20 Diciembre 2014
El erario cumplirá 15 años de “blindaje” judicial
El oficialismo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 la Ley de Emergencia Económica, que hace inembargables las cuentas públicas Según la oposición, el alperovichismo usa esta herramienta para “patear” las deudas con sentencia judicial en contra del Estado provincial. Un mecanismo aplicado desde 1999
¿Una herramienta legal para proteger las cuentas de la Provincia de “la industria de los juicios” o una excusa con tintes inconstitucionales para “patear las deudas” del Estado tucumano? El primero de los argumentos pertenece al bloque oficialista Tucumán Crece, que aprovechó su mayoría en el recinto para prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica y “blindar” el erario de los embargos judiciales hasta el 31 de diciembre de 2015. El segundo postulado emanó de las bancas opositoras, que cuestionaron la aplicación de este sistema durante los últimos 15 años y criticaron al alperovichismo por no haber podido saldar la deuda pública en la última década de gestión.
El asunto generó divisiones incluso en el bloque massista del Frente Renovador. Mientras Gerónimo Vargas Aignasse rechazó el proyecto solicitado por el PE, su par famaillense, José Orellana, votó a favor. Las diferencias políticas entre los legisladores que responden al diputado nacional bonaerense Sergio Massa son cada vez más evidentes en el cuerpo colegiado.
En 1999, durante la gestión de Julio Miranda, se sancionó por primera vez el estado de Emergencia Económica para el Estado provincial (ley N° 6.987), en consonancia con una medida adoptada por el Gobierno nacional. La norma, según el artículo 1º, nació con el objetivo de “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece”. Fue renovada por última vez en 2012, y caducaba a fin de año. Con la prórroga de ayer, el “blindaje” seguirá siendo aplicable a las obligaciones vencidas “aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial”.
El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro (bloque Tucumán Crece), aseguró que desde 2003, cuando José Alperovich asumió como gobernador, la Provincia ha adoptado estrategias para su desendeudamiento. Recordó que “la Nación es acreedora del 90%” de esas obligaciones; y aseguró que el Poder Ejecutivo “ha dado muestras” de que busca “honrar sus deudas”. El oficialista detalló que, al inicio de la gestión, los compromisos representaban una cifra similar a dos presupuestos provinciales, mientras que en 2015 será equivalente al 13% del Presupuesto. “Es imprescindible seguir teniendo el orden en las finanzas que ha establecido esta administración, para poder enfrentar los compromisos. Esto no implica negar las deudas, sino el establecimiento de un procedimiento especial para el cobro”, señaló el ex funcionario.
Alberto Colombres Garmendia (PRO) apuntó que la Emergencia Económica permite al PE una restricción de los derechos constitucionales, y cuestionó que no haya tenido una “duración temporal” específica. “Hay centenares de sentencias que marcaron la inconstitucionalidad de esta norma. En 2005, un fallo de la Corte Suprema sostuvo que, al prorrogar la puesta en vigencia (de este mecanismo), se configura ‘una reiterada frustración al reconocimiento del derecho consagrado’ (a favor del acreedor demandante)”, expresó el macrista. Y consideró que la postura del oficialismo encuadraría en un “desacato”. “Sostener esto implica estar al borde de la ilegalidad. Se está estafando y defraudando a acreedores del Estado, que debieron pleitear durante años para que se reconozcan sus derechos, y cuando logran una sentencia firme, el PE se niega (a pagar) mediante una ley inconstitucional”, remarcó.
Según el radical Roberto Sánchez, la continuidad de este “blindaje” al erario “mantiene la desigualdad ante la ley entre contribuyentes y Estado provincial”. Federico Romano Norri, también de la Unión Cívica Radical (UCR), criticó que el mecanismo se mantenga “después de 12 años de gestión con recaudaciones récord, superávit fiscal y presupuestos millonarios”. “Esta maniobra legislativa se contradice con el discurso oficial; parece una burla”, aseveró.
El opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) fue tajante: “no le quieren pagar a la gente”. Y José Manuel Páez (Democracia Cristiana) fue irónico: “se habló de tasas chinas de crecimiento en la Provincia y la Nación, pero a esta Ley de Emergencia Económica ya le pueden hacer una fiesta de 15 años con vestido y torta”.
Fernando Valdez (UCR) recordó que el mes pasado, antes del tratamiento del Presupuesto General 2015, el ministro de Economía Jorge Jiménez expresó en una reunión legislativa que el motivo de la Ley de Emergencia Económica es la “fenomenal industria del juicio”. “(Jiménez) dijo que Tucumán es la provincia con más juicios en contra en el país. Entonces, esto encierra una intención perversa, que es la de seguir incrementando la deuda del Estado provincial con los acreedores”, relató el opositor.
Roque Álvarez, jefe del bloque Tucumán Crece y autor del proyecto para la prórroga, consideró que este régimen ha evitado embargos imprevistos para el erario. “En definitiva, eso es proteger el Estado. Esos embargos podrían haber sido motivo de atrasos de sueldos, de mala prestación en salud, de problemas en educación. Además, la deuda ha decrecido, y ese es otro mérito de la gestión”, remarcó el peronista.
