09 Enero 2015
La deuda exigible a la Capital suma $ 438 millones
Contaduría General elevó un informe sobre la situación de cada Intendencia. La gestión de Amaya aparece con la cifra más abultada El 30 de diciembre, el gobernador firmó un decreto -que aún no se publicó- para fijar los compromisos de los municipios en el corto plazo
EN BELLA VISTA. Amaya encabezó un acto político a metros de la casa del ex gobernador Riera y, ante vecinos, deslizó sus intenciones de ser gobernador. prensa municipalidad de s. m . de tucumán
Durante 14 años, el “Pacto Social” -herramienta creada por José Alperovich cuando era ministro de Economía de Julio Miranda- permitió a los intendentes una sistematización del pago de salarios y del financiamiento para obras públicas. A cambio, durante ese lapso, los municipios cedieron los millonarios recursos que les correspondían por coparticipación. Un día antes de que acabara 2014, la Casa de Gobierno realizó un informe para conocer el estado de situación de cada Intendencia -incluso de La Cocha, que no participó de este régimen-. Y según el decreto 4.157/3, firmado por el gobernador José Alperovich, la administración de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aparece con el monto más elevado de deuda exigible: $ 438 millones.
La caída del “Pacto Social” no permitió que el receso veraniego aflojara las tensiones entre el Poder Ejecutivo (PE) y la Capital.
Con la llegada de 2015, caducó la vigencia de la norma que permitía el intercambio automático de recursos entre el Gobierno provincial y 13 municipios. Este sistema, lanzado en 2000, posibilitaba que los intendentes aseguraran el pago de sus planillas salariales (“Pacto Sueldos”) y de inversiones en pavimentación, cloacas y trabajos similares (“Pacto Obras”); a cambio, las gestiones locales cedían sus fondos coparticipables. Cinco intendentes se adhirieron únicamente al “Pacto Obras”. Sólo una, La Cocha, optó por administrar sus dineros sin la participación de la Provincia.
La Capital estaba dentro del primer grupo. Domingo Amaya y los demás intendentes no sólo deberán replantearse cómo organizarán los pagos salariales. Además, tendrán que estudiar cómo cumplirán las deudas generadas por los “préstamos” que fue otorgando sucesivamente el Gobierno provincial, en el marco del “Pacto Social”.
En las últimas semanas, el PE mantuvo conversaciones en privado con algunos de los jefes municipales para reformular el acuerdo financiero. Esas charlas incluyeron al amayismo. Pero, debido a discrepancias en los montos, surgieron tensiones entre las filas de la Capital y el espacio de la Casa de Gobierno que responde al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo (es precandidato a vicegobernador en una posible fórmula oficialista, junto a Juan Manzur).
La cartera del tranqueño maneja un informe -publicado el domingo por este diario- referido a las deudas de los municipios, en el que San Miguel de Tucumán aparece con obligaciones por unos $ 670 millones. Amaya, en rueda de prensa, afirmó luego que ese informe era “poco serio”. “Sus números no coinciden con los nuestros”, agregó.
Ayer, LA GACETA accedió al decreto 4.157/3, que fue rubricado por Alperovich el 30 de diciembre, pero no salió publicado en el Boletín Oficial ni aparece en la página web de Leyes y Decretos del PE.
En ese instrumento consta un estudio de Contaduría General de la Provincia -que pertenece a la órbita del ministro de Economía, Jorge Jiménez- sobre las deudas exigibles a las 19 intendencias (es decir, aquellas que son susceptibles de ser cobradas en el corto plazo). Según esos datos, los compromisos de la Capital ascienden a $ 438 millones, y se contempla sólo el período entre 1997 y 2007.
Las diferencias entre los montos de Jaldo y los del ministro de Economía, Jorge Jiménez, radicarían en que el primer informe se refiere a la deuda contable (comprendería 2014, inclusive), y el segundo trata sobre las obligaciones exigibles (hasta 2007). Estas, entre otras discrepancias, generan tensión por estas horas entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
“Cuando seamos...”
El miércoles a la tarde, el gobernador visitó al intendente de Bella Vista, Luis Espeche, quien fue uno de los primeros en sentarse a negociar con PE un régimen individual que sustituya al “Pacto Social”. Cerca de las 19, cuando la comitiva gubernamental ya se había marchado, Amaya llegó a esa ciudad para encabezar un acto.
