“No hay margen, Milani debe ser indagado”

Tres abogadas que representan a la familia Ledo anticiparon que solicitarán la prisión preventiva del jefe del Ejército Argentino Las letradas vinieron ayer a Tucumán para adherirse al planteo de la fiscalía federal, y solicitaron que se impute al teniente general

VISITA DE TRABAJO. Elisa Reinoso (izquierda), Viviana Reinoso (centro) y Mercado Luna (derecha) recorrieron casi 400 km para hacer su planteo. la gaceta / fOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO VISITA DE TRABAJO. Elisa Reinoso (izquierda), Viviana Reinoso (centro) y Mercado Luna (derecha) recorrieron casi 400 km para hacer su planteo. la gaceta / fOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
30 Diciembre 2014
Las tres abogadas de la familia de Alberto Agapito Ledo, el soldado riojano desaparecido durante la última dictadura militar, recorrieron los casi 400 kilómetros que separan a La Rioja de Tucumán con una misión clave: insistir ante el juez federal N° 1 Daniel Bejas para que, como pidió el fiscal federal Carlos Brito, se cite a indagatoria al actual jefe del Ejército Argentino y hombre de confianza de la Presidenta, el teniente general César Milani.

En diálogo con LA GACETA, las letradas Viviana y María Elisa Reinoso (son hermanas) y Adriana Mercado Luna agregaron que, más allá de la “urgente necesidad” de esa medida, correspondería que Milani sea detenido bajo el régimen de prisión preventiva. Según las abogadas, el militar está ejerciendo presiones mediante diferentes vías, utilizando tareas de inteligencia, y aseguraron que hasta recibieron amenazas a las que vinculan con el proceso legal contra el jefe del Ejército.

“Ya son pocas las cuestiones que le restan por resolver al juez. Está el pedido de recusación al fiscal Brito (de parte del defensor oficial de Milani, Adolfo Bertini) y de exclusión probatoria (de un sumario de deserción de Ledo). Luego es el turno del requerimiento fiscal para la citación e imputación. No hay margen, Milani debe ser indagado”, indicó Viviana Reinoso.

La charla se desarrolló en el lobby de un hotel céntrico. Allí, las abogadas detallaron que habían venido a Tucumán para interiorizarse sobre la causa “Ledo”, en la que se investiga la desaparición como un caso de delito de lesa humanidad. El joven soldado, de 20 años, fue uno de los 129 conscriptos que desaparecieron durante la dictadura. Era un estudiante riojano de Historia que fue trasladado a Tucumán y, según las versiones, era cercano a Milani. Desde junio de 1976, Ledo integra la lista de desaparecidos. Según testigos, el riojano habría salido a hacer un recorrido por Monteros junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, jefe de la Compañía de Ingenieros de Construcciones, y nunca volvió a ser visto.

La semana pasada se supo que el fiscal federal Brito había solicitado al juez federal Bejas la indagatoria de Milani. Según fuentes judiciales, se sospecha que el militar escogido por Cristina Fernández para manejar el Ejército habría intervenido en el caso “Ledo” desde los supuestos roles de encubridor y de falsificador de documentos públicos

Viviana Reinoso manifestó que la familia de la víctima sigue con atención el proceso, y que vino a Tucumán junto a sus colegas para “formalizar un pedido para que el juez federal produzca el acto de indagatoria”. “Lo pedimos con carácter de urgente despacho, aun teniendo en cuenta que en la feria judicial las causas sobre derechos humanos continúan en trámite”, manifestó la letrada. Luego, explicó que Milani les hizo “sentir la presión” de tener que litigar con él. “Le dio la orden a su abogado defensor (Bertini) de que presentara una denuncia por intimidación de testigos, en contra de estas representantes de la querella. Lo que buscan es armar una causa para tratar de hacernos sentir el peso de su cargo, sobre todo en el manejo de la inteligencia”, detalló Viviana Reinoso.

En ese sentido, su hermana y colega, Elisa Reinoso, sostuvo que existe “una reiteración de la conducta procesal” de Milani, a la que consideró “dilatoria”, y remarcó que sus planteos se producen justamente poco antes de que surjan novedades en la causa. “Uno de los casos ya lo denunció el fiscal federal general Gustavo Gómez, quien durante una licencia del fiscal Brito intervino en este proceso. El primer día que recibió el expediente, el abogado Bertini presentó la recusación en contra de Gómez, quien luego fue denunciado ante la Procuración (General de la Nación) por supuestamente haber obstaculizado el proceso. A eso le sumemos la denuncia penal en contra de las representantes de la querella”, enunció la letrada riojana. Detalló que los familiares del soldado, Marcela y Graciela Ledo, denunciaron todos estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que están a la espera de una resolución por parte de ese organismo. “No está garantizado el derecho a la justicia, a la investigación y a la verdad”, agregó.

Elisa Reinoso sostuvo que, “cuando un fiscal con intenciones de investigar toma la causa, de inmediato (la defensa de Milani) plantea la recusación como maniobra para evitar la pesquisa”.

Mercado Luna describió otra supuesta “medida dilatoria”. “Bertini presentó recientemente un escrito solicitando que se excluya como prueba el sumario de deserción, con el argumento infantil de que no existen los originales. Es sabido que toda la documentación que daba cuenta del terrorismo de Estado fue incinerada. Sin embargo, en el expediente existe una copia certificada”, ejemplificó la letrada.

Las abogadas recordaron que, en 2013, la familia Ledo ya había denunciado amenazas. “Ya se ha pasado de la mera inteligencia a los actos concretos de intimidación, tanto para la familia de la víctima como para las representantes de la querella”, añadió Viviana Reinoso.

Relató luego que no han solicitado aún medidas porque consideran que “el cúmulo probatorio” en contra del jefe del Ejército ya consta en el expediente. “Estamos esperando la oportunidad para formalizar el pedido de prisión preventiva, en función del cargo que ocupa Milani, del poder que maneja y de la posibilidad de que siga obstaculizando el accionar de la Justicia”, explicó Viviana Reinoso. Y, coincidiendo con sus colegas, insistió: “lo que corresponde es que se fije la fecha para la indagatoria”.

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