07 Enero 2015
EN LOS TRIBUNALES FEDERALES. Milani vino a la capital para ponerse a disposición del juez N°1 en julio de 2014. la gaceta / foto de josé inesta
El mismo día que el fiscal federal N°1, Carlos Brito, imputó a César Milani, jefe del Ejército, la supuesta comisión de delitos relativos a la desaparición del conscripto Alberto Ledo y solicitó a Daniel Bejas, juez federal N°1, que indague al militar, la defensa del imputado pidió al magistrado que separe a Brito de la causa. Esa recusación “por temor de falta de objetividad” ralentiza el trámite de la investigación penal puesto que el magistrado ha de resolver primero si aparta o no al fiscal. En paralelo, Bejas ha de definir otro planteo formulado por Milani para excluir de la causa una prueba decisiva: la copia del legajo de la deserción de Ledo. Todo ello expone al caso a un trámite susceptible de prolongarse más allá de las elecciones primarias de agosto.
La recusación ya acarreó la postergación de la audiencia con el Ministerio Público y la defensa prevista en el Código Procesal Penal de la Nación en vigor. Ese acto iba a ser sustanciado el 29 de diciembre, pero, una hora antes del comienzo, los defensores oficiales Adolfo Bertini y Manuel Bonnin solicitaron la postergación con el argumento de que deseaban ampliar los fundamentos de la recusación planteada el 22 de diciembre. A continuación, el juzgado a cargo de Bejas concedió plazo hasta ayer a los abogados de Milani para que presenten por escrito los hechos nuevos. Fuentes de la Justicia Federal informaron que la audiencia en cuestión, que habilita al magistrado para tomar una decisión sobre la recusación, tendrá lugar este viernes a partir de las 10.
Hasta un semestre o más
Cualquiera sea la posición que Bejas adopte respecto de la recusación, muy probablemente esta dé pie a un proceso de discusión arduo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
El trámite en aquella instancia puede llegar a insumir varios meses y hasta un semestre o más, y aún es posible recurrir la eventual resolución del tribunal de alzada ante la Cámara Nacional de Casación Penal. A ello hay que añadir que si la Justicia Federal se pronuncia a favor de excluir a Brito, la causa pasará a la Fiscalía Federal N°2, que desde el 29 de diciembre encabeza Pablo Camuña. En esa hipótesis, es posible que el fiscal federal N°2 y ex fiscal ad hoc se excuse o sea recusado como consecuencia del conflicto que generó su dictamen favorable al archivo de la denuncia que vinculaba a Milani con el “Operativo Independencia” (por esa intervención, senadores de la UCR votaron en contra de la designación de Camuña).
El trámite de la causa respecto del pedido para que el jefe del Ejército sea citado a prestar declaración indagatoria no proseguirá hasta tanto no haya un fiscal “firme” y hasta tanto la Justicia no resuelva si excluye o no la prueba del legajo. El pronunciamiento de Bejas relativo a este asunto abre una etapa de apelación semejante a la descrita respecto de la recusación.
Ambos planteos guardan relación por cuanto Bertini y Bonnin alegaron que el “temor de falta de objetividad” de Brito proviene de la circunstancia de que este se valió de copias certificadas de la actuación que había instruido Milani ante la supuesta fuga de Ledo. “En definitiva, la investigación avanza sobre la base de copias simples cuyos originales no pueden ser ubicados ni, por consiguiente, puestos a la vista de la defensa”, dijeron en su momento Bertini, que desde el mes pasado es defensor oficial en propiedad, y Bonnin, que sigue siendo defensor ad hoc (nombrado provisoriamente y sin concurso). Ese mismo 22 de diciembre, Brito expresó que Ledo no desertó sino que fue secuestrado y, luego, asesinado. Según el fiscal, Milani habría intervenido en esos hechos cometidos durante la dictadura con el supuesto carácter de encubridor y de falsificador de documentos públicos. En virtud de las pruebas recolectadas, el representante del Ministerio Público dictaminó que correspondía indagar a Milani y ampliar el interrogatorio del ex capitán Esteban Sanguinetti, que está procesado -con resolución confirmada por la Cámara- por la presunta violación de los deberes a su cargo, y la probable comisión de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio de Ledo.
La recusación ya acarreó la postergación de la audiencia con el Ministerio Público y la defensa prevista en el Código Procesal Penal de la Nación en vigor. Ese acto iba a ser sustanciado el 29 de diciembre, pero, una hora antes del comienzo, los defensores oficiales Adolfo Bertini y Manuel Bonnin solicitaron la postergación con el argumento de que deseaban ampliar los fundamentos de la recusación planteada el 22 de diciembre. A continuación, el juzgado a cargo de Bejas concedió plazo hasta ayer a los abogados de Milani para que presenten por escrito los hechos nuevos. Fuentes de la Justicia Federal informaron que la audiencia en cuestión, que habilita al magistrado para tomar una decisión sobre la recusación, tendrá lugar este viernes a partir de las 10.
Hasta un semestre o más
Cualquiera sea la posición que Bejas adopte respecto de la recusación, muy probablemente esta dé pie a un proceso de discusión arduo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
El trámite en aquella instancia puede llegar a insumir varios meses y hasta un semestre o más, y aún es posible recurrir la eventual resolución del tribunal de alzada ante la Cámara Nacional de Casación Penal. A ello hay que añadir que si la Justicia Federal se pronuncia a favor de excluir a Brito, la causa pasará a la Fiscalía Federal N°2, que desde el 29 de diciembre encabeza Pablo Camuña. En esa hipótesis, es posible que el fiscal federal N°2 y ex fiscal ad hoc se excuse o sea recusado como consecuencia del conflicto que generó su dictamen favorable al archivo de la denuncia que vinculaba a Milani con el “Operativo Independencia” (por esa intervención, senadores de la UCR votaron en contra de la designación de Camuña).
El trámite de la causa respecto del pedido para que el jefe del Ejército sea citado a prestar declaración indagatoria no proseguirá hasta tanto no haya un fiscal “firme” y hasta tanto la Justicia no resuelva si excluye o no la prueba del legajo. El pronunciamiento de Bejas relativo a este asunto abre una etapa de apelación semejante a la descrita respecto de la recusación.
Ambos planteos guardan relación por cuanto Bertini y Bonnin alegaron que el “temor de falta de objetividad” de Brito proviene de la circunstancia de que este se valió de copias certificadas de la actuación que había instruido Milani ante la supuesta fuga de Ledo. “En definitiva, la investigación avanza sobre la base de copias simples cuyos originales no pueden ser ubicados ni, por consiguiente, puestos a la vista de la defensa”, dijeron en su momento Bertini, que desde el mes pasado es defensor oficial en propiedad, y Bonnin, que sigue siendo defensor ad hoc (nombrado provisoriamente y sin concurso). Ese mismo 22 de diciembre, Brito expresó que Ledo no desertó sino que fue secuestrado y, luego, asesinado. Según el fiscal, Milani habría intervenido en esos hechos cometidos durante la dictadura con el supuesto carácter de encubridor y de falsificador de documentos públicos. En virtud de las pruebas recolectadas, el representante del Ministerio Público dictaminó que correspondía indagar a Milani y ampliar el interrogatorio del ex capitán Esteban Sanguinetti, que está procesado -con resolución confirmada por la Cámara- por la presunta violación de los deberes a su cargo, y la probable comisión de la privación ilegítima de la libertad y del homicidio de Ledo.
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