06 Enero 2015
Cinco estaciones de servicio a nombre de parientes de la presidenta del Concejo Deliberante de Bella Vista, Cristina Romano de Espeche, habrían sido piezas estratégicas en las supuestas maniobras de lavado de dinero con fondos públicos por parte del intendente, Luis Espeche. Así lo indicó el dirigente peronista Enrique Fernando Romero, ex funcionario mirandista, al ampliar la denuncia penal en contra del jefe municipal.
La hipótesis que el demandante acercó a la Justicia federal indica que el intendente de Bella Vista habría desviado $ 2,7 millones. Según Romero, Espeche solicitó en 2006 un anticipo financiero al Poder Ejecutivo (PE) por ese monto para abonar deudas con sentencia judicial firme en contra de la administración municipal. Ese dinero, afirmó el denunciante, no fue destinado a los acreedores que figuraban en un documento oficial. Este y otros datos lo llevaron a sospechar de un presunto lavado de activos. Según el ex funcionario de Julio Miranda (1999-2003), las estaciones de servicio de parientes de la concejal Romano de Espeche habrían sido utilizadas para “blanquear” esos recursos.
Varios “frentes”
El intendente Espeche mantiene desde finales de 2014 varios “frentes de batalla” abiertos por conflictos políticos. En diciembre, fue señalado por una vecina de Bella Vista, Lilia Fernández, por supuestamente haberla atacado a golpes y con una “picana” eléctrica (el funcionario alega que él fue la víctima). Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó, producto del planteo del edil radical Sebastián Salazar, que entregue copias de las Cuentas de Inversión de 2011, 2012 y 2013, donde figuran los gastos e ingresos del municipio en esos períodos. También cruzó dardos con el legislador radical Ariel García, quien había dicho que su gestión es “la más corrupta”. Espeche le replicó que se sentía amenazado, y calificó como “peligroso” al entorno del referente del movimiento “Boina Blanca”.
En medio de estos conflictos, Romero apareció en los Tribunales federales y envió al fiscal federal general Gustavo Gómez una serie de demandas en contra del jefe municipal. En la última ampliación, el dirigente peronista enumeró cinco estaciones de servicio que estarían vinculadas al matrimonio gobernante de Bella Vista.
Espeche admitió la cercanía con estos empresarios, pero desmintió que existan maniobras irregulares. “Romero está mal de la cabeza. Si bien es cierto que un familiar nuestro tiene estaciones de servicio, no tenemos una buena relación. Hace mucho tiempo que tenemos diferencias, de carácter privado, y mucho menos hay una vinculación económica”, se defendió el jefe municipal. Y aunque admitió que en algún momento se adquirió gasoil para vehículos oficiales en esas bocas de expendio, hace tiempo que las compras se hacen en otros locales. “En un momento determinado no había otras estaciones de servicio en Bella Vista. No había otras opciones”, dijo Espeche.
Insistió en que no hubo “maniobras” a la hora de utilizar los $ 2,7 millones del anticipo financiero de 2006 para pagar a acreedores. “Esas deudas se pagaron. Había obligaciones por un juicio de la gestión en la Intendencia de Manuel Fernández, que es la tercera autoridad de la Provincia. Y también había otros dineros que debíamos pagar por la gestión de Juan Vildoza, que hoy coordina comunas rurales. Todo lo que se debe son de otras épocas, pero al ‘muerto’ me lo quieren cargar a mí”, señaló Espeche. Y agregó que está trabando en la respuesta a estas demandas junto a su abogado, Pedro Nicolás Brito. “Mi pariente lejano que es dueño de las estaciones de servicio trabajó para el PRO en la campaña de 2011. Romero está demente. Tan sucio tiene su pasado que, por algo, tuvo que marcharse de su provincia natal”, dijo Espeche.
La hipótesis que el demandante acercó a la Justicia federal indica que el intendente de Bella Vista habría desviado $ 2,7 millones. Según Romero, Espeche solicitó en 2006 un anticipo financiero al Poder Ejecutivo (PE) por ese monto para abonar deudas con sentencia judicial firme en contra de la administración municipal. Ese dinero, afirmó el denunciante, no fue destinado a los acreedores que figuraban en un documento oficial. Este y otros datos lo llevaron a sospechar de un presunto lavado de activos. Según el ex funcionario de Julio Miranda (1999-2003), las estaciones de servicio de parientes de la concejal Romano de Espeche habrían sido utilizadas para “blanquear” esos recursos.
Varios “frentes”
El intendente Espeche mantiene desde finales de 2014 varios “frentes de batalla” abiertos por conflictos políticos. En diciembre, fue señalado por una vecina de Bella Vista, Lilia Fernández, por supuestamente haberla atacado a golpes y con una “picana” eléctrica (el funcionario alega que él fue la víctima). Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó, producto del planteo del edil radical Sebastián Salazar, que entregue copias de las Cuentas de Inversión de 2011, 2012 y 2013, donde figuran los gastos e ingresos del municipio en esos períodos. También cruzó dardos con el legislador radical Ariel García, quien había dicho que su gestión es “la más corrupta”. Espeche le replicó que se sentía amenazado, y calificó como “peligroso” al entorno del referente del movimiento “Boina Blanca”.
En medio de estos conflictos, Romero apareció en los Tribunales federales y envió al fiscal federal general Gustavo Gómez una serie de demandas en contra del jefe municipal. En la última ampliación, el dirigente peronista enumeró cinco estaciones de servicio que estarían vinculadas al matrimonio gobernante de Bella Vista.
Espeche admitió la cercanía con estos empresarios, pero desmintió que existan maniobras irregulares. “Romero está mal de la cabeza. Si bien es cierto que un familiar nuestro tiene estaciones de servicio, no tenemos una buena relación. Hace mucho tiempo que tenemos diferencias, de carácter privado, y mucho menos hay una vinculación económica”, se defendió el jefe municipal. Y aunque admitió que en algún momento se adquirió gasoil para vehículos oficiales en esas bocas de expendio, hace tiempo que las compras se hacen en otros locales. “En un momento determinado no había otras estaciones de servicio en Bella Vista. No había otras opciones”, dijo Espeche.
Insistió en que no hubo “maniobras” a la hora de utilizar los $ 2,7 millones del anticipo financiero de 2006 para pagar a acreedores. “Esas deudas se pagaron. Había obligaciones por un juicio de la gestión en la Intendencia de Manuel Fernández, que es la tercera autoridad de la Provincia. Y también había otros dineros que debíamos pagar por la gestión de Juan Vildoza, que hoy coordina comunas rurales. Todo lo que se debe son de otras épocas, pero al ‘muerto’ me lo quieren cargar a mí”, señaló Espeche. Y agregó que está trabando en la respuesta a estas demandas junto a su abogado, Pedro Nicolás Brito. “Mi pariente lejano que es dueño de las estaciones de servicio trabajó para el PRO en la campaña de 2011. Romero está demente. Tan sucio tiene su pasado que, por algo, tuvo que marcharse de su provincia natal”, dijo Espeche.
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