07 Enero 2015
La petición que formuló el fiscal federal Carlos Brito para que César Milani, jefe del Ejército, sea indagado como imputado en la causa “Ledo” sólo prosperará si la Justicia Federal rechaza el planteo que procura excluir del expediente a la copia certificada del legajo de la deserción del soldado Alberto Ledo. Según el defensor oficial Adolfo Bertini, corresponde dejar de lado esa prueba porque no se trata de la actuación original que confeccionó el Ejército en 1976, luego de la supuesta fuga del conscripto.
“La ausencia del legajo original impide el debido control de la prueba, cosa que genera una mengua en el ejercicio pleno, eficaz y eficiente del derecho de defensa; un decaimiento de la necesaria igualdad de posiciones frente a la investigación penal y, en definitiva, una alteración del debido proceso”, expresó Bertini en el planteo que presentó el 15 de diciembre en el Juzgado Federal N°1 que encabeza el magistrado Daniel Bejas.
El letrado de Milani manifestó que advertía que las copias del expediente administrativo-militar habían sido la piedra angular de la pesquisa del Ministerio Público. En efecto, una semana después de la presentación de este planteo, Brito consideró que ese legajo había declarado desertor a Ledo sin más trámite que el transcurso de cinco días desde la desaparición. Esta documentación certificada, cuya instrucción estuvo a cargo del oficial informante Milani, contiene abundantes deficiencias, según Brito. Entre las irregularidades que detectó, el fiscal federal -recusado- mencionó una carátula tachada (la palabra “Accidente” mecanografiada aparece suprimida por “Deserción” escrita a mano), y fechas y lugares inconsistentes.
Bertini expresó que no existían datos sobre el modo en que las copias del legajo habían sido incorporadas a la causa ni había sido determinado dónde estaban las actuaciones originales. “La gravedad de la situación expuesta reside en la desigual posición en la que se coloca al imputado respecto de la acusación pública y de la querella. Es que el fiscal y la querella se valen de la documentación cuestionada tratándola como indubitable y fiel mientras que la defensa sufre la imposibilidad material de confrontar las copias con su original”, argumentó el defensor oficial.
A juicio del profesional, el “desequilibrio” mencionado sólo puede ser salvado mediante la exclusión del legajo controvertido: “sobre todo considerando que el fiscal procuró la localización de la documentación original y no obtuvo un resultado positivo”. Bertini fue más lejos, y advirtió que la protección del derecho de defensa y de las garantías que asisten al imputado se verían anulados si la Justicia autorizase el avance de una investigación penal sostenida sobre fotocopias.
“La ausencia del legajo original impide el debido control de la prueba, cosa que genera una mengua en el ejercicio pleno, eficaz y eficiente del derecho de defensa; un decaimiento de la necesaria igualdad de posiciones frente a la investigación penal y, en definitiva, una alteración del debido proceso”, expresó Bertini en el planteo que presentó el 15 de diciembre en el Juzgado Federal N°1 que encabeza el magistrado Daniel Bejas.
El letrado de Milani manifestó que advertía que las copias del expediente administrativo-militar habían sido la piedra angular de la pesquisa del Ministerio Público. En efecto, una semana después de la presentación de este planteo, Brito consideró que ese legajo había declarado desertor a Ledo sin más trámite que el transcurso de cinco días desde la desaparición. Esta documentación certificada, cuya instrucción estuvo a cargo del oficial informante Milani, contiene abundantes deficiencias, según Brito. Entre las irregularidades que detectó, el fiscal federal -recusado- mencionó una carátula tachada (la palabra “Accidente” mecanografiada aparece suprimida por “Deserción” escrita a mano), y fechas y lugares inconsistentes.
Bertini expresó que no existían datos sobre el modo en que las copias del legajo habían sido incorporadas a la causa ni había sido determinado dónde estaban las actuaciones originales. “La gravedad de la situación expuesta reside en la desigual posición en la que se coloca al imputado respecto de la acusación pública y de la querella. Es que el fiscal y la querella se valen de la documentación cuestionada tratándola como indubitable y fiel mientras que la defensa sufre la imposibilidad material de confrontar las copias con su original”, argumentó el defensor oficial.
A juicio del profesional, el “desequilibrio” mencionado sólo puede ser salvado mediante la exclusión del legajo controvertido: “sobre todo considerando que el fiscal procuró la localización de la documentación original y no obtuvo un resultado positivo”. Bertini fue más lejos, y advirtió que la protección del derecho de defensa y de las garantías que asisten al imputado se verían anulados si la Justicia autorizase el avance de una investigación penal sostenida sobre fotocopias.
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