09 Enero 2015
EN FALTA. Ballesteros en la época en la que asumió como defensora. la gaceta / archivo
Faltó a audiencias estipuladas con la anticipación debida y llegó tarde otras veces. Además, incumplió la norma que la obliga a asistir a las visitas carcelarias. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) consideró que, por ello, Carolina Ballesteros, defensora oficial penal de la II Nominación de Concepción, debía ser sancionada. Y el 10 de diciembre apercibió a la funcionaria constitucional con los votos de Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse (la resolución consigna que la vocal Claudia Sbdar no firmó el acto porque estaba de licencia).
“La situación descrita deviene inconciliable con la confianza y consideración que el estado de defensora exige”, dijeron los miembros del alto tribunal. Y añadieron: “basta reparar en la jerarquía del cargo de Ballesteros para que, inmediatamente, se evidencie la exigencia de mayor celo y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y, por consiguiente, de mayores responsabilidades por las consecuencias de su actuar”.
La resolución del 10 de diciembre pasado indica que el Ministerio Público que encabeza Edmundo Jiménez dictaminó a favor de la sanción. A partir de febrero y en virtud de una reforma legislativa reciente, será ese ex ministro histórico de Gobierno y Justicia de esta gestión quien ejerza el poder disciplinario sobre fiscales, defensores y sus colaboradores.
El proceso que derivó en la aplicación de un apercibimiento comenzó con la auditoría en la oficina de Ballesteros que ordenó Gandur luego de advertir que esta faltaba con frecuencia. Los auditores dijeron que la defensora debía consignar en forma completa los datos relativos a trámites realizados fuera de Concepción e informaron sobre la existencia de numerosas audiencias de debate suspendidas por las inasistencias de Ballesteros. Según la resolución, la funcionaria auditada manifestó su disconformidad con dichas conclusiones, e insistió en que sus faltas estaban justificadas, y en que habían sido comunicadas a la Secretaría de Superintendencia de esta capital, a la Delegación del Centro Judicial Concepción y al Ministerio Público.
La explicación no satisfizo a la Corte, que precisó que la ayudante de la defensora había concurrido a actos en la Fiscalía I; que Ballesteros sólo había participado en siete de 25 medidas concretadas por la Fiscalía II; en tres de 13 medidas en la Fiscalía III; en 15 de las 28 audiencias fijadas por el Juzgado Correccional, y en 30 de las 44 audiencias de debate fijadas por la Sala I de la Cámara Penal entre 2012 y 2014. “En tres expedientes de la Sala II de la Cámara Penal, la defensora no participó de las audiencias programadas sin informar los motivos de su incomparecencia”, relató la Corte.
Un curso de posgrado
La auditoría ordenada por Gandur explicitó asimismo que Ballesteros había incumplido la norma que la obliga a asistir a visitas carcelarias. “Resulta llamativo para este tribunal que lo destacado por el Cuerpo de Auditores al respecto no haya sido refutado por la defensora cuando hizo su descargo”, expresaron Gandur, Goane, Estofán y Posse. Los jueces añadieron que, en ocasión de un juicio previsto para noviembre pasado, una empleada de la Defensoría, Carolina Jiménez, comunicó telefónicamente a la Sala II que Ballesteros no concurriría al debate oral y público por tener que viajar a la ciudad de Buenos Aires para asistir a un curso de posgrado, aún cuando había consentido la fecha fijada en una audiencia anterior.
Ballesteros llegó a su cargo en 2011, luego de pasar por un concurso público en el Consejo Asesor de la Magistratura. Para llenar la vacante de la Defensoría, el gobernador José Alperovich eligió a la postulante que cerraba el terceto detrás de Jorge Echayde (fue nombrado fiscal) y de Marta Toledo.
“La situación descrita deviene inconciliable con la confianza y consideración que el estado de defensora exige”, dijeron los miembros del alto tribunal. Y añadieron: “basta reparar en la jerarquía del cargo de Ballesteros para que, inmediatamente, se evidencie la exigencia de mayor celo y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones y, por consiguiente, de mayores responsabilidades por las consecuencias de su actuar”.
La resolución del 10 de diciembre pasado indica que el Ministerio Público que encabeza Edmundo Jiménez dictaminó a favor de la sanción. A partir de febrero y en virtud de una reforma legislativa reciente, será ese ex ministro histórico de Gobierno y Justicia de esta gestión quien ejerza el poder disciplinario sobre fiscales, defensores y sus colaboradores.
El proceso que derivó en la aplicación de un apercibimiento comenzó con la auditoría en la oficina de Ballesteros que ordenó Gandur luego de advertir que esta faltaba con frecuencia. Los auditores dijeron que la defensora debía consignar en forma completa los datos relativos a trámites realizados fuera de Concepción e informaron sobre la existencia de numerosas audiencias de debate suspendidas por las inasistencias de Ballesteros. Según la resolución, la funcionaria auditada manifestó su disconformidad con dichas conclusiones, e insistió en que sus faltas estaban justificadas, y en que habían sido comunicadas a la Secretaría de Superintendencia de esta capital, a la Delegación del Centro Judicial Concepción y al Ministerio Público.
La explicación no satisfizo a la Corte, que precisó que la ayudante de la defensora había concurrido a actos en la Fiscalía I; que Ballesteros sólo había participado en siete de 25 medidas concretadas por la Fiscalía II; en tres de 13 medidas en la Fiscalía III; en 15 de las 28 audiencias fijadas por el Juzgado Correccional, y en 30 de las 44 audiencias de debate fijadas por la Sala I de la Cámara Penal entre 2012 y 2014. “En tres expedientes de la Sala II de la Cámara Penal, la defensora no participó de las audiencias programadas sin informar los motivos de su incomparecencia”, relató la Corte.
Un curso de posgrado
La auditoría ordenada por Gandur explicitó asimismo que Ballesteros había incumplido la norma que la obliga a asistir a visitas carcelarias. “Resulta llamativo para este tribunal que lo destacado por el Cuerpo de Auditores al respecto no haya sido refutado por la defensora cuando hizo su descargo”, expresaron Gandur, Goane, Estofán y Posse. Los jueces añadieron que, en ocasión de un juicio previsto para noviembre pasado, una empleada de la Defensoría, Carolina Jiménez, comunicó telefónicamente a la Sala II que Ballesteros no concurriría al debate oral y público por tener que viajar a la ciudad de Buenos Aires para asistir a un curso de posgrado, aún cuando había consentido la fecha fijada en una audiencia anterior.
Ballesteros llegó a su cargo en 2011, luego de pasar por un concurso público en el Consejo Asesor de la Magistratura. Para llenar la vacante de la Defensoría, el gobernador José Alperovich eligió a la postulante que cerraba el terceto detrás de Jorge Echayde (fue nombrado fiscal) y de Marta Toledo.
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