21 Diciembre 2014
Las rispideces entre el amayismo y el alperovichismo parecen haberse cobrado una nueva víctima. El presidente del consorcio metropolitano que gestiona la basura de parte del Gran San Miguel, Pablo Kunik, fue reemplazado esta semana por el intendente Domingo Amaya.
Por una cuestión estatutaria, el consejero de la capital -nombrado directamente por el jefe municipal- es quien preside el organismo estatal que se encarga del proceso de separación, transferencia, transporte y disposición final de los residuos de seis municipios y cinco comunas. En lugar de Kunik, que había sido designado en 2011, Amaya optó por un colaborador suyo, el ex funcionario mirandista Julio Figueroa.
En los últimos meses, cuando se tensó la relación entre la Casa de Gobierno y el municipio habían surgido controversias sobre asuntos del consorcio. En octubre, tras una protesta de camioneros que afectó el trabajo en los predios, el alperovichismo y el amayismo disintieron en cuanto a qué empresa debía trasladar los residuos desde la planta de transferencia de San Felipe hasta el predio de disposición final de Overo Pozo. Amaya consideraba que debía efectuarlo la firma Transportes 9 de Julio, que recolecta los desperdicios en la ciudad; Alperovich, lo contrario.
El cambio se da semanas después de que el jefe del Ejecutivo municipal enviara al Concejo Deliberante los pliegos para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos que hoy presta la 9 de Julio y que vence en 2016. Por esa tarea, la Ciudad paga $ 16 millones mensuales.
Si bien Kunik dependía de Amaya, su origen político está vinculado al alperovichista Jorge Gassenbauer. Cuando el actual ministro de Seguridad y Gobierno estaba en Producción, Kunik se desempeñaba frente al IDEP, instituto de esa cartera.
El secretario de Hacienda, Silvio Bellomío, confirmó a LA GACETA que el cambio se produjo por el vencimiento del contrato (había sido prorrogado el año pasado). Otras fuentes de 9 de Julio y Lavalle consignaron que se buscaba alguien de un perfil más técnico, como el que consideran que tiene Figueroa.
Figueroa había sido ministro de Producción de Julio Miranda (1999-2003) y luego, interventor del ex Epret. Nunca tuvo buena relación con Alperovich. Es más, en 2005, el mandatario intervino el ente. “Todo lo que huela a mirandismo correrá el mismo camino”, había dicho Figueroa al rechazar su desplazamiento.
Kunik aseguró a LA GACETA que su desvinculación le fue informada el viernes. “Es un resorte que tiene el intendente de la capital (por la designación o remoción), pero no hablaré de cuestiones políticas, prefiero hablar del trabajo. Tengo un enorme agradecimiento al Gobierno de la provincia”, expresó. En relación a su futuro, aseguró que confía en que mucha gente valorará su dedicación. Destacó también el buen trato que le dio el Consejo de Intendentes.
El miércoles, el Consejo de Administración del Consorcio sesionó, con Kunik a la cabeza. Se aprobó el informe de gestión de los últimos tres años. Se destacaron las obras ambientales en Overo Pozo; la inauguración de San Felipe y la formalización del trabajo de los cartoneros de Pacará Pintado; entre otros.
El Consorcio maneja anualmente alrededor de $ 100 millones y se encarga de cerca de 200.000 toneladas de residuos por año. Al organismo lo integran los municipios de la capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes y son adherentes Lules y las comunas de El Manantial, San Pablo, Villa Nougués, San Javier y Cebil Redondo.
El circuito de la basura se inicia con la recolección, a cargo de cada municipio. El resto del proceso corre por cuenta del Consorcio: la transferencia (en San Felipe se pesa, reúne y acomoda la basura para ser enviada a su destino final), el transporte y la disposición final (en Overo Pozo las cargas se arrojan en celdas, donde se compactan y entierran).
Por una cuestión estatutaria, el consejero de la capital -nombrado directamente por el jefe municipal- es quien preside el organismo estatal que se encarga del proceso de separación, transferencia, transporte y disposición final de los residuos de seis municipios y cinco comunas. En lugar de Kunik, que había sido designado en 2011, Amaya optó por un colaborador suyo, el ex funcionario mirandista Julio Figueroa.
En los últimos meses, cuando se tensó la relación entre la Casa de Gobierno y el municipio habían surgido controversias sobre asuntos del consorcio. En octubre, tras una protesta de camioneros que afectó el trabajo en los predios, el alperovichismo y el amayismo disintieron en cuanto a qué empresa debía trasladar los residuos desde la planta de transferencia de San Felipe hasta el predio de disposición final de Overo Pozo. Amaya consideraba que debía efectuarlo la firma Transportes 9 de Julio, que recolecta los desperdicios en la ciudad; Alperovich, lo contrario.
El cambio se da semanas después de que el jefe del Ejecutivo municipal enviara al Concejo Deliberante los pliegos para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos que hoy presta la 9 de Julio y que vence en 2016. Por esa tarea, la Ciudad paga $ 16 millones mensuales.
Si bien Kunik dependía de Amaya, su origen político está vinculado al alperovichista Jorge Gassenbauer. Cuando el actual ministro de Seguridad y Gobierno estaba en Producción, Kunik se desempeñaba frente al IDEP, instituto de esa cartera.
El secretario de Hacienda, Silvio Bellomío, confirmó a LA GACETA que el cambio se produjo por el vencimiento del contrato (había sido prorrogado el año pasado). Otras fuentes de 9 de Julio y Lavalle consignaron que se buscaba alguien de un perfil más técnico, como el que consideran que tiene Figueroa.
Figueroa había sido ministro de Producción de Julio Miranda (1999-2003) y luego, interventor del ex Epret. Nunca tuvo buena relación con Alperovich. Es más, en 2005, el mandatario intervino el ente. “Todo lo que huela a mirandismo correrá el mismo camino”, había dicho Figueroa al rechazar su desplazamiento.
Kunik aseguró a LA GACETA que su desvinculación le fue informada el viernes. “Es un resorte que tiene el intendente de la capital (por la designación o remoción), pero no hablaré de cuestiones políticas, prefiero hablar del trabajo. Tengo un enorme agradecimiento al Gobierno de la provincia”, expresó. En relación a su futuro, aseguró que confía en que mucha gente valorará su dedicación. Destacó también el buen trato que le dio el Consejo de Intendentes.
El miércoles, el Consejo de Administración del Consorcio sesionó, con Kunik a la cabeza. Se aprobó el informe de gestión de los últimos tres años. Se destacaron las obras ambientales en Overo Pozo; la inauguración de San Felipe y la formalización del trabajo de los cartoneros de Pacará Pintado; entre otros.
El Consorcio maneja anualmente alrededor de $ 100 millones y se encarga de cerca de 200.000 toneladas de residuos por año. Al organismo lo integran los municipios de la capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes y son adherentes Lules y las comunas de El Manantial, San Pablo, Villa Nougués, San Javier y Cebil Redondo.
El circuito de la basura se inicia con la recolección, a cargo de cada municipio. El resto del proceso corre por cuenta del Consorcio: la transferencia (en San Felipe se pesa, reúne y acomoda la basura para ser enviada a su destino final), el transporte y la disposición final (en Overo Pozo las cargas se arrojan en celdas, donde se compactan y entierran).
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