La votación contó con 39 de los 49 legisladores en el recinto. Los siete opositores y el massista Vargas Aignasse emitieron su rechazo. El oficialismo, con el apoyo de Orellana, inclinó la balanza. Así, Alperovich terminará su mandato como lo empezó: con la vigencia de la Ley de Emergencia Económica.
El asunto generó divisiones incluso en el bloque massista del Frente Renovador. Mientras Gerónimo Vargas Aignasse rechazó el proyecto solicitado por el PE, su par famaillense, José Orellana, votó a favor. Las diferencias políticas entre los legisladores que responden al diputado nacional bonaerense Sergio Massa son cada vez más evidentes en el cuerpo colegiado.
En 1999, durante la gestión de Julio Miranda, se sancionó por primera vez el estado de Emergencia Económica para el Estado provincial (ley N° 6.987), en consonancia con una medida adoptada por el Gobierno nacional. La norma, según el artículo 1º, nació con el objetivo de “superar el peligro colectivo creado por las graves consecuencias económicas y sociales que la Provincia padece”. Fue renovada por última vez en 2012, y caducaba a fin de año. Con la prórroga de ayer, el “blindaje” seguirá siendo aplicable a las obligaciones vencidas “aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial”.
El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro (bloque Tucumán Crece), aseguró que desde 2003, cuando José Alperovich asumió como gobernador, la Provincia ha adoptado estrategias para su desendeudamiento. Recordó que “la Nación es acreedora del 90%” de esas obligaciones; y aseguró que el Poder Ejecutivo “ha dado muestras” de que busca “honrar sus deudas”. El oficialista detalló que, al inicio de la gestión, los compromisos representaban una cifra similar a dos presupuestos provinciales, mientras que en 2015 será equivalente al 13% del Presupuesto. “Es imprescindible seguir teniendo el orden en las finanzas que ha establecido esta administración, para poder enfrentar los compromisos. Esto no implica negar las deudas, sino el establecimiento de un procedimiento especial para el cobro”, señaló el ex funcionario.
Alberto Colombres Garmendia (PRO) apuntó que la Emergencia Económica permite al PE una restricción de los derechos constitucionales, y cuestionó que no haya tenido una “duración temporal” específica. “Hay centenares de sentencias que marcaron la inconstitucionalidad de esta norma. En 2005, un fallo de la Corte Suprema sostuvo que, al prorrogar la puesta en vigencia (de este mecanismo), se configura ‘una reiterada frustración al reconocimiento del derecho consagrado’ (a favor del acreedor demandante)”, expresó el macrista. Y consideró que la postura del oficialismo encuadraría en un “desacato”. “Sostener esto implica estar al borde de la ilegalidad. Se está estafando y defraudando a acreedores del Estado, que debieron pleitear durante años para que se reconozcan sus derechos, y cuando logran una sentencia firme, el PE se niega (a pagar) mediante una ley inconstitucional”, remarcó.
Según el radical Roberto Sánchez, la continuidad de este “blindaje” al erario “mantiene la desigualdad ante la ley entre contribuyentes y Estado provincial”. Federico Romano Norri, también de la Unión Cívica Radical (UCR), criticó que el mecanismo se mantenga “después de 12 años de gestión con recaudaciones récord, superávit fiscal y presupuestos millonarios”. “Esta maniobra legislativa se contradice con el discurso oficial; parece una burla”, aseveró.
El opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) fue tajante: “no le quieren pagar a la gente”. Y José Manuel Páez (Democracia Cristiana) fue irónico: “se habló de tasas chinas de crecimiento en la Provincia y la Nación, pero a esta Ley de Emergencia Económica ya le pueden hacer una fiesta de 15 años con vestido y torta”.
Fernando Valdez (UCR) recordó que el mes pasado, antes del tratamiento del Presupuesto General 2015, el ministro de Economía Jorge Jiménez expresó en una reunión legislativa que el motivo de la Ley de Emergencia Económica es la “fenomenal industria del juicio”. “(Jiménez) dijo que Tucumán es la provincia con más juicios en contra en el país. Entonces, esto encierra una intención perversa, que es la de seguir incrementando la deuda del Estado provincial con los acreedores”, relató el opositor.
Roque Álvarez, jefe del bloque Tucumán Crece y autor del proyecto para la prórroga, consideró que este régimen ha evitado embargos imprevistos para el erario. “En definitiva, eso es proteger el Estado. Esos embargos podrían haber sido motivo de atrasos de sueldos, de mala prestación en salud, de problemas en educación. Además, la deuda ha decrecido, y ese es otro mérito de la gestión”, remarcó el peronista.
La votación contó con 39 de los 49 legisladores en el recinto. Los siete opositores y el massista Vargas Aignasse emitieron su rechazo. El oficialismo, con el apoyo de Orellana, inclinó la balanza. Así, Alperovich terminará su mandato como lo empezó: con la vigencia de la Ley de Emergencia Económica.
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