27 Diciembre 2014
EN TUCUMÁN. Mario y Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla y Acdel Vilas tras un operativo. la gaceta / archivo
La megacausa por crímenes de lesa humanidad “Operativo Independencia” dio en los últimos días un paso más. Por pedido del fiscal federal Pablo Camuña, a cargo de la oficina local de la procuraduría de crímenes contra la humanidad, y por orden del juez federal N°1 Daniel Bejas, se efectuó un megaoperativo en 10 provincias para la detención de 22 imputados.
Los detenidos son ex militares, ex gendarmes y ex policías y no estaban hasta el momento sometidos a proceso, según detalló la Fiscalía. Quince de ellos ya fueron indagados y la mayoría estará bajo arresto domiciliario hasta que el juez determine si están dadas las condiciones para que sean procesados.
La lista está integrada por Omar Edgardo Parada (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28); Julio César Meroi (segundo jefe de la compañía Comunicaciones 5 de Tucumán); Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Ángel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo y Roberto Aquilino Barboza (todos ellos se habrían desempeñado como personal del Destacamento de Inteligencia 142, a cargo de la “Escuelita de Famaillá”); Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca (oficiales de Gendarmería a cargo de la custodia y traslados en la “Escuelita de Famaillá”) y Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio (integrantes del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía). Se completa con quienes, por razones de salud, quedaron alojados también en sus casas: Julio Luis Teodomiro Bidone (jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy), Rolando Rodríguez Argumedo (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 20 de Jujuy), Enrique Bonifacio (jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato), Ernesto Alejandro Repossi (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal), Santiago Arriazu (personal del Destacamento 142 de Tucumán), Manuel Santos Véliz (integrante del Servicio de Informaciones Confidenciales en la Jefatura de Policía) y Antonio Félix Castelli (jefe de la Agrupación X “San Juan” de Gendarmería).
Los expedientes abordan delitos que van desde privaciones ilegítimas de la libertad hasta homicidios cometidos contra 270 víctimas entre el inicio del llamado “Operativo Independencia” -febrero de 1975- y el Golpe de Estado -24 de marzo de 1976-. Hasta ahora, son 18 los procesados: Mario Benjamín Menéndez, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alberto Alfredo Svendsen, Roberto Heriberto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, César Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, José Ernesto Cuestas y Pedro Adolfo López, Jorge Omar Lazarte, Enrique José Del Pino, Carlos César Idelfonso Delia Larroca, Néstor Rubén Castelli y Francisco Camilo Orce.
El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenaba al Ejército iniciar el “Operativo Independencia”. El plan represivo -que en 1976 se extendió a lo largo del país- estuvo comandado en un inicio por Acdel Vilas y luego, por Antonio Domingo Bussi. De acuerdo con la acusación fiscal, fue una “intervención masiva” de las fuerzas de seguridad en el territorio mediante un plan sistemático para exterminar a opositores con la “utilización del aparato estatal y de control social mediante el terror”.
Los detenidos son ex militares, ex gendarmes y ex policías y no estaban hasta el momento sometidos a proceso, según detalló la Fiscalía. Quince de ellos ya fueron indagados y la mayoría estará bajo arresto domiciliario hasta que el juez determine si están dadas las condiciones para que sean procesados.
La lista está integrada por Omar Edgardo Parada (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28); Julio César Meroi (segundo jefe de la compañía Comunicaciones 5 de Tucumán); Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Ángel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Gustavo Tomás Roque Cordero, Medardo Roberto Naranjo y Roberto Aquilino Barboza (todos ellos se habrían desempeñado como personal del Destacamento de Inteligencia 142, a cargo de la “Escuelita de Famaillá”); Casiano Pedro Burtnik y Enrique Pascual Avaca (oficiales de Gendarmería a cargo de la custodia y traslados en la “Escuelita de Famaillá”) y Manuel Rubén Vila y Eduardo Alfonso Pomponio (integrantes del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía). Se completa con quienes, por razones de salud, quedaron alojados también en sus casas: Julio Luis Teodomiro Bidone (jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5 de Jujuy), Rolando Rodríguez Argumedo (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 20 de Jujuy), Enrique Bonifacio (jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato), Ernesto Alejandro Repossi (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal), Santiago Arriazu (personal del Destacamento 142 de Tucumán), Manuel Santos Véliz (integrante del Servicio de Informaciones Confidenciales en la Jefatura de Policía) y Antonio Félix Castelli (jefe de la Agrupación X “San Juan” de Gendarmería).
Los expedientes abordan delitos que van desde privaciones ilegítimas de la libertad hasta homicidios cometidos contra 270 víctimas entre el inicio del llamado “Operativo Independencia” -febrero de 1975- y el Golpe de Estado -24 de marzo de 1976-. Hasta ahora, son 18 los procesados: Mario Benjamín Menéndez, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alberto Alfredo Svendsen, Roberto Heriberto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, César Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, José Ernesto Cuestas y Pedro Adolfo López, Jorge Omar Lazarte, Enrique José Del Pino, Carlos César Idelfonso Delia Larroca, Néstor Rubén Castelli y Francisco Camilo Orce.
El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta Estela Martínez de Perón firmó el decreto que ordenaba al Ejército iniciar el “Operativo Independencia”. El plan represivo -que en 1976 se extendió a lo largo del país- estuvo comandado en un inicio por Acdel Vilas y luego, por Antonio Domingo Bussi. De acuerdo con la acusación fiscal, fue una “intervención masiva” de las fuerzas de seguridad en el territorio mediante un plan sistemático para exterminar a opositores con la “utilización del aparato estatal y de control social mediante el terror”.
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