17 Diciembre 2014
El proceso de selección de un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción parece “un campo minado”. Ocurre que cada paso que al respecto da el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) puede reavivar el conflicto judicial que inició Guillermo Acosta, concursante y juez de Instrucción en Concepción. En el presente, la “bomba potencial” está en el jurado que ha de calificar de nuevo el caso 1 de la prueba escrita de ese postulante en función del fallo adverso al CAM que en octubre dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Según el ganador del juicio, el nuevo tribunal conformado por los consejeros es antirreglamentario. “La sustitución de Ana Lía Castillo de Ayusa viola la sentencia del alto tribunal”, expresó Acosta en la impugnación que presentó.
El aspirante a camarista pretende que el órgano a cargo de preseleccionar los jueces respete el jurado suplente, que estaba conformado por la académica Castillo de Ayusa, la jueza Alicia Freidenberg y el abogado Diego Lammoglia. El 11 de noviembre y después de descartar la posibilidad de apelar la sentencia de la Corte, el órgano decidió excluir a Castillo de Ayusa con el argumento de que el reglamento dispone que un tercio del tribunal debe ser foráneo, según recordó en la sesión la presidenta, Claudia Sbdar. A continuación, la consejera jueza Marcela Ruiz sugirió reemplazar a Castillo de Ayusa con Matías Bailone (colaborador directo del ministro Eugenio Zaffaroni en la Corte de la Nación). El 21 de noviembre finalmente el CAM conformó el jurado suplente con la catedrática Ángela Ledesma (es vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal con sede en Buenos Aires) mediante el Acuerdo 154/14 que fue firmado por los consejeros Ruiz, Antonio Bustamante, Graciela Suárez, Adriana Najar y Raúl Martínez Aráoz.
“El CAM ha procedido a sustituir sin razón alguna que lo justifique a Castillo de Ayusa por Ledesma modificando de ese modo al jurado que había sido designado para este concurso (en septiembre de 2013) con anterioridad a los hechos y vicisitudes sucedidos”, opinó Acosta. El postulante expresó que la sentencia dice que la nueva calificación del caso 1 debe ser asignada por el jurado que corresponda según las normas reglamentarias, no por el jurado que los consejeros quieran designar a gusto y paladar. “El organismo carece de facultades para integrar jurados cuando les parezca conveniente, y menos aún puede modificar aquellos que ya están constituidos y cuando ya ha sido realizada la prueba que deben evaluar”, añadió. Y dijo que sorprendía el reemplazo intempestivo de Castillo de Ayusa cuando su nombramiento como evaluadora estaba firme, consentido y precluido. “Esto no es prolijo ni serio”, atacó.
Solución sugerida
En la impugnación que oficializó el 4 de diciembre pasado, el aspirante también manifestó que el requisito del tercio de jurados foráneos había sido cumplido en este concurso donde Daniel Obligado (juez de Buenos Aires) y Adrián Norberto Martín (académico de Buenos Aires) intervinieron en el tribunal titular junto con Ángel Paliza (abogado tucumano). Acosta dijo que el cambio de Castillo de Ayusa por Ledesma suponía la formación de un jurado ad hoc que vulneraba la garantía del debido proceso y su derecho a ser evaluado por el “juez natural” del caso. A modo de otrosí, el concursante elogió la posición del consejero legislador Federico Romano Norri (UCR), que planteó que correspondía anular la oposición para todos los aspirantes y no sólo para aquel que judicializó el concurso, alternativa que no tuvo acogida en el Consejo. El parlamentario expresó en la sesión del 11 de noviembre que el fallo dejó claro que el jurado titular había aplicado en la corrección un criterio contrario a la ley y a la doctrina legal. “La necesidad de corregir todos los casos 1 y no sólo el mío ha sido reconocida por el propio ganador provisorio del concurso, Juan Carlos Nacul. Pero nadie puede exigir esta solución al CAM, sino sólo sugerírsela”, afirmó Acosta. Su impugnación sería tratada en la sesión de hoy al mediodía y, en principio, habría voluntad para “desactivar” la decisión de excluir a Castillo de Ayusa.
La naturaleza única de la Cámara de Apelaciones -un estrado con tres vocales a cargo de revisar las investigaciones penales de toda la provincia-, convierte a este concurso en el más delicado de la breve pero prolífica historia del CAM fundado en 2009. El cargo en proceso de cobertura desde febrero de 2013 quedó vacante por la jubilación de Elva Jiménez, hermana del ministro público Edmundo Jiménez. La Corte detuvo el trámite cuando el CAM se disponía a elevar al Gobierno la terna formada por Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone. El juez Acosta no había reunido el puntaje mínimo para pasar a la entrevista: en el caso 1 de la prueba, que ha de ser corregido de nuevo, logró sólo 2 de los 20 puntos posibles y precisa de todas esas unidades para luchar por el tercer lugar de la terna.
