23 Diciembre 2014
Cristina, la hermana del rey, va a juicio oral por corrupción
El caso Noós influyó para que Juan Carlos I abdicara en favor de su hijo. La Justicia también le reclama a Cristina 2,6 millones de euros por responsabilidad civil Un juez la acusa de cooperación en delitos fiscales que cometió su marido, Urdangarin
LA CAÍDA. Cristina de Borbón, hija y hermana de reyes, fue enviada a juicio en una causa por fraude, arrastrada por su esposo, Iñaki Urdangarin. telam
MADRID.- Cristina de Borbón, hija y hermana de rey, se convertirá en el primer miembro de la realeza española que se sentará ante un tribunal en el banquillo de los acusados. Se enfrenta a hasta cuatro años de cárcel por dos delitos fiscales. El juez José Castro, que instruyó el caso de corrupción del que es protagonista su marido, Iñaki Urdangarin, dictó la apertura del juicio oral y situó a ambos entre las 17 personas que serán juzgadas en un proceso que arrancará en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma de Mallorca. La casa real reaccionó con “respeto absoluto a la independencia del poder judicial”, cuando se acaban de cumplir seis meses de la llegada al trono de Felipe VI.
Mañana por la noche pronunciará su primer discurso de Nochebuena como monarca y se espera que aluda a este asunto en consonancia con los aires de renovación y ejemplaridad que ha querido dar a la institución desde que relevó a su padre, Juan Carlos I. El monarca ha establecido un cortafuegos en torno a su hermana para evitar que su reinado se vea afectado por el caso que hundió la imagen de la monarquía en la última etapa del reinado de su padre y que muchos consideran que influyó en su decisión de abdicar en junio.
El juez Castro acusa a Cristina de Borbón, de 49 años, de cooperación necesaria en dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido en 2007 y 2008 y le reclama además 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Urdangarin, de 46 años, será juzgado por haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro vinculada al mundo del deporte que fundaron juntos y en la que supuestamente el ex jugador de balonmano utilizó su condición de familiar del rey Juan Carlos para hacerse con contratos públicos. El marido de la infanta está acusado de nueve delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para él casi 20 años de cárcel. Entre las 17 personas que estarán con él y con su mujer en el banquillo se encuentran su ex socio, Diego Torres, y el ex ministro y ex presidente del gobierno de las Islas Baleares Jaume Matas, que habría contratado al Instituto Nóos al margen de la ley.
La decisión del juez instructor de enviar a juicio a la hermana del rey no es recurrible pero su defensa busca ya resquicios legales en un último intento por evitarle el banquillo. Miquel Roca, su principal abogado, apuntó en Barcelona a la llamada “doctrina Botín”, que establece que la acusación popular no está legitimada a enviar un imputado a juicio contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso. El letrado, uno de los padres de la Constitución y amigo del rey Juan Carlos, interpondrá un recurso de apelación. La infanta, retirada en Suiza junto a su marido y sus cuatro hijos desde hace más de un año, ha encajado “evidentemente mal” la decisión judicial, según su abogado. “Lógicamente se encuentra tan sorprendida como nosotros”, dijo Roca. En la opinión pública, la decisión fue acogida con satisfacción. Políticos y jueces destacaron además la independencia del magistrado en una actuación que, aseguraron, demuestra la igualdad de los ciudadanos ante la Justicia. (DPA)
Mañana por la noche pronunciará su primer discurso de Nochebuena como monarca y se espera que aluda a este asunto en consonancia con los aires de renovación y ejemplaridad que ha querido dar a la institución desde que relevó a su padre, Juan Carlos I. El monarca ha establecido un cortafuegos en torno a su hermana para evitar que su reinado se vea afectado por el caso que hundió la imagen de la monarquía en la última etapa del reinado de su padre y que muchos consideran que influyó en su decisión de abdicar en junio.
El juez Castro acusa a Cristina de Borbón, de 49 años, de cooperación necesaria en dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido en 2007 y 2008 y le reclama además 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Urdangarin, de 46 años, será juzgado por haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro vinculada al mundo del deporte que fundaron juntos y en la que supuestamente el ex jugador de balonmano utilizó su condición de familiar del rey Juan Carlos para hacerse con contratos públicos. El marido de la infanta está acusado de nueve delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para él casi 20 años de cárcel. Entre las 17 personas que estarán con él y con su mujer en el banquillo se encuentran su ex socio, Diego Torres, y el ex ministro y ex presidente del gobierno de las Islas Baleares Jaume Matas, que habría contratado al Instituto Nóos al margen de la ley.
La decisión del juez instructor de enviar a juicio a la hermana del rey no es recurrible pero su defensa busca ya resquicios legales en un último intento por evitarle el banquillo. Miquel Roca, su principal abogado, apuntó en Barcelona a la llamada “doctrina Botín”, que establece que la acusación popular no está legitimada a enviar un imputado a juicio contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso. El letrado, uno de los padres de la Constitución y amigo del rey Juan Carlos, interpondrá un recurso de apelación. La infanta, retirada en Suiza junto a su marido y sus cuatro hijos desde hace más de un año, ha encajado “evidentemente mal” la decisión judicial, según su abogado. “Lógicamente se encuentra tan sorprendida como nosotros”, dijo Roca. En la opinión pública, la decisión fue acogida con satisfacción. Políticos y jueces destacaron además la independencia del magistrado en una actuación que, aseguraron, demuestra la igualdad de los ciudadanos ante la Justicia. (DPA)