Por Juan Manuel Montero
09 Enero 2015
Si las estadísticas confirman que el 80% de los delincuentes ataca bajo los efectos de estupefacientes, ¿qué tan importante es combatir a quiénes venden drogas en Tucumán? En una provincia donde los delincuentes ganan la batalla a diario, llama poderosamente la atención que un tema tan sensible (el mismo en el que hace tiempo el gobernador José Alperovich se declaró perdido) tenga enfrentados a los dos principales factores que deben combatir a los narcos: la Justicia y el Ejecutivo provincial. Con este panorama, los únicos que ganan son los que venden.
Ricardo Sanjuan lleva más de 30 años en la Justicia Federal. Y no duda: “a la provincia nunca le importó el tema de la droga”. Y lo dice alguien que fue un funcionario importante en el gobierno de Fernando Pedro Riera, el primero democrático tras la dictadura. “El Estado retrocedió ante el narcotráfico”, agregó.
Fabián Salvatore es parte de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia desde hace más de 20 años. Y desde hace más de siete es el jefe. Dentro de la Policía, es el hombre que más sabe de la lucha contra los dealers. Y tiene una visión diferente a la de Sanjuan. “Tenemos controlado el avance de los vendedores”, advirtió hace pocos días. “En la provincia los dealers no controlan ni las calles ni los barrios”, afirmó. ¿Cuál de los dos tiene razón?
Veamos algunos números para tener la posibilidad de acercarnos a la respuesta. En 2013 hubo 173 operativos realizados por la policía provincial, durante los cuales se arrestó a 168 personas (90 varones y 78 mujeres). El 40% era reincidente. Y se secuestraron 25 kilos de cocaína, 34 de marihuana, 100 plantas y 280 semillas de cannabis. La cantidad de droga incautada alcanzaba, según afirman los especialistas, para fabricar, al menos, 59.000 dosis. ¿Qué pasó en 2014? Se realizaron 820 allanamientos, se detuvo a 300 vendedores, y los investigadores se incautaron de 18 kilos de cocaína y 20 de marihuana. Son 18.000 dosis de cocaína y 20.000 de marihuana. Es decir, hubo muchísimos más operativos, casi el doble de detenidos pero.... se secuestró mucha menos droga. Y no se puede decir de ninguna manera que tanto la producción como la venta en Tucumán fueron menores en 2014 que en 2013.
Pero cuando no se sabe cómo combatir semejante problema, lo mejor es tirar la brasa caliente lejos. Y en Tucumán nadie quiere agarrarla.
Sanjuan, quien con tantos años adentro del volcán sabe lo que es quemarse, fue uno de los principales impulsores para que la provincia se adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes para traspasar a los Tribunales locales los expedientes de “microtráfico” o “narcomenudeo” de drogas. Bastó que desde Buenos Aires le ordenaran a Alperovich esto para que la Legislatura, siempre con tanta independencia, aprobara el trámite de un día para otro. La brasa está del lado de la provincia. En marzo del año pasado se creó una comisión que estudiaría qué se necesitaba para comenzar a trabajar en esto en el ámbito provincial. La comisión ad hoc está integrada por dos miembros del Gobierno (los funcionarios Paul Hofer y Lucas Haurigot Posse); dos del Poder Judicial (los magistrados Antonio Gandur y Juana Juárez) y tres del Poder Legislativo (los legisladores Graciela Suárez, José Alberto León y Nancy Bulacio). Y desde marzo hasta hoy se reunieron... tres veces. Así es muy difícil. No por nada decidieron posponer la resolución con fecha indefinida. Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia no quiere saber nada con este proyecto. Lo obliga a montar una estructura que, sabe, el Poder Judicial de la provincia no está en condiciones de manejar. Y sabe que la Policía en su totalidad tampoco está capacitada para este trabajo. Incluso los dichos de Sanjuan no hicieron más que avivar el fuego: “las policías provinciales son corruptas”. Nadie del gobierno de Alperovich salió a contestar semejante acusación.