El aspirante a camarista pretende que el órgano a cargo de preseleccionar los jueces respete el jurado suplente, que estaba conformado por la académica Castillo de Ayusa, la jueza Alicia Freidenberg y el abogado Diego Lammoglia. El 11 de noviembre y después de descartar la posibilidad de apelar la sentencia de la Corte, el órgano decidió excluir a Castillo de Ayusa con el argumento de que el reglamento dispone que un tercio del tribunal debe ser foráneo, según recordó en la sesión la presidenta, Claudia Sbdar. A continuación, la consejera jueza Marcela Ruiz sugirió reemplazar a Castillo de Ayusa con Matías Bailone (colaborador directo del ministro Eugenio Zaffaroni en la Corte de la Nación). El 21 de noviembre finalmente el CAM conformó el jurado suplente con la catedrática Ángela Ledesma (es vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal con sede en Buenos Aires) mediante el Acuerdo 154/14 que fue firmado por los consejeros Ruiz, Antonio Bustamante, Graciela Suárez, Adriana Najar y Raúl Martínez Aráoz.
“El CAM ha procedido a sustituir sin razón alguna que lo justifique a Castillo de Ayusa por Ledesma modificando de ese modo al jurado que había sido designado para este concurso (en septiembre de 2013) con anterioridad a los hechos y vicisitudes sucedidos”, opinó Acosta. El postulante expresó que la sentencia dice que la nueva calificación del caso 1 debe ser asignada por el jurado que corresponda según las normas reglamentarias, no por el jurado que los consejeros quieran designar a gusto y paladar. “El organismo carece de facultades para integrar jurados cuando les parezca conveniente, y menos aún puede modificar aquellos que ya están constituidos y cuando ya ha sido realizada la prueba que deben evaluar”, añadió. Y dijo que sorprendía el reemplazo intempestivo de Castillo de Ayusa cuando su nombramiento como evaluadora estaba firme, consentido y precluido. “Esto no es prolijo ni serio”, atacó.
Solución sugerida
En la impugnación que oficializó el 4 de diciembre pasado, el aspirante también manifestó que el requisito del tercio de jurados foráneos había sido cumplido en este concurso donde Daniel Obligado (juez de Buenos Aires) y Adrián Norberto Martín (académico de Buenos Aires) intervinieron en el tribunal titular junto con Ángel Paliza (abogado tucumano). Acosta dijo que el cambio de Castillo de Ayusa por Ledesma suponía la formación de un jurado ad hoc que vulneraba la garantía del debido proceso y su derecho a ser evaluado por el “juez natural” del caso. A modo de otrosí, el concursante elogió la posición del consejero legislador Federico Romano Norri (UCR), que planteó que correspondía anular la oposición para todos los aspirantes y no sólo para aquel que judicializó el concurso, alternativa que no tuvo acogida en el Consejo. El parlamentario expresó en la sesión del 11 de noviembre que el fallo dejó claro que el jurado titular había aplicado en la corrección un criterio contrario a la ley y a la doctrina legal. “La necesidad de corregir todos los casos 1 y no sólo el mío ha sido reconocida por el propio ganador provisorio del concurso, Juan Carlos Nacul. Pero nadie puede exigir esta solución al CAM, sino sólo sugerírsela”, afirmó Acosta. Su impugnación sería tratada en la sesión de hoy al mediodía y, en principio, habría voluntad para “desactivar” la decisión de excluir a Castillo de Ayusa.
La naturaleza única de la Cámara de Apelaciones -un estrado con tres vocales a cargo de revisar las investigaciones penales de toda la provincia-, convierte a este concurso en el más delicado de la breve pero prolífica historia del CAM fundado en 2009. El cargo en proceso de cobertura desde febrero de 2013 quedó vacante por la jubilación de Elva Jiménez, hermana del ministro público Edmundo Jiménez. La Corte detuvo el trámite cuando el CAM se disponía a elevar al Gobierno la terna formada por Nacul, Gustavo Romagnoli y Enrique Pedicone. El juez Acosta no había reunido el puntaje mínimo para pasar a la entrevista: en el caso 1 de la prueba, que ha de ser corregido de nuevo, logró sólo 2 de los 20 puntos posibles y precisa de todas esas unidades para luchar por el tercer lugar de la terna.
Lo más popular
