -filtrados o no- o su equivalente en jugos concentrados. Luego, hubo una modificación en el texto inicial y se elevó de 8% a 18% la tasa cuando se incremente a un 75% la utilización de azúcar, con 9% de jugo. Tanto la industria y las provincias azucareras, como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la cámara de fructosa de maíz (Cafagda), rechazaron la iniciativa debido a que un cambio del régimen generará nueva composición en la elaboración de productos y elevará el precio de las bebidas, con impacto en el consumo.
En las presentaciones, se argumentó que la ley permitirá incorporar componentes naturales y saludables a la bebidas analcohólicas, sin encarecer el producto final ni perjudicar el mercado del azúcar. Como defensa, también se planteó que la normativa impulsará las economías regionales de 13 provincias y mejorará la salud de la población.
En la audiencia participaron los senadores oficialistas Aníbal Fernández y Miguel Pichetto. Allí se remarcó que el proyecto avanzará en el Congreso, siempre y cuando haya consenso con Tucumán y Jujuy (productoras de azúcar).
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