Mientras tanto, la cocaína, o mejor dicho, lo que es peor, el “paco” sigue haciendo estragos entre los consumidores. Los transforma en máquinas asesinas. Los ciudadanos quedan otra vez en medio de un tironeo entre quienes deberían cuidarlos. Quedan indefensos y a merced de los delincuentes que, por una nueva dosis, son capaces de matar.
Ricardo Sanjuan lleva más de 30 años en la Justicia Federal. Y no duda: “a la provincia nunca le importó el tema de la droga”. Y lo dice alguien que fue un funcionario importante en el gobierno de Fernando Pedro Riera, el primero democrático tras la dictadura. “El Estado retrocedió ante el narcotráfico”, agregó.
Fabián Salvatore es parte de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia desde hace más de 20 años. Y desde hace más de siete es el jefe. Dentro de la Policía, es el hombre que más sabe de la lucha contra los dealers. Y tiene una visión diferente a la de Sanjuan. “Tenemos controlado el avance de los vendedores”, advirtió hace pocos días. “En la provincia los dealers no controlan ni las calles ni los barrios”, afirmó. ¿Cuál de los dos tiene razón?
Veamos algunos números para tener la posibilidad de acercarnos a la respuesta. En 2013 hubo 173 operativos realizados por la policía provincial, durante los cuales se arrestó a 168 personas (90 varones y 78 mujeres). El 40% era reincidente. Y se secuestraron 25 kilos de cocaína, 34 de marihuana, 100 plantas y 280 semillas de cannabis. La cantidad de droga incautada alcanzaba, según afirman los especialistas, para fabricar, al menos, 59.000 dosis. ¿Qué pasó en 2014? Se realizaron 820 allanamientos, se detuvo a 300 vendedores, y los investigadores se incautaron de 18 kilos de cocaína y 20 de marihuana. Son 18.000 dosis de cocaína y 20.000 de marihuana. Es decir, hubo muchísimos más operativos, casi el doble de detenidos pero.... se secuestró mucha menos droga. Y no se puede decir de ninguna manera que tanto la producción como la venta en Tucumán fueron menores en 2014 que en 2013.
Pero cuando no se sabe cómo combatir semejante problema, lo mejor es tirar la brasa caliente lejos. Y en Tucumán nadie quiere agarrarla.
Sanjuan, quien con tantos años adentro del volcán sabe lo que es quemarse, fue uno de los principales impulsores para que la provincia se adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes para traspasar a los Tribunales locales los expedientes de “microtráfico” o “narcomenudeo” de drogas. Bastó que desde Buenos Aires le ordenaran a Alperovich esto para que la Legislatura, siempre con tanta independencia, aprobara el trámite de un día para otro. La brasa está del lado de la provincia. En marzo del año pasado se creó una comisión que estudiaría qué se necesitaba para comenzar a trabajar en esto en el ámbito provincial. La comisión ad hoc está integrada por dos miembros del Gobierno (los funcionarios Paul Hofer y Lucas Haurigot Posse); dos del Poder Judicial (los magistrados Antonio Gandur y Juana Juárez) y tres del Poder Legislativo (los legisladores Graciela Suárez, José Alberto León y Nancy Bulacio). Y desde marzo hasta hoy se reunieron... tres veces. Así es muy difícil. No por nada decidieron posponer la resolución con fecha indefinida. Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia no quiere saber nada con este proyecto. Lo obliga a montar una estructura que, sabe, el Poder Judicial de la provincia no está en condiciones de manejar. Y sabe que la Policía en su totalidad tampoco está capacitada para este trabajo. Incluso los dichos de Sanjuan no hicieron más que avivar el fuego: “las policías provinciales son corruptas”. Nadie del gobierno de Alperovich salió a contestar semejante acusación.
Mientras tanto, la cocaína, o mejor dicho, lo que es peor, el “paco” sigue haciendo estragos entre los consumidores. Los transforma en máquinas asesinas. Los ciudadanos quedan otra vez en medio de un tironeo entre quienes deberían cuidarlos. Quedan indefensos y a merced de los delincuentes que, por una nueva dosis, son capaces de matar.
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