Aunque el jefe municipal no aludió de manera directa al contrapunto por la deuda exigible, sí aprovechó para expresar críticas y mostrar cierta distancia del PE. A las puertas de la casa donde residía el fallecido ex gobernador Fernando Riera, Amaya señaló que este fue el “último mandatario peronista que construyó un lugar para nuestros abuelos”, en alusión al Hogar San Alberto. Y apuntó que en los últimos 30 años no se levantaron obras similares. “Cuando seamos gobierno, lo primero que haremos será crear un centro de atención para ancianos”, afirmó el jefe municipal ante vecinos.
Así, en paralelo a la puja política, en la Capital hacen números para tratar de estar preparados ante un eventual desacuerdo con el PE. Y, según cuentan, el amayismo ya alistó “por las dudas” un plan de contingencias, que mantienen en reserva.
La caída del “Pacto Social” no permitió que el receso veraniego aflojara las tensiones entre el Poder Ejecutivo (PE) y la Capital.
Con la llegada de 2015, caducó la vigencia de la norma que permitía el intercambio automático de recursos entre el Gobierno provincial y 13 municipios. Este sistema, lanzado en 2000, posibilitaba que los intendentes aseguraran el pago de sus planillas salariales (“Pacto Sueldos”) y de inversiones en pavimentación, cloacas y trabajos similares (“Pacto Obras”); a cambio, las gestiones locales cedían sus fondos coparticipables. Cinco intendentes se adhirieron únicamente al “Pacto Obras”. Sólo una, La Cocha, optó por administrar sus dineros sin la participación de la Provincia.
La Capital estaba dentro del primer grupo. Domingo Amaya y los demás intendentes no sólo deberán replantearse cómo organizarán los pagos salariales. Además, tendrán que estudiar cómo cumplirán las deudas generadas por los “préstamos” que fue otorgando sucesivamente el Gobierno provincial, en el marco del “Pacto Social”.
En las últimas semanas, el PE mantuvo conversaciones en privado con algunos de los jefes municipales para reformular el acuerdo financiero. Esas charlas incluyeron al amayismo. Pero, debido a discrepancias en los montos, surgieron tensiones entre las filas de la Capital y el espacio de la Casa de Gobierno que responde al ministro del Interior, Osvaldo Jaldo (es precandidato a vicegobernador en una posible fórmula oficialista, junto a Juan Manzur).
La cartera del tranqueño maneja un informe -publicado el domingo por este diario- referido a las deudas de los municipios, en el que San Miguel de Tucumán aparece con obligaciones por unos $ 670 millones. Amaya, en rueda de prensa, afirmó luego que ese informe era “poco serio”. “Sus números no coinciden con los nuestros”, agregó.
Ayer, LA GACETA accedió al decreto 4.157/3, que fue rubricado por Alperovich el 30 de diciembre, pero no salió publicado en el Boletín Oficial ni aparece en la página web de Leyes y Decretos del PE.
En ese instrumento consta un estudio de Contaduría General de la Provincia -que pertenece a la órbita del ministro de Economía, Jorge Jiménez- sobre las deudas exigibles a las 19 intendencias (es decir, aquellas que son susceptibles de ser cobradas en el corto plazo). Según esos datos, los compromisos de la Capital ascienden a $ 438 millones, y se contempla sólo el período entre 1997 y 2007.
Las diferencias entre los montos de Jaldo y los del ministro de Economía, Jorge Jiménez, radicarían en que el primer informe se refiere a la deuda contable (comprendería 2014, inclusive), y el segundo trata sobre las obligaciones exigibles (hasta 2007). Estas, entre otras discrepancias, generan tensión por estas horas entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
“Cuando seamos...”
El miércoles a la tarde, el gobernador visitó al intendente de Bella Vista, Luis Espeche, quien fue uno de los primeros en sentarse a negociar con PE un régimen individual que sustituya al “Pacto Social”. Cerca de las 19, cuando la comitiva gubernamental ya se había marchado, Amaya llegó a esa ciudad para encabezar un acto.
Aunque el jefe municipal no aludió de manera directa al contrapunto por la deuda exigible, sí aprovechó para expresar críticas y mostrar cierta distancia del PE. A las puertas de la casa donde residía el fallecido ex gobernador Fernando Riera, Amaya señaló que este fue el “último mandatario peronista que construyó un lugar para nuestros abuelos”, en alusión al Hogar San Alberto. Y apuntó que en los últimos 30 años no se levantaron obras similares. “Cuando seamos gobierno, lo primero que haremos será crear un centro de atención para ancianos”, afirmó el jefe municipal ante vecinos.
Así, en paralelo a la puja política, en la Capital hacen números para tratar de estar preparados ante un eventual desacuerdo con el PE. Y, según cuentan, el amayismo ya alistó “por las dudas” un plan de contingencias, que mantienen en reserva